La ILP fue defendida en la Cámara por Juan Carlos Cirera, representante de SEO/BirdLife, una de las organizaciones promotoras junto con Ecologistas en Acción, Ansar, la Federación Aragonesa de Montañismo, APUDEPA o la Federación de Barrios. «En algunos valles del Pirineo, casi hay más grúas que árboles», afirmó de forma gráfica para descalificar el boom urbanístico de esa zona de Aragón.
En la iniciativa se establecía como territorio de alta montaña el situado a una altitud de 1.500 metros, sobre el que no se podría autorizar ninguna actividad sin una valoración previa de las afecciones sobre el territorio. Uno de los artículos más polémicos de los cinco de la iniciativa era el segundo, el referido al establecimiento de una moratoria de dos años para la aprobación de proyectos de creación, modificación o ampliación de estaciones de esquí y que establecía un plazo de dos años para la elaboración de Planes de Ordenación de Recursos Naturales en las zonas en las que haya proyectos de este tipo.