El proyecto de Ley Urbanística de Aragón (LUA) contempla la posibilidad de expropiar terrenos para llevar a cabo actuaciones constructivas promovidas por la iniciativa privada, según informó ayer el Gobierno de Aragón, cuyo consejo aprobó el documento, que en los próximos días será remitido a las Cortes para su tramitación parlamentaria.

Según la nota oficial sobre el proyecto, este regula «la libertad de empresa en el ámbito de la actividad urbanística, al quebrar la vinculación entre esta y la propiedad». Así, añade, los promotores podrán dar a los propietarios la posibilidad de elegir entre participar en la urbanización «en régimen de equitativa distribución de cargas y beneficios o de no hacerlo». En caso de que lo rechacen, el promotor podrá instar la expropiación de los suelos para llevar a cabo la obra.

El proyecto de ley conlleva que «los tradicionales deberes derivados del desarrollo urbanístico del suelo corresponden ahora a quien lo promueva, sea o no propietario, si bien podrá repercutirlos, en función de su participación, en los propietarios afectados».

Esta figura –a falta de ver la redacción definitiva, que no se conocerá hasta que el texto llegue a las Cortes– es similar a la del agente urbanizador que aplican comunidades autónomas como la valenciana, en la que la Administración pone parte de sus resortes al servicio de la iniciativa privada.

A priori, según algunas fuentes, esta fórmula podría chocar con la legislación española en materia de expropiación, que requiere, para ser aplicada, que los bienes a expropiar tengan como destino una finalidad de interés social o de utilidad pública.

En el caso del suelo urbanizable, los propietarios «podrán gestionar en una junta de compensación la ejecución del planeamiento o competir, en unión con los restantes propietarios cuando esta ley así lo exija, por la adjudicación del programa de urbanización.

La nueva norma, que prevé la «participación de los municipios en las plusvalías urbanísticas generadas por la acción pública autonómica», contempla la posibilidad de que esa iniciativa pública «se active de oficio o a instancia de parte». No obstante, el comunicado añade que en la nueva regulación «no caben» los «planes y proyectos de interés general de iniciativa privada, que sí admitió la ley de 1999».

Por otro lado, la aplicación del proyecto de ley en su redacción original permitirá autorizar, mediante la figura del interés general del Gobierno de Aragón, «actuaciones dirigidas a la implantación de actividades industriales o de servicios de especial importancia, el establecimiento de grandes equipamientos colectivos y el desarrollo de la política autonómica de vivienda y suelo». Este precepto remite a proyectos como la nueva Romareda, polígonos industriales e ideas como Gran Scala. También se perfila como una de las vías para habilitar suelo con el fin de fomentar la construcción de vivienda protegida.

El Gobierno podrá priorizar proyectos con la figura del «interés general»

El Gobierno aragonés podrá priorizar determinados proyectos mediante la declaración de interés general de los mismos, una medida incluida en la Ley de Ordenación del Territorio de Aragón (LOTA) que se aprobó ayer mismo en primera instancia y que deja al criterio político del Ejecutivo esta denominación. Al mismo tiempo, la Ley Urbanística de Aragón (LUA), que también recibió ayer el visto bueno del equipo PSOE-PAR, establece la posibilidad de utilizar la figura del interés general para impulsar viviendas de protección oficial, un hecho que podría entrar en colisión con los intereses de algunos ayuntamientos grandes. El Consejo de Gobierno de ayer aprobó los dos proyectos de ley –retirados la pasada legislatura–, en los que la medida más destacada –en opinión de los consejeros responsables, Rogelio Silva, de Política Territorial, y Alfonso Vicente, de Obras Públicas y Urbanismo– es la posibilidad de declarar una actuación de interés general, al igual que hace el Estado. Silva no aclaró qué criterios deberá seguir el Ejecutivo para que un proyecto adquiera esta condición. La DGA podrá aplicar la declaración «tras consultar a entidades locales y una vez oídos el COTA –Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón– y la comisión delegada de Política Territorial–«, explicó. Esto podría traducirse en una aplicación basada en criterios exclusivamente políticos.