La coalición impone dos normas para controlar todo el urbanismo de aragón
HERALDO DE ARAGON
La coalición impone dos normas para controlar todo el urbanismo de Aragón
PSOE y PAR aprueban la ley referente al suelo y la de Ordenación del Territorio, que otorga un poder casi absoluto a la DGA La oposición advierte de que el Ejecutivo se convierte en el «alcalde de Aragón»
No hubo sorpresas de última hora. PSOE y PAR impusieron su mayoría en las Cortes de Aragón para sacar adelante las dos principales leyes que marcarán el desarrollo urbanístico de la Comunidad, la referente al suelo y la de Ordenación del Territorio, y que concede prácticamente un poder absoluto al Gobierno autonómico. A partir de ahora, podrá impulsar cualquier plan industrial o de viviendas con tan solo declararlo de interés general por la vía del decreto, sin dar explicaciones a ningún municipio y sin pasar por la Cámara. Y podrá intervenir en cualquier suelo, salvo los urbanos.
La oposición reiteró sus duras críticas a unas normas que, a su juicio, suponen el «urbanismo a la carta» y una flagrante vulneración de la autonomía municipal. Es más, el diputado popular Pedro Navarro, que estuvo mordaz en sus intervenciones, llegó a advertir que la DGA y su consejero de Obras Públicas se convierten en el «verdadero alcalde de Aragón».
Pese a la evidencia del rechazo, el coordinador de la Ley Urbanística, el socialista Ricardo Berdié, no tuvo reparos en asegurar que había consenso, dado que 127 de los 290 artículos se aprobaron por unanimidad y otros 55 con el único rechazo de CHA y PAR. Berdié defendió la bondad del texto, apuntando que evita la «especulación» al reconocer el derecho de tanteo y retracto en la compra de suelos, o incluir la figura del agente urbanizador para evitar la retención de suelos y «vacíos urbanos».
Miguel Ferrer, diputado del PAR y alcalde de Teruel, negó que la autonomía municipal esté en juego, ya que la ley establece la participación de los municipios en la gestión de los proyectos de interés general y la cesión de los aprovechamientos.
Al portavoz de su grupo, Javier Allué, le tocó defender la Ley de Ordenación del Territorio (LOTA) como coordinador de la ponencia, para lo que argumentó que la estrategia se podrá modificar «para adaptarse a la realidad cambiante» y negó que se pretenda ocultar a la Cámara.
Minar la autonomía municipal
La oposición dio una visión muy distinta. El popular David Navarro aseguró que la ley concentra la toma de decisiones urbanísticas en el Gobierno de Aragón hasta el punto de «minar hasta el infinito la autonomía municipal». «Aprueban una ley para hacer lo que quieren donde quieran», dijo.
Navarro también recordó que el texto tiene cuatro años, por lo que no responde a las necesidades actuales del sector urbanístico, e introduce el «peor» sistema de gestión, el del agente urbanizador, porque, dijo, «pisotea los intereses de los propietarios minoritarios».
El nacionalista Bizén Fuster tampoco dejó títere con cabeza. Acusó a los socios de pasarse «por el forro» la autonomía municipal y, haciendo uso de las metáforas, dijo que el hecho de que la DGA sea juez y garante de los intereses generales es «como una zorra guardando el gallinero». Igualmente cargó contra el «reglantismo difícil de entender y aplicar» de la Ley Urbanística. Fuster cuestionó igualmente que el Gobierno pretenda ordenar el territorio «a golpe de decretazo».
El diputado de IU Adolfo Barrena reconoció «avances» con la nueva normativa, pero a renglón seguido arremetió contra las intenciones de la DGA de pretender participar «en las plusvalías» con una ley que es un «caldo de cultivo para proyectos grandilocuentes». Y aún fue más duro con la LOTA al evidenciar que la propia ley establece los mecanismos para «saltársela a la torera» mediante la aprobación de proyectos de interés general.
PSOE y PAR regulan solos el desarrollo urbanístico de Aragón
La oposición rechaza la nueva norma y advierte de que no perdurará.El Ejecutivo podrá declarar un proyecto de interés general para agilizarlo.
Había muchas posibilidades de pactar, a izquierda o a derecha. Pero este Gobierno ha preferido pactar consigo mismo. Si hay un cambio político, habrá otra ley Urbanística. Eso indica que las cosas se están haciendo mal». La frase, pronunciada ayer por el diputado de CHA Bizén Fuster, resume lo que sucedió en las Cortes, donde PSOE y PAR aprobaron, con escaso apoyo de la oposición, la nueva Ley de Urbanismo de Aragón (LUA), una de las más importantes de la legislatura. El texto permitirá al Ejecutivo decretar que un proyecto es de interés general, con lo que podrá agilizarlo, una de las cuestiones más criticadas por la oposición. Pero además, según socialistas y aragonesistas, evitará la especulación y garantizará el acceso a la vivienda.
El proyecto de ley se aprobó en octubre del año pasado en Consejo de Gobierno y ha pasado en tramitación parlamentaria los últimos siete meses, hasta que fue aprobada ayer en el pleno. En este tiempo, PSOE y PAR han admitido «el 20%» de las enmiendas planteadas por la oposición, una cifra que, según PP, CHA e IU habla por si sola del escaso consenso que tiene la nueva ley.
La posibilidad que da el texto al Ejecutivo de declarar un proyecto de interés general y la figura del agente urbanizador fueron los principales puntos de fricción. El popular Pedro Navarro, el nacionalista Bizén Fuster y Adolfo Barrena (IU) advirtieron de que con este medida se pone en manos del Gobierno un instrumento que, en función de cómo se utilice, puede dar al traste con la autonomía municipal.
CRÍTICAS
«No es una ley positiva. Está girada a la derecha», comentó Barrena, quien lamentó que la declaración de interés general pueda dar «carta de naturaleza a determinados proyectos», en alusión, posiblemente, al macrocomplejo de ocio y juego Gran Sacala. Según Fuster, «se ha perdido una oportunidad para mejorar el control del urbanismo municipal», en entredicho ahora por el caso de La Muela. Para Navarro, se vulnera la autonomía municipal. «El señor consejero de Obras Públicas acaba de convertirse en el alcalde de todos los aragoneses», manifestó el popular.
Pero el socialista Ricardo Berdié aseguró que la nueva ley garantiza el acceso a la vivienda, «evita la retención de suelos, la especulación y los vacíos urbanos» y prima «las ciudades compactas». Miguel Ferrer, del PAR, aseguró que es «falso» que se restrinja la autonomía municipal, porque se dejan «muchos instrumentos en manos de los ayuntamientos», mientras que la disciplina urbanística se mantiene en manos del Gobierno aragonés.