La fiscalía denuncia ante el juez las iniciativas urbanísticas en castanesa

HERALDO DE ARAGON
La Fiscalía denuncia ante el juez las iniciativas urbanísticas en Castanesa

La Fiscalía de Huesca va a denunciar ante el Juzgado de Barbastro las operaciones urbanísticas desarrolladas por el Ayuntamiento de Montanuy y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa. Después de estudiar diversa documentación, el fiscal entiende que existen indicios de delito, por lo que ha decidido «ratificar» y asumir la denuncia presentada el verano pasado por la asociación Naturaleza Rural. Ahora será el juez quien instruya la investigación y establezca posibles responsabilidades penales.

El alcalde de Montanuy, Juan María Argullana, replicó que fue el Ayuntamiento «quien buscó a Aramón, y les vamos reclasificar suelo con cargas muy importantes que hubieran hecho desistir a cualquier empresa privada».

La asociación Naturaleza Rural, que agrupa a una veintena de vecinos del valle de Castanesa, envió en julio de 2007 un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se denunciaban actuaciones del Consistorio de Montanuy relacionadas con la estación que el grupo aragonés pretende instalar en la zona. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas archivó el asunto, pero remitió la documentación a la Fiscalía de Huesca «por si fuera procedente ejercer acciones penales».
Esta última instancia abrió diligencias informativas en septiembre, y ahora ha decidido llevar el caso al Juzgado para que sea el juez quien instruya la investigación y aclare si alguna de las partes pudo cometer algún delito.

Según confirmaron fuentes de la propia Fiscalía de Huesca, lo que se ha hecho ha sido «ratificar» la denuncia de Naturaleza Rural. «Aunque ya se han solicitado algunas pruebas documentales, ahora se pedirán otras y se llamará a declarar al denunciante (Manel Badía, representante de la asociación) -explicaron-. Eso permitirá concretar los términos de la denuncia, porque ahora está formulada de forma genérica».

Puntos que deben aclararse

Las mismas fuentes reconocieron que parte de las actuaciones cuestionadas tienen que ver con el Derecho Administrativo, no con el Penal, y subrayaron que de momento no hay imputados. No obstante, también detallaron algunos de los aspectos que deberán investigarse. «Habrá que ver si Aramón pudo especular con los terrenos, si alguien pudo tener información privilegiada, si se presionó a los propietarios para que los vendieran…», indicaron.

La denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural critica, en primer lugar, el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento y Montañas de Aragón. El acuerdo, suscrito en mayo de 2005, comprometió al Consistorio a clasificar como suelo urbanizable residencial los terrenos que el grupo aragonés de la nieve y otros particulares aporten a la futura estación de Castanesa. A cambio, la empresa mixta participada al 50% por la DGA e Ibercaja se obligó a encargar y costear el nuevo Plan General (PGOU) de la localidad y a reinvertir en la futura estación todas las plusvalías que obtenga por esos suelos.

Para los denunciantes, el convenio conlleva «una recalificación a la carta», y además supone que la empresa Castanesa Nieve S. L., constituida por Aramón y el Consistorio, «asume facultades propias de la potestad de planeamiento que corresponde en exclusiva al municipio». «Se traslada a una sociedad privada la iniciativa de decidir qué fincas son urbanizables, cuándo van a serlo y qué precios tendrán», aseguran.

Otro de los puntos de la denuncia recuerda que meses antes de que se firmara el convenio aparecieron en prensa varias informaciones que explicaban «sin ningún tipo de reparo» que el grupo aragonés de la nieve había firmado opciones de compra sobre unos terrenos que más adelante iban a ser reclasificados. «Es esa operación estaba claro que Aramón (…) tenía también la seguridad de que el Ayuntamiento los iba a recalificar a urbanos en el nuevo PGOU», denuncia Naturaleza Rural, quien se pregunta irónicamente «cómo debería tipificarse eso».

El colectivo que ha puesto estas actuaciones en conocimiento de la Fiscalía también menciona «todo tipo de presiones» sobre los dueños de las fincas afectadas. Por último incluye en su denuncia la aprobación provisional del PGOU por parte del Ayuntamiento, que a su juicio fue ilegal porque el alcalde de Montanuy, el socialista José María Agullana, y la teniente de alcalde, Natividad Cereza, deberían haberse ausentado de la votación por tener intereses en juego.

Los denunciantes aseguran tener «indicios contrastables» del enriquecimiento personal de esos dos ediles, y aunque reconocen que en un municipio pequeño es normal que las recalificaciones afecten a concejales, creen que «en este caso sobrepasan la medida de lo equitativo y lógico».

Reacciones

Fuentes oficiales del grupo Aramón prefirieron no pronunciarse sobre la decisión de la Fiscalía de Huesca, aunque intentaron desvincularse de ella asegurando que la denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural estaba planteada «contra el Ayuntamiento de Montanuy». Mientras, el Gobierno de Aragón dijo conocer la noticia, pero también optó por no valorarla indicando en cualquier caso «su absoluto respeto por las decisiones judiciales».

Por su parte, el alcalde de Montanuy reiteró una vez más que tiene «la conciencia muy tranquila». José María Agullana aseguró que «nadie» le ha comunicado «nada» al respecto, pero insistió en que «lo único» que ha hecho ha sido «trabajar por el desarrollo del valle y del municipio».

«Nosotros fuimos a buscar a Aramón, no al revés, y es verdad que les vamos a reclasificar unos suelos, pero con unas cargas por hectárea muy importantes y con el compromiso de reinvertir las plusvalías en la estación -destacó Agullana-. No sé qué ha decidido el fiscal, pero no creo que hayamos cometido ningún delito».

