De la Infanta atacaba a las administraciones que recurrieron la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, porque la veía –como se ha confirmado–, inapelable.
De hecho, el Supremo afea a los recurrentes que usen prácticamente los mismos argumentos que en el pleito inicial, y al letrado del Ayuntamiento de Montanuy llega a decirle que parece que no se haya leído la sentencia.
Para el representante de Naturaleza Rural, el haber recurrido una sentencia tan clara es «una pataleta de niño», que ha costado 8.000 euros en costas «que, recordemos, saldrán del dinero público».
Pero es una pataleta comprensible, parecía admitir, dado que Aramón compró parcelas en la zona por unos 20 millones de euros en parcelas en la zona a precio de burbuja inmobiliaria (con el valor pasó de los 30.000 a los 240.000 euros por hectárea). Es decir, que ahora tiene unos terrenos comprados por una fortuna que, sin plan urbanístico, no valen nada.
En la misma línea de satisfacción se expresaba Paco Iturbe, de Ecologistas en Acción y la Plataforma en Defensa de las Montañas. La sentencia fue «una gran noticia» y espera que marque «un punto de inflexión del modelo de montañas de Aramón y quienes lo apoyan». Para Iturbe es hora de que «se implante un modelo que vele por el futuro de los habitantes y el patrimonio natural, y se acaben las pesadillas inmobiliarias».