El par de jaca pide a la dga «inversiones en igualdad para todas las estaciones de esquí»
Por ello, la propuesta del PAR de Jaca plantea, “subsidiariamente, instar al Gobierno de Aragón para que fije su posición sobre la aplicación del impuesto sobre las instalaciones de transporte por cable para 2017 de manera inmediata -antes del final de julio- disipando cualquier duda”. Este aspecto, como explica el PAR en su argumentación, tiene que ver con la iniciativa de las estaciones que “han lanzado la oferta de abonos de esquí durante la temporada estival, aprovechando la afluencia del turismo de verano al territorio y la potencial ampliación de la difusión y captación de clientes para los meses invernales. Por tanto, si las empresas han de componer sus precios, sería aconsejable que la decisión del Gobierno de Aragón, en un sentido u otro, fuera conocida públicamente antes de que finalice el mes de julio.”
Junto a ello, la resolución que el PAR eleva al pleno se dirige a “instar a que, si finalmente decidiera aplicar dicho tributo, el Gobierno de Aragón adopte las decisiones oportunas para evitar cualquier desigualdad en perjuicio de las estaciones de montaña de la Jacetania” y “en ese sentido, instar al Gobierno de Aragón a que emprenda acciones corrigiendo con proporcionalidad, las aportaciones financieras e inversoras a su cargo entre todos los centros invernales aragoneses, por ejemplo impulsando actuaciones como la unión de estaciones y otras.”
Estos dos puntos de la propuesta están motivados por lo que el PAR de Jaca califica como “doble contradicción que subyace en este tributo” puesto que, por un lado el impuesto “supone un perjuicio para la generación de los beneficios sociales inducidos que producen” las estaciones, como “motor de desarrollo y empleo”, “más aún cuando las consecuencias de la crisis sobre un sector volátil como el turismo todavía están presentes” y esa actividad “ya se ve gravada por otros numerosos tributos y normas”. Por otro lado, la contradicción relativa a que este tributo aragonés “afecta de manera muy diferente, cabría señalar que con patente desigualdad, a las empresas explotadoras de las estaciones de montaña, por cuanto de las siete actualmente en funcionamiento, cinco de ellas tienen carácter semipúblico pero dos, situadas en el valle del Aragón, son totalmente privadas. Es decir, mientras la recaudación de dicho impuesto se integra en la hacienda pública que a su vez, ha venido destinando recursos a la mejora y ampliación de los centros de su titularidad compartida, no ha sido ni es así en las estaciones privadas de Astún y Candanchú que, sin embargo, también necesitarían de ese apoyo de la Comunidad en planes y proyectos, como la unión de estaciones, a día de hoy pospuestos, según anunció el consejero responsable en la materia, precisamente por falta de fondos”. Unas inversiones, realizadas anteriormente “que, además, como está constatado, han significado un desplazamiento de la oferta y de la demanda que es preciso tener en cuenta por sus efectos socioeconómicos y territoriales”.
Con todo ello, finalmente la propuesta de resolución del PAR solicita “que el Gobierno de Aragón convoque a las estaciones de montaña de la Jacetania, a la Comarca y Ayuntamientos de Jaca y Aísa, para que, junto con las representaciones sociales y empresariales, haya oportunidad de llegar a acuerdos” en todas estas cuestiones.
Los antecedentes planteados por el Grupo Aragonés (PAR) recuerdan la sentencia del Tribunal Supremo avalando el impuesto del cable, por lo que se reconoce que jurídica y técnicamente es procedente, a pesar de su formulación discutible, y tendría su amparo también en que fueran realizadas actuaciones para “mejorar el medio natural, en conjunto o en particular, de los territorios más directamente afectados por supuestos impactos al medio”, reinvirtiendo “el impuesto para potenciar la mejora de las estaciones”. Sin embargo no ha sido así en todos los casos, de manera que el “interés general que debe aparejarse indefectiblemente al tributo queda muy matizado en el Valle del Aragón, Jaca y la Jacetania, pudiendo generar algunas disfunciones sobre lo pretendido, entre otras razones, por el impacto muy negativo en los resultados de explotación de Candanchú y Astún, sin posibilidad de acudir a inyecciones de capital semipúblico para compensar déficit.” De esa forma, el tributo “acarrea una percepción discriminatoria no sólo entre los directamente interesados sino también entre los habitantes de esta zona, en una situación no deseable” que “no debe seguir así más tiempo y hay que corregirlo ya sobre todo cuando se pretende aplicar de nuevo el impuesto en 2017.”