La dga podrá declarar los proyectos de interés general de forma unilateral
El Gobierno de Aragón tendrá pleno poder para desarrollar cualquier proyecto industrial o de viviendas, pasando por encima de cualquier institución y sin tener siquiera que rendir cuentas ante las Cortes con tan solo declararlo de interés general. Así lo establecen las nuevas leyes Urbanística y de Ordenación del Territorio de Aragón, que se aprobarán el próximo jueves, ampliando las actuales prerrogativas que tenía con los proyectos de interés supramunicipal.
Con las normativas en la mano, la DGA podrá promover todo tipo de infraestructuras, equipamientos, proyectos industriales y programas y políticas públicas de suelo y de vivienda, sin ningún tipo de limitación y en cualquier tipo de suelo (salvo los urbanos). La aprobación únicamente requerirá la decisión autonómica, ya que la única salvedad será la de su sometimiento «por plazo mínimo de dos meses a los trámites de audiencia de los municipios afectados e información pública». De hecho se apunta que se recabarán «cuantos informes sean preceptivos o cuya evacuación se considere conveniente», sin fijar la posibilidad de veto de los municipios afectados.
El consejero de Obras Públicas y Urbanismo, Alfonso Vicente, defendió ayer que las normativas se aplicarán únicamente para vivienda de protección con el acuerdo de los ayuntamientos, aunque en la Ley Urbanística no se hace referencia.
La ley vigente establecía limitaciones para los proyectos supramunicipales, ya que no se podía actuar sobre suelos no urbanizables especiales (los protegidos por los municipios) y su aplicación se reservaba para grandes operaciones: debían superar las 13 hectáreas de superficie o una superficie edificada de más de 5.000 metros cuadrados. Y solo se podía aplicar a actividades industriales, servicios de especial importancia, grandes equipamientos y vivienda protegida.
Consorcios con los municipios
Con ambas normas, los municipios quedan en un segundo plano, pudiendo participar en los consorcios para el desarrollo de los planes o proyectos de interés general junto a «entidades privadas sin ánimo de lucro que tengan finalidades de interés público concurrentes».
Los ponentes de la Ley Urbanística (LUA), el socialista Ricardo Berdié, y de Ordenación del Territorio (LOTA), el aragonesista Javier Allué, defendieron ambas normativas asegurando que darán un «nuevo impulso» y son de las «más avanzadas» del país. Berdié señaló que los municipios recibirán las cesiones de aprovechamiento (uno de los actuales motivos de disputa) y podrán participar en la gestión de los proyectos de interés general.
El coordinador de la ponencia de la LUA consideró que goza de un «alto consenso» y destacó importantes novedades, como la figura del agente urbanizador, encaminada a evitar la «especulación del suelo». Explicó que con esta figura se podrá desarrollar terrenos paralizados, impidiendo su «retención» y con ello el incremento de los precios.
Javier Allué sostuvo que la LOTA da «un nuevo impulso a la ordenación territorial» e introduce los nuevos principios europeos en esta materia. «Regula los instrumentos de planeamiento , la estrategia de ordenación y las directrices, así como los elementos de gestión, entre ellos los proyectos de interés general», apuntó.
Dura crítica de la oposición
La oposición cuestionó en bloque el urbanismo a la carta que establece el proyecto de interés general, ya que los grupos coincidieron en señalar que vulnera la autonomía municipal y rompe el consenso en esta materia.
El diputado popular Pedro Navarro acusó a la DGA de solo pretender armarse de mecanismos «para hacer de su capa un sayo» y sostuvo que la ley urbanística le permite hacer «prácticamente lo que quiera». Navarro apuntó que el texto no responde a las necesidades del sector, además de ser «farragoso» y «vulnerar el principio de seguridad jurídica». Además, negó que haya consenso: «Solo ha aceptado dos enmiendas de fondo del PP».
Chunta también acusó a PSOE y PAR de acabar con el consenso porque el texto «no se ha movido un ápice» desde la presentación del borrador en 2006, por lo que sostuvo que «ignora» además la actual crisis. A su juicio, vulnera y «pisotea» la autonomía municipal y permite a la DGA intervenir en cualquier suelo, salvo el urbano, «y sin estar sujeto a licencia». Además, cuestionó que se despoje a las Cortes de sus competencias y que, de facto, se modifique la estrategia de ordenación con la aprobación de un proyecto de interés general que le afecte.
Por su parte, el diputado de IU Adolfo Barrena indicó que estas leyes van a dar «carta de naturaleza legal» a proyectos como Gran Scala o la ampliación de Cerler, y rechazó especialmente la figura del agente urbanizador. No obstante, reconoció que se mejora «una parte» al acabar con la liberalización del suelo.