La generalitat descarta una intervención económica en la estación de esquí de boí-taüll

En 2005 y 2007 el Institut Català de Finances (ICF) se hizo con la titularidad y el control de las dos principales estaciones pallaresas, Port Ainé y Espot, en situación de concurso de acreedores. El objetivo era conseguir sanearlas y reincorporarlas en seguida en el mercado privado.
Además, en 2006 se puso en servicio el plan director de las estaciones de montaña, que prevé una serie de ayudas e inversiones en las 16 estaciones catalanas hasta el 2011. En el plan se habían presupuestado más de 71 millones de euros entre inversiones, subvenciones y créditos del ICF, con los cuales las estaciones pueden modernizar las instalaciones y accesos.
Este padrinazgo público de las estaciones de esquí por el gobierno revela la gran importancia que tienen en la economía de montaña.
Boí-Taüll, por ejemplo, con medio millar de trabajadores entre directos e indirectos, es el principal generador de puestos de trabajo en el área de l’Alta Ribagorça, y asegura que los hoteles, apartamentos turísticos, tiendas y restaurantes estén llenos en invierno.
En la Alta Ribagorça temen ahora que la historia se repita con Boí-Taüll, a raíz de la crisis en que se ha visto inmerso el propietario, el grupo inmobiliario Nozar. Esta empresa ha entrado en 2008 en situación de concurso de acreedores y la estación de esquí figuraba incluso en el aval para pagar una deuda a Colonial.
De momento, la Generalitat de Catalunya ha observado esta crisis de lejos y no se plantea repetir el rescate de Espot y Port Ainé.
“Son situaciones diferentes: en Espot y Port Ainé el Institut Català de Finances era el acreedor mayoritario, mientras que en el caso de Nozar los acreedores son privados”, explican desde el Govern.

 

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