EL PERIODICO DE ARAGON
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el incidente procesal planteado por el Ayuntamiento de Montanuy para solicitar una «aclaración» de los supuestos defectos detectados en la sentencia que cierra el paso a una operación urbanística combinada con el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler.
El tribunal, que condena al municipio al pago de las costas generadas, rechaza subsanar cuestiones como la referencia a una fecha incorrecta o supuestos «errores» en la utilización de los términos usados para referirse a la nulidad o anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy.
El auto reprocha a la representación legal del municipio «olvidar» el hecho que el tribunal resolvió anular el citado documento urbanístico al entender que adolecía de un «vicio de nulidad» derivado de la ausencia de un trámite «esencial», una evaluación ambiental estratégica.
La sentencia estimó el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de la zona aglutinados en torno a la asociación Naturaleza Rural y anuló el PGOU. La operación urbanística preveía la recalificación de 52 hectáreas en el valle de Castanesa y el desarrollo de una operación urbanística que debía reinvertir los recursos obtenidos en las obras de ampliación de la estación de Cerler.
Tras hacerse pública la sentencia, Aramón anunció su decisión de presentar un recurso al entender que la resolución afecta a un acto administrativo «subsanable» como es la falta de un trámite ambiental.
HERALDO DE ARAGON
Considera que los posibles errores no afectan al resultado de la sentencia
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha desestimado el incidente procesal planteado por el Ayuntamiento de Montanuy, que pidió una subsanación de defectos y la aclaración de algunos extremos, de la sentencia que el pasado enero declaró la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, ligado a la ampliación de la estación de Cerler. Una de las peticiones se refería a la confusión de una fecha, pero el Tribunal considera «improcedente» subsanarla por intrascendente, así como hacer una aclaración respecto a los términos usados para referirse a la nulidad o anulación del plan. Recuerda que el Ayuntamiento omitió un trámite «esencial», «determinante de un vicio de nulidad de pleno derecho», como fue la omisión de un estudio ambiental.
El incidente procesal ha sido interpretado por la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón como «un nuevo varapalo judicial», pero para el abogado del Ayuntamiento, Javier Gonzalo Migueláñez, se trata de un mero trámite «porque si tuviéramos que ir al Constitucional, es un requisito agotar todos los trámites». «Considerábamos que la sentencia era insuficiente y teníamos derecho a pedir que se aclarara», añadió, «pero en la práctica, en el cien por cien de los casos, se deniegan las aclaraciones».
Los ecologistas cuestionaron la contratación de este abogado por parte del Ayuntamiento de Montanuy. «Nos vemos en la obligación de informar a todos los aragoneses de que el abogado que representa y asesora en este caso al Ayuntamiento es el mismo que actúa como letrado del Obispado de Lérida en el litigio de reclamación de los bienes», señalaron en un comunicado.
Javier Gonzalo, asesor jurídico de la Federación Nacional de Municipios con Centrales Hidroeléctricas y Embalses, defendió durante años a Montanuy en sus litigios con las empresas eléctricas por el cobro de impuestos. «Soy abogado del Estado en excedencia y desde hace 20 años me dedico al ejercicio libre de la abogacía», precisó, y como tal asesora a ayuntamientos «de todos los partidos», a particulares, al obispado «y también defendería a ecologistas, si veo que es justa su causa». Opinó, añadió Gonzalo, que no hay una colisión de derechos y recordó que hace dos años que la diócesis de Lérida se retiró de todos los pleitos de los bienes de Aragón.