Fiscalía estudia pedir una prórroga para poder cerrar el caso montanuy
El ministerio público está estudiando la legalidad de la recalificación de terrenos a la carta aprobada por el ayuntamiento de este municipio oscense al sacar adelante su equipo de gobierno una reforma del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) financiado por una filial de Aramón, el hólding semipúblico del esquí aragonés. Esta entidad, participada al 50% por la DGA e Ibercaja, promueve en la zona un complejo invernal que incluye la estación de esquí de Castanesa y la construcción de 3.500 segundas residencias. Ambas iniciativas están incluidas en el documento, pendiente de revisión por la Comisión de Ordenación del Territorio de Huesca.
La Fiscalía de la Audiencia de Huesca puso en marcha las diligencias a finales del mes de agosto, tras recibir una denuncia de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas. Este organismo había efectuado un primer estudio del convenio tras remitírselo un grupo de vecinos de Montanuy críticos con el proyecto. Su responsable concluyó que no procedía la apertura de un juicio contable –procedimiento reservado para las irregularidades administrativas–, aunque decidió remitir el legajo a Huesca «por si fuera procedente el ejercicio de acciones penales».
En los últimos cuatro meses, la Fiscalía de Huesca ha efectuado numerosas diligencias de investigación, entre las que se incluyen diversas solicitudes de documentación cuyo estudio requiere tiempo. Paralelamente, quedan varias gestiones por realizar.
Ante esta situación, el ministerio público se plantea solicitar la prórroga extraordinaria de las diligencias que entró en vigor el pasado verano. De serle concedida por sus superiores, podría ampliar las pesquisas hasta finales de agosto. No obstante, según las fuentes consultadas, tampoco está descartada la judicialización del asunto mediante la remisión de las diligencias –como denuncia– al juez de instrucción.
La mayor parte del terreno rústico recalificado como urbanizable corresponde a las parcelas sobre las que Aramón ha firmado opciones de compra. Los acuerdos medios suponían la entrega de una señal de 36.000 euros por hectárea a cuenta de los 240.000 que se pagarían finalmente. Entre los vendedores están las familias del alcalde, José María Agullana, y su teniente, Natividad Cereza, sin cuyos votos la reforma del PGOU habría sido rechazada.