Nace coordinadora estatal por la defensa del territorio
El pasado fin de semana en Murcia se ha constituido la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio, una plataforma estatal que nace con el apoyo de las más de 600 asociaciones que están integradas en las plataformas regionales existentes en Andalucía, Murcia y Madrid, así como asociaciones y plataformas de la Comunidad Valenciana y otras comunidades autónomas. La coordinadora está a su vez en vías de constitución legal como federación estatal.
La especulación urbanística es hoy un problema de estado: se trata sin lugar a dudas de problema social, medioambiental y cultural más grave del país y de la Unión Europea.
Nos encontramos ante un hecho histórico: nunca en la historia europea había tenido lugar una ocupación del suelo tan extrema por sus dimensiones y su impacto como la que tiene lugar actualmente en la cuenca mediterránea de cuyos efectos resaltamos:
-la transformación social -se trata de un modelo que genera desigualdad, segregación y precariedad, una sociedad y un territorio desestructurados
-el impacto medioambiental sin precedentes
-el borrado cultural -se están destruyendo las señas de identidad esenciales de la cultura mediterránea: el paisaje y la cultura local, que es remplazada por el hormigón y el modelo estandarizado y globalizado de una cultura de masas ultraliberal.
Se trata del mayor expolio social, medioambiental y cultural de la historia europea.
Hay previsión de construir más de siete millones de viviendas en el territorio español en los próximos 15 años, que, de habitarse, implicarían un incremento de población de 25 millones de habitantes. La precariedad de infraestructuras básicas, en particular de los recursos hídricos, el agua, es uno de los aspectos más graves de este modelo destructivo e insostenible de desarrollo.
Desde la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio denunciamos que, al contrario de lo que afirmaba recientemente el Presidente del Gobierno, José Luis Rodriguez Zapatero, el caso de Marbella no es una excepción, sino el paradigma de la corrupción que afecta al urbanismo en todo el país y que pone de manifiesto más que ninguna otra problemática la precariedad de nuestra democracia. Puede sin duda decirse que «Marbella es España». Una corrupción que implica a promotoras, mafias internacionales, partidos políticos, poder judicial, la banca y muchos otros agentes. Frente a esta corrupción generalizada y a una situación de indefensión, en la que el ciudadano es víctima sistemática, unimos recursos y voces para articular mecanismos de denuncia legal y social que pongan un freno a esta situación.
La Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio exige la aplicación de las leyes existentes, que se vulneran sistemáticamente, y la creación de una ley rápida, como en el caso de la ley de género, que permita la actuación ágil de la ley en los abusos urbanísticos y medioambientales. Exigimos también la derogación de la ley de suelo actual, una normativa ultraliberal importada de EEUU en la que todo el suelo es por definición urbanizable y el retorno al modelo europeo de ley de suelo en el que este es por definición protegido.
Exigimos el cumplimiento de las directivas europeas y una transformación en la financiación europea que se destina a menudo a grandes infraestructuras y proyectos que favorecen la especulación del suelo y el desarrollo urbanístico insostenible, mientras se descuidan sistemáticamente las infraestructuras destinadas a mantener y mejorar la calidad de vida del ciudadano, que se encuentra en una situación de precariedad creciente.
Exigimos moratorias en los distintos ámbitos de la planificación urbanística municipal, y en los modelos de construcción, en particular de «resorts» y campos de golf, y la puesta en práctica inmediata de instrumentos efectivos de ordenación territorial, en su mayoría inexistentes o insuficientes.
Entre las actuaciones inmediatas que se promoverán en los próximos meses desde la Coordinadora Ciudadana por la Defensa del Territorio se encuentra solicitar una entrevista con el Presidente del Gobierno Español y con el Fiscal General de Medio Ambiente, así como diversas actuaciones destinadas a la intervención de la Comisión y el Parlamento Europeos.
Portavoz medios de comunicación: Jaime del Val – 687 558 436 y Francisco Amorós: 678 278 073