El nuevo acceso a cerler costará entre 6 y 8 millones de euros

El futuro de Montanuy y los valles que lo rodean pasa por la nieve. Ante la imposibilidad de ampliar la estación de Cerler por Castanesa a corto y medio plazo, el consejero de Presidencia y máximo responsable de Aramón, Roberto Bermúdez de Castro, apostó ayer en las Cortes por construir un nuevo acceso que permitiría a los esquiadores llegar a las pistas desde la N-230 hasta Fonchanina, por carretera, y a partir de ahí con un arrastre que los llevaría directamente hasta los dominios de nieve. El proyecto, que está redactando la sociedad pública, costaría entre seis y ocho millones de euros.

Es la única alternativa que tiene Cerler a corto y medio plazo para mejorar sus resultados porque no hay dinero para más. El proyecto permitiría captar a parte de los esquiadores que los fines de semana se dirigen a las estaciones catalanas por la N-230. Bastaría con mejorar el acceso por carretera hasta uno de los núcleos pertenecientes al municipio de Montanuy, Fonchanina. Esta obra correría de cuenta de la Diputación Provincial de Huesca (DPH). Desde ahí, con un arrastre se podría subir hasta la estación.

Bermúdez de Castro defendió ayer el turismo de nieve y el desarrollo económico que supone. Recordó que las afecciones de las estaciones de esquí en el Pirineo aragonés afecta solo al 3% del territorio, y lamentó que, de otra forma, el territorio se convierte en un «desierto demográfico». Recibió el apoyo de PAR y PSOE. Ambos grupos apostaron por la nieve como la mejor alternativa de futuro para la Ribagorza, y pidieron a los que se oponen, CHA e IU, que den una alternativa.

Ambas formaciones criticaron la especulación urbanística que debía traer consigo la ampliación de Cerler por Castanesa. Ofrecieron alternativas, como la conversión en parque natural de parte del territorio afectado por la macroestación de esquí.


HERALDO DE ARAGON

El Gobierno estudia abaratar la ampliación de Cerler con una telecabina por Castanesa

Bermúdez de Castro anuncia que el plan se redimensionará pero sin renunciar a dar «una salida mínima al valle» Las Cortes ofrecen su apoyo al Ejecutivo en el recurso de casación ante el Tribunal Supremo

HUESCA. La ambiciosa ampliación de Cerler por el valle de Castanesa, en el municipio de Montanuy, no se podrá llevar a cabo ni a corto ni a medio plazo. En su lugar, habrá que buscar proyectos «ajustados a las circunstancias actuales». Lo anunció ayer en las Cortes el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, quien compareció a petición propia para informar sobre el recurso de casación que ha presentado el Gobierno de Aragón contra la sentencia que anula el plan urbanístico de Montanuy y de rebote deja en el aire la ampliación de las pistas de la Ribagorza.

Bermúdez no dio detalles de los nuevos planes, pero fuentes cercanas al Ejecutivo confirmaron que se estudia la opción de conectar la zona del Ampriu de la estación de esquí con las bordas de Castanesa, mediante la construcción de una telecabina u otro tipo de infraestructura de transporte. Incluso se ha barajado el uso de la de la Expo, propiedad de Aramón, aunque está sin evaluar su viabilidad técnica.

De esta forma se resolvería el problema de Cerler, que ahora solo tiene una entrada por el valle de Benasque, pero renunciando a los millonarios edificios e instala-

Bermúdez de Castro, sentado, ayer con Biel y los diputados del PP Campoy y Lafuente. ciones diseñados por Norman Foster, entre ellos la telecabina de Fonchanina, con un coste de 70 millones de euros. El del nuevo proyecto se calcula entre 8 y 10 millones. «Desiertos demográficos» Bermúdez de Castro reconoció en la tribuna que «no se hará toda la ampliación», ya que las circunstancias económicas obligan a «redimensionar los proyectos de 2006», pero «hay que buscar una mínima salida a Montanuy». Su comparecencia se convirtió en un debate sobre el papel de la nieve en la economía aragonesa en el que coincidieron PP, PSOE y PAR a la hora de defender la inversión pública en las estaciones, frente a CHA e IU.

