Mediante este impuesto el Gobierno de Aragón pretendía recaudar 1.500.000 de euros. Esto significa que cada estación tendría que pagar en torno a 300.000 por año,
Ayuntamientos o Comarcas, donde están ubicadas las estaciones de esquí,la Diputación Provincial o las asociaciones de empresarios, desde el primer momento se mostraron en contra de la puesta en marcha de este impuesto . Las estaciones de esquí, como las del valle del Aragón, Astún y Candanchú, también se mostraron contrarias, ya que perjudicaba notablemente su desarrollo.
Este impuesto se puso en marcha en el año 2005, por el Gobierno que presidía Marcelino Iglesias. En el año 2012 fue derogado por el Gobierno de Luisa Fernanda Rudi. En el año 2016 apareció nuevamente con el Gobierno de Javier Lamban, aunque no se ha llegado a implantar de forma efectiva.