Montanuy solo tramitará otro pgou si el gobierno le garantiza la ampliación de cerler
El Ayuntamiento de Montanuy no renuncia a crecer ni a vincular su desarrollo al sector del esquí, copiando el modelo de los vecinos valles de Benasque, Arán y Boí. Por ello, está dispuesto a tramitar de nuevo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), incluyendo esta vez el estudio de impacto ambiental que no hizo en 2008, lo que ha motivado su anulación por sentencia del Tribunal Supremo. Sin embargo, antes de dar cualquier paso, exige garantías al Gobierno de Aragón de que las plusvalías por la recalificación de suelos comprados por Aramón sirvan para ampliar las pistas de Cerler por su municipio, concretamente por el valle de Castanesa.
La alcaldesa, Esther Cereza (PSOE), mostró ayer su «decepción» por el fallo judicial porque «recorta» las posibilidades de desarrollo de este municipio de montaña con apenas 200 habitantes censados repartidos en 17 núcleos de población. El Ayuntamiento se considera «ajeno» a «una controversia jurídica entre las normativas urbanísticas y medioambientales». Según recuerda, el plan contó con el visto bueno del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), que no consideró conveniente someterlo al trámite de evaluación.
«Si se amplía Cerler por Castanesa, el PGOU es necesario. De lo contrario, no», declaró Cereza. Lo que se pide, añadió, no es esquiar en este valle «sino tener una mínima conexión con Cerler, un telesilla que lleve al collado de Basibé». El propio documento urbanístico vincula la construcción de hasta 2.545 viviendas y 3.000 plazas hoteleras «a la ampliación de las pistas de esquí y su nuevo acceso desde el valle de Castanesa».
Aramón (con capital al 50% de la DGA e Ibercaja) quería financiar la inversión en Cerler con las plusvalías obtenidas en la operación urbanística. En 2005, firmó un acuerdo con el Ayuntamiento para convertir suelo rústico en urbanizable. Compró 180 hectáreas con una inversión de 20,5 millones, de las cuales se recalificaron 50. En las mejores zonas, llegó a pagar 240.000 euros por hectárea.
Antes de la sentencia firme del Supremo, la tasación de los terrenos de Aramón en Montanuy se había reducido a poco más de 12 millones de euros tras las sucesivas depreciaciones de los últimos años, fruto de la crisis y de un primer fallo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró el PGOUde Montanuy «nulo de pleno derecho» y, con ello, las opciones de recalificación.
Fuentes de la DGA confiaron ayer en que las «expectativas» reales de ampliación de la estación y la posible reactivación del plan urbanístico sostengan ahora la tasación de los suelos y Aramón no sea vea obligada a aprovisionar otra suma millonaria.
En este sentido, subrayaron que la sociedad mantiene su compromiso de invertir las futuras plusvalías en la ampliación de Cerler por el valle de Castanesa, por lo que se podría retomar la planificación urbanística y dispone de un avance en meses.
Por otra parte, la alcaldesa defendió ayer la validez del PGOU y se muestra convencida de que tal y como está superará cualquier trámite ambiental. «No es desproporcionado», afirmó, ya que concentra la construcción de viviendas en el fondo del valle y pequeños desarrollos en cada pueblo. El 70% de las viviendas se levantarían en Casa Arro, en el cruce de la N-260 y la N-230, donde ahora solo están el ayuntamiento y las escuelas, y el resto se repartirían entre los 17 pueblos. Hace una semana, el Ayuntamiento y el Gobierno de Aragón mantuvieron un contacto «informal», con la presencia de la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, cuando ya esperaban la sentencia y con poca confianza en un fallo favorable. «Quedamos en que una vez lo conociéramos decidiríamos el camino a seguir», aclaró Esther Cereza.