El consejero explicó los motivos para recurrir la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El primero, la obligación de defender «el dinero de todos los aragoneses», puesto que la DGA participa al 50% en Aramón, propietaria de 180 hectáreas de suelo recalificado en Montanuy, en los que invirtió 20,9 millones de euros. El segundo, la necesidad de ofrecer una oportunidad de desarrollo a un valle que es «un desierto demográfico». En este sentido pidió a IU y CHA que expongan sus alternativas, pero «no me vale el queso de cabra y la mermelada».

Montanuy, situado entre dos valles que viven de la nieve, ve pasar los fines de semana «miles de coches en dirección a Baqueira». El municipio ha perdido un 40% de la población desde 1981 (de 422 a 253 habitantes), mientras Benasque, su otro vecino, la ha incrementado un 186% (de 769 a 2.195). Respecto al impacto ambiental, Bermúdez recordó que las estaciones solo ocupan el 3% de la superficie del Pirineo aragonés, por donde este año ya han pasado 800.000 esquiadores. «Vayan un fin de semana y verán la repercusión que tiene la nieve», dijo a los diputados de CHA e IU. Respaldo de PP, PSOE y PAR Sus argumentos fueron compartidos tanto por su socio de gobierno como por el principal partido de la oposición. Para el diputado Antonio Ruspira (PAR), Aragón es un ejemplo en España en el turismo invernal, capaz de generar más de 2.400 millones de euros (el 7% del PIB aragonés). «Un problema administrativo con un plan urbanístico no puede echar por tierra la estrategia del sector de la nieve», dijo. Aludió al apoyo mayoritario en Montanuy, donde 6 de los 7 concejales votaron a favor del recurso. Solo estuvo en contra el edil de CHA, uno de los promotores del pleito que ha llevado a la anulación del plan.

El diputado Fernando González (PP) incidió igualmente en la repercusión económica de la nieve. «De cada 100 euros de gasto, 20 se quedan en las estaciones y el resto en el valle», y recordó cómo los grupos minoritarios, «cuando se venía abajo Candanchú, nos pedían que invirtiéramos en empresas privadas».

Florencio García Madrigal, en nombre del PSOE, también abogó por agotar el procedimiento judicial y defendió el modelo mixto de Aramón, coincidiendo con el consejero en la necesidad de «redimensionar los proyectos, pero sin renunciar a ellos». Dos iniciativas rechazadas Enfrente tuvieron a los grupos de CHA e IU, promotores de sendas proposiciones no de ley que no prosperaron. «Si tan rentable es la nieve, no sabemos por qué Aramón pierde dinero año tras año», señaló desde la tribuna el diputado de IU Miguel Aso, contrario a un modelo que, a su juicio, liga la ampliación de las pistas a recalificaciones de suelo y urbanizaciones. «Hay que potenciar la nieve pero no macroampliaciones que tienen detrás operaciones urbanísticas. No se resuelven así los problemas demográficos», añadió. Si el Gobierno recurre es «para ganar tiempo» y evitar «la pérdida de plusvalías».

En el mismo sentido se pronunció el diputado de Chunta Aragonesista Joaquín Palacín, quien recordó que el PGOU no ha servido para generar expectativas que atraigan población, ya que desde 2004 Montanuy ha perdido 100 habitantes. Criticó que se llegaran a pagar hasta 240.000 euros por una hectárea y que se «dilapidaran» 29 millones de euros (sobre todo en la compra y arendamiento de terrenos y los honorarios del arquitecto Norman Foster). «¿Cuántas cosas se podría haber hecho con ese dinero?». En su opinión, el recurso solo servirá para «gastar más dinero».

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