El primer edil de Montanuy aseguró que las cargas impuestas a Aramón «hubieran hecho desistir a cualquier otra empresa privada», y volvió a criticar a la asociación Naturaleza Rural por oponerse «no solo a la estación de esquí, sino a todo por sistema».

LA MAÑANA
La Fiscalía denuncia las iniciativas urbanísticas del valle de Castanesa

La Fiscalía de Huesca va a denunciar ante el Juzgado de Barbastro las operaciones urbanísticas que se derivan del nuevo plan urbanístico municipal de Montanuy y del proyecto del holding Aramón para la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia el valle de Castanesa, según desveló en su edición de ayer el Heraldo de Aragón.

Después de estudiar diversa documentación, el fiscal entiende que hay “indicios de delito” y por ello ha decidido “ratificar” y asumir la denuncia presentada el verano pasado por la asociación de vecinos Naturaleza Rural. Tras la aprobación por parte del pleno municipal de Montanuy del nuevo Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU), esta asociación envió el pasado mes de julio un escrito a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas en el que se denunciaban actuaciones del Ayuntamiento relacionadas con el proyecto de Aramón en Castanesa. El órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas archivó el asunto pero remitió la documentación a la Fiscalía de Huesca “por si fuera procedente ejercer acciones penales”.
Según explica el periódico aragonés, esta última instancia, que abrió diligencias informativas en setiembre, ahora ha decidido llevar el caso al Juzgado para que sea el juez quien instruya la investigación y aclare si alguna de las partes pudo cometer algún delito. Este trámite significa que el fiscal “ratifica” la denuncia de Naturaleza Rural y aunque ya se han solicitado algunas pruebas documentales, ahora se pedirán otras y se llamará a declarar al denunciante (Manel Badia, representante de Naturaleza Rural).
Las informaciones del rotativo aragonés apuntan a que parte de las actuaciones cuestionadas tienen que ver con el Derecho Administrativo, no con el Penal, que de momento no hay imputados y que deberá investigarse “si Aramón pudo especular con los terrenos, si alguien pudo tener información privilegiada y si se presionó a los propietarios para que los vendieran”. La denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural critica el convenio de colaboración firmado por el Ayuntamiento y Aramón que “comprometió al consistorio a clasificar como suelo urbanizable los terrenos que el holding y otros particulares aportaran a la futura estación de Castanesa a cambio de que Aramón costeara el nuevo PGOU municipal y reinvirtiera en la futura estación todas las plusvalías que obtenga por esos suelos”. La denuncia recoge que la aprobación provisional del PGOU por parte del Ayuntamiento fue “ilegal” porque el alcalde de Montanuy, Josep María Agullana, y la teniente de alcalde, Natividad Cereza, deberían haberse ausentado de la votación por tener fincas afectadas por el PGOU.

DIARIO DEL ALTOARAGON
La Fiscalía denuncia las actuaciones de Montanuy sobre la estación de Castanesa
El alcalde ribagorzano dice que tiene “la conciencia muy tranquila”

GRAUS.- El alcalde de Montanuy, José María Agullana, se enteró ayer por la prensa de que la Fiscalía de Huesca va a denunciar ante el Juzgado de Barbastro las operaciones urbanísticas desarrolladas por su Ayuntamiento y por Aramón para la creación de la estación de esquí de Castanesa, noticia que publicaba Heraldo de Aragón. “Si es verdad mejor, que vaya al juez y si hay algo irregular que nos lo diga”. Agullana afirma tener “la conciencia muy tranquila” y confía en un proyecto del que “de momento sólo hemos hecho papeles”.

La fiscalía asume la denuncia presentada por la asociación Naturaleza Rural. A juicio del alcalde, “es raro que la fiscalía filtre la información a la prensa, antes de pasarla al juez ni informar a los denunciados”. Una circunstancia sobre la cual “habrá que preguntar también al juez”, dijo.

Por lo demás, Agullana asegura que “lo único que hemos hecho son papeles y trámites, lo que nos exige la ley para que el proyecto de Castanesa salga adelante”. Precisamente, el Consistorio está a la espera de la aprobación por parte de Ordenación del Territorio del PGOU de Montanuy, que contempla el desarrollo de los 17 núcleos que componen el municipio, las pistas de la nueva estación y las alternativas urbanizables, cuyas plusvalías repercutirán en el complejo invernal y en infraestructuras para el territorio, según el planteamiento de Aramón recogido en el convenio suscrito entre el holding aragonés de la nieve y el Consistorio.

La aprobación del PGOU de Montanuy es imprescindible para la consecución de este nuevo dominio esquiable, que partió del propio Ayuntamiento y que se comunicaría con la estación de Cerler, también del Grupo Aramón, por el Collado Basibé. Las pistas ocuparían casi 300 hectáreas, más de 20 kilómetros esquiables, con capacidad para unas 6.000 personas. La cota mínima estaría a 1.800 metros y la máxima rondaría los 2.600 metros.

La denuncia de Naturaleza Rural fue archivada por el órgano encargado de fiscalizar las cuentas públicas y remitida a continuación a la Fiscalía de Huesca que ahora ha encontrado ‘indicios de delito’. En ella, se critica el convenio entre Aramón y el Concejo y se denuncian presiones a los propietarios, además de acusar de enriquecimiento personal al propio Agullana y a otra edil.

El alcalde defiende el convenio como un marco en el que impulsar el proyecto de la estación, “que partió del Ayuntamiento para desarrollar un municipio de algo más de 200 vecinos, la mayoría de más de 70 años”. Negó cualquier coacción a los propietarios, “se dio la opción de venta, a nadie se le obligó a vender nada”. Por último,“nadie nos hemos metido nada en el bolsillo”.

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