El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha denegado la suspensión cautelar del plan general de ordenación urbana de Montanuy (PGOU) solicitada por una veintena de vecinos y propietarios del valle de Castanesa que se oponen a la ampliación de la estación de esquí de Cerler. Los magistrados de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo consideran que la solicitud de este grupo -cursada a través de la asociación Naturaleza Rural- se efectuó «extemporáneamente», por lo que han rechazado la medida sin entrar a valorar los argumentos dados por los demandantes.
La decisión no afecta al recurso presentado por esas mismas personas contra la aprobación del PGOU de Montanuy por parte de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca. Ese contencioso sigue su curso, pero hasta que se resuelva no hay nada que impida que los suelos del municipio se puedan desarrollar según lo previsto.
El plan general de Montanuy fue aprobado por la Comisión Provincial tras dos acuerdos tomados en febrero y en diciembre de 2008. La asociación Naturaleza Rural presentó recursos de alzada contra ambos, y al no recibir respuesta, decidió acudir a los tribunales entendiendo que habían sido rechazados por silencio administrativo.
Los opositores a la ampliación de Cerler presentaron su demanda el pasado 3 de marzo. Un mes después, el 6 de abril, redactaron un nuevo escrito que solicitaba la suspensión de la ejecutividad de los acuerdos adoptados por la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha denegado esta solicitud basándose en un defecto de forma. Los magistrados de la sección primera recuerdan en un auto que el PGOU de Montanuy «tiene naturaleza de disposición general», por lo que su suspensión debería haber sido requerida en el escrito de interposición del recurso o en el de presentación de la demanda.
«Al solicitar la suspensión de la ejecutividad de aquellos (acuerdos) viene, en realidad, a interesarse la suspensión de dicho plan, lo que (…) se ha efectuado extemporáneamente al haberlo sido después de formulada la demanda», explica el auto del TSJA.
El portavoz de la asociación Naturaleza Rural, Manel Badía, restó importancia ayer a la decisión de los jueces. «Nos sabe mal porque creemos que el plan general de Montanuy debería suspenderse, pero el recurso contencioso- administrativo sigue su curso y estamos convencidos de que la justicia acabará dándonos la razón -señaló-. Además, creemos que la crisis económico va a conseguir lo que ahora se nos ha negado, porque nadie se va a atrever a desarrollar esos suelos».
El alcalde de Montanuy, José María Agullana, mostró su «satisfacción» por el auto del TSJA. «Me acabo de enterar y es una buena noticia -comentó el primer edil-. Estamos seguros de que en todo este proceso hemos actuado de forma totalmente legal y correcta, pero estas cosas no son agradables y siempre es bueno que haya fallos que nos respalden».
La asociación Naturaleza Rural basa su recurso contra la aprobación del plan general en seis argumentos que, a su juicio, lo hacen nulo. En primer lugar, considera que está condicionado al convenio firmado entre el Ayuntamiento de Montanuy y Aramón, acuerdo que, en su opinión, se hizo para beneficiar al grupo de la nieve.
Los demandantes también alegan que las modificaciones introducidas a lo largo del proceso obligaban a haber hecho un segundo proceso de información pública; que el plan tenía que haberse sometido a una evaluación ambiental estratégica; que se opta por un modelo de ordenación «especulativo, insostenible y desequilibrado»; que se infringen los criterios legalmente establecidos para la clasificación del suelo; y que se incumple el artículo 157 de la Ley Urbanística de Aragón al propiciar la aparición de urbanizaciones en el entorno de los núcleos de Montanuy que menoscabarán la belleza del paisaje rural y natural del valle.