La juez de barbastro archiva la denuncia sobre las operaciones urbanísticas en castanesa

HERALDO DE ARAGON 

El Juzgado de Barbastro ha decidido sobreseer provisionalmente y archivar la denuncia sobre las operaciones urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Montanuy y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa. La decisión puede ser recurrida en el plazo de tres días, pero se ha tomado a petición de la Fiscalía. Cinco meses después de hacer suyas las acusaciones lanzadas por un grupo de particulares, y tras las pruebas documentales y testificales practicadas, el ministerio público considera que no existen indicios de delito de ningún tipo que justifiquen seguir investigando el caso.

El archivo de la causa supone un nuevo espaldarazo judicial para Montañas de Aragón. La empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja ha visto cómo hasta ahora los tribunales han resuelto a su favor en asuntos tan importantes como la demanda civil planteada por los antiguos propietarios de la urbanización de Cerler -que piden la devolución de esos terrenos y que han recurrido la sentencia desestimatoria del Juzgado de Boltaña- o la decisión del Ayuntamiento de Benasque de declarar litigiosos los suelos que el grupo tiene en Cerler -acuerdo que bloquea la venta de esas parcelas y que fue anulado por un juzgado de de Huesca mediante un fallo que también está recurrido-.

En Castanesa, la vía judicial la abrió la asociación Naturaleza Rural, una entidad que agrupa a una veintena de particulares del valle y que en julio del año pasado envió un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas, en Madrid, en el que denunciaba actuaciones del Consistorio de Montanuy relacionadas con la estación de esquí que Aramón quiere construir en la zona. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas de las administraciones públicas archivó el asunto, pero remitió la documentación a la Fiscalía de Huesca «por si fuera procedente ejercer acciones penales».

La denuncia

Esta última instancia abrió diligencias informativas en septiembre, y en enero de este año decidió llevar el caso al Juzgado de Barbastro para que fuera un juez quien instruyera la investigación y aclarara si alguna parte implicada pudo cometer algún delito. Según explicaron entonces fuentes de la Fiscalía de Huesca, lo que se hizo fue ratificar y asumir la denuncia de la asociación Naturaleza Rural al encontrar indicios de posibles actuaciones ilícitas.

Naturaleza Rural criticaba, en primer lugar, el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aporten a la futura estación de Castanesa. A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General (PGOU) de la localidad y a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga por esos suelos.

Para los denunciantes, ese convenio conlleva «una recalificación a la carta», y además supone que la empresa Castanesa Nieve S. L., constituida por Aramón y el Consistorio, «asume facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponde en exclusiva al municipio». «Se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son urbanizables, cuándo van a serlo y qué precios tendrán», aseguraban.

Otro de los puntos de la denuncia recordaba que meses antes de que se firmara el convenio aparecieron en prensa varias informaciones que explicaban «sin ningún tipo de reparo» que el grupo aragonés de la nieve había firmado opciones de compra sobre unos terrenos que más adelante iban a ser reclasificados. «En esa operación estaba claro que Aramón (…) tenía también la seguridad de que el Ayuntamiento los iba a recalificar a urbanos en el nuevo PGOU», denunciaba Naturaleza Rural, quien se preguntaba irónicamente «cómo debería tipificarse eso».

El colectivo que puso esas actuaciones en conocimiento de la Fiscalía también mencionaba «todo tipo de presiones» sobre los dueños de las fincas afectadas. Por último, incluía en su denuncia la aprobación provisional del PGOU por parte del Ayuntamiento, que a su juicio fue ilegal porque el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, y el teniente de alcalde, Navidad Cereza, deberían haberse ausentado de la votación por tener intereses en juego.

Sin indicios de delito

Durante estos meses, el Juzgado de Barbastro ha practicado varias pruebas documentales y testificales. La primera persona que fue llamada a declarar fue el presidente de Naturaleza Rural, Manel Badías, pero ha habido otras.

Fuentes de la Fiscalía de Huesca explicaron ayer a HERALDO que, tras esas diligencias, el ministerio público ha considerado que no hay motivos para seguir investigando el asunto. «Hemos hecho un escrito de 12 folios en el que hemos argumentado todas las razones, que nadie piense que lo hemos ventilado en dos líneas», aclararon las mismas fuentes.

El escrito del fiscal concluye, tras los razonamientos descritos en el texto anexo, que «no existen indicios de delitos contra la ordenación del territorio, de delitos cometidos por los funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos o de delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico».

Las conclusiones de la Fiscalía

1) “Castanesa Nieve (la empresa creada por el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón) es quien cuantitativamentemás se ha beneficiado del desarrollo urbanístico de la zona, pero ello se debe a que es Castanesa Nieve quien dispone, ya sea por opción de compra o en propiedad, de más terrenos técnicamente aptos para ser urbanizados”.

2) “Las recalificaciones no han favorecido solo a Castanesa Nieve, sino también a otras personas o empresas que no tienen vinculación con el proyecto. Otras parcelas de titulares distintos deCastanesaNieve pasaron también a ser urbanizables”.

