Los ayuntamientos dejarán votar a los vecinos si quieren que el posets sea parque nacional

Los habitantes de los municipios por los que se extiende el Parque Natural del Posets Maladeta andan preocupados estos días ante el proyecto de convertir sus más de 33.400 hectáreas en Parque Nacional. Es una idea lanzada desde la gerencia del espacio protegido que, teóricamente, fortalecería las potencialidades turísticas del territorio, pero que ha generado controversia entre los diferentes sectores económicos y sociales del territorio, que tiene tan firmes defensores como detractores y que ha propiciado un intenso debate que no acaba de encontrar un punto de acuerdo para presentar un proyecto común antes del 18 de abril. Esa es la fecha límite en la que los ayuntamientos de San Juan de Plan, Gistaín, Sahún, Benasque y Montanuy se comprometieron a dar una respuesta al Gobierno de Aragón sobre la voluntad o no de seguir adelante con la iniciativa.

Existe una evidente división de opiniones, como quedó patente tanto en la asamblea ciudadana convocada en Benasque el pasado lunes –con numerosas intervenciones en un sentido y otro– como en el último pleno municipal de Benasque cuando el portavoz del PAR, José Ignacio Abadías, mostró su rechazo al proyecto y recordó el compromiso del equipo de gobierno de convocar una consulta popular.

La alcaldesa, Luz Gabás, confirmó que si llegara el caso y previa autorización de los gobiernos central y autonómico, el referéndum se llevaría a cabo. De hecho, inicialmente estaba previsto el 6 de abril, pero ahora no está claro que sea una realidad a corto plazo. «Somos conscientes de que la opinión de Benasque es determinante ya que el 80% del actual parque está en nuestro municipio», comenta Gabás, que espera a la asamblea en Semana Santa de la Junta de Propietarios del Monte de Estós y la de los empresarios, el 4 de abril, para tener más elementos de juicio.

 También el alcalde de Montanuy, José María Agullana, aguarda a la reunión de los propietarios de los montes antes de adoptar una postura. «Todas las tierras del parque en nuestro municipio son de propiedad particular y tienen que ser ellos quienes decidan en consecuencia», señala el edil.

Otros intereses en juego en este delicado tablero son los de los cazadores y pescadores, que ven peligrar los actuales aprovechamientos cinegéticos si finalmente se consigue la nueva figura de protección del Posets, y que están maniobrando para mostrar su opinión contraria al cambio.

Desde el sector ganadero, Antonio Mora afirma no sentir ningún miedo si se aprueba la nueva figura. «La ganadería es importante en el Parque Natural y lo será en el Nacional, pero es cierto que muchos ganaderos no son conscientes del alcance de las reformas que supondría » , dice. Mientras, el colectivo ecologista se muestra favorable. Su portavoz en la zona, Mario Pascual, aboga por ir más allá y apostar por un proyecto de Parque Internacional del Pirineo que englobaría los espacios protegidos en ambas vertientes «generando un territorio preservado único en Europa».

Tampoco los ayuntamientos de Sobrarbe afectados se han posicionado de momento. La división de opiniones también es clara en San Juan de Plan, donde su alcaldesa, Natividad Puértolas, indica que las restricciones en la caza, la recolección de setas y las actividades al aire libre se verán limitadas, y eso es lo que más pesa entre los que se oponen. Pero la edil cree que la información sobre las implicaciones de la modificación será lo que determine la postura de los vecinos, por lo que en breve habrá una reunión y el pueblo votará. El Consistor-io se limitará a transmitir al Gobierno de Aragón la opinión mayoritaria.

En Gistaín seguirán un procedimiento similar. Previsiblemente será el 4 o 5 de abril cuando un técnico explique las variaciones que conlleva la conversión en cuanto a restricciones y ayudas. «Hay gente que está a favor y otros en contra, por lo que no hay una tendencia clara, pero el Ayuntamiento no se posicionará y se mantendrá al margen», manifestó David Bielsa, alcalde de Gistaín.

Si finalmente los municipios implicados apoyan el Parque Nacional, la DGA empezaría a elaborar un expediente para enviarlo al Gobierno central, que tendría la última palabra ya que son varios los espacios en todo el país que aspiran a este reconocimiento.  

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