3) “Hay terrenos que Castanesa Nieve ha comprado o sobre los que tiene opción de compra que no han sido recalificados”.

4) “Existen parcelas de Castanesa Nieve que han visto reducida su edificabilidad”.

5) “Existen parcelas de propietarios que se han negado a vender a Castanesa Nieve y que luego han resultado favorecidos por la recalificación”.

6) “Ha habido alegaciones de particulares y de Castanesa Nieve que han sido estimadas y desestimadas indistintamente”.

7)“Porúltimo, loscambiosrealizadosenelPGOU(Plan General de Ordenación Urbana) durante su tramitación pueden ser explicados con una argumentación técnico-jurídica mínimamente razonable, lo cual excluye la posible comisión de delitos urbanísticos y de delitos contra la ordenación del territorio”.

8) “El problema queda reducido, y este es el núcleo de la cuestión, a que la potestad del planeamiento es una potestad ampliamente discrecional. No puede ser de otro modo, porque se trata de una potestad conformadora que pretende configurar el espacio territorial al que se refiere y encauzar su desarrollo futuro según un ciertomodelo que el legislador, desde la perspectiva abstracta y general que le es propia, no está en condiciones de formular. Obviamente, la potestad de planeamiento comporta una dosis importante de libertad de elección entre múltiples soluciones no predeterminadas ni predeterminables de antemano (…). En el presente caso, en la tramitación del PGOU no se han traspasado los límites racionales de la discrecionalidad y no se puede afirmar que el mismo obedezca al capricho y a la voluntad espuria del administrador”.

Además, el escrito en el que el fiscal pide el sobreseimiento de la causa recuerda que es preciso distinguir entre las ilegalidades administrativas, “aunque sean tan graves como para provocar la nulidad de pleno derecho”, y las que, trascendiendo el ámbito administrativo, suponen la comisión de un delito. “En el presente caso, ni tan siquiera hemos podido demostrar la existencia de una sola ilegalidad administrativa”, añade.

LA MAÑANA

La juez de Barbastro dictó el pasado 27 de junio y notificó el pasado martes 1 de julio un auto de sobreseimiento de las diligencias de investigación abiertas a petición de la Fiscalía sobre “presuntos delitos contra la ordenación del territorio y supuestas extorsiones o tratos de favor en el proceso de redacción del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Montanuy”. En una nota de prensa emitida ayer, el Ayuntamiento de Montanuy informó del archivo de la causa comunicado por la juez de Barbastro y que el Heraldo de Aragón ya avanzaba en su edición de ayer.

El auto en el que la juez acuerda decretar el archivo de la causa viene acompañado de un extenso informe del fiscal (12 folios) en el que concluye que “los hechos denunciados y por los que fueron abiertas diligencias no son constituivos de delito”. El informe expresa que “no existen indicios de delitos contra la ordenación del territorio en la tramitación del PGOU de Montanuy”, así como que “en este caso ni siquiera hemos podido demostrar la existencia de una sola ilegalidad administrativa”. La Fiscalía abrió diligencias en setiembre del año pasado y las trasladó al juzgado en enero de este año a raíz de la denuncia presentada por la Asociación Naturaleza Rural.Ésta, cuyo presidente es Manel Badia, había presentado otra denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Madrid por presunta ilegalidad en el convenio firmado entre el Ayuntamiento de Montanuy y el holding Aramon (impulsor de la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa).

El alcalde de Montanuy, Josep Maria Agullana, manifestó ayer sentirse satisfecho por el auto dictado por la juez y quiso resaltar que “en el proceso de redacción del PGOU hubo un momento en que nuestro equipo de gobierno tomó la decisión de posponer su aprobación provisional y someterlo al refrendo de los vecinos en las pasadas elecciones municipales”. Agullana añadió que “ahora se demuestra que las actuaciones se ajustan a derecho y quedan despejadas todas las dudas y acusaciones infundadas que se han ido vertiendo sobre este tema”, así como que “espero y deseo que a partir de ahora podamos trabajar con mayor sosiego y diligencia para materializar este proyecto vital para nuestra comarca”.
Por su parte, en un comunicado emitido ayer Naturaleza Rural, manifestó que “no podemos valorar el decreto de sobreseimiento ni el informe del fiscal porque aún no disponemos de ellos, y queremos dejar claro que la fiscalía abrió diligencias para investigar el convenio entre Montanuy y Aramón, que Casa d’Arro fuera opcionada por Aramón antes de la firma de dicho convenio y que Agullana no se ausentase de la votación para aprobar el plan a pesar de ser administrador de Castanesa Nieve (sociedad que compró los terrenos para Aramón) y haberse recalificado fincas”. Por otro lado, Naturaleza Rural, que tiene presentado un recurso de alzada a la totalidad del plan, “piensa presentar recurso contencioso administrativo, en caso de que sea desestimado”.