De aquella megalomanía…

El hólding de la nieve Aramón, formado a partes iguales por el Gobierno autonómico e Ibercaja, nació en el 2002 con el propósito de ordenar, reforzar y estimular la actividad turística de la nieve en Aragón. La unión empresarial de Formigal, Cerler, Panticosa y Nieve de Teruel (Valdelinares y Javalambre) comenzó pronto a dar sus frutos, con una importante modernización en las instalaciones y una profesionalización de sus estructuras de trabajo. La ampliación de Formigal, que se ha convertido en una de las mejores estaciones de España por dominio esquiable, infraestructuras y seguridad, fue sin duda su logro más destacado pese a la polémica inicial, convirtiendo el Valle de Tena en destino de moda para el ocio de invierno y el deporte de montaña.

El siguiente gran reto de Aramón, al margen de las mejoras en Teruel y Panticosa, fue la ampliación de Cerler por Castanesa, operación para la que la compañía diseñó una macrooperación urbanística que permitiera hacer frente a unas inversiones cercanas a los 400 millones de euros. En plena fiebre inmobiliaria, nadie parecía tener miedo a los retos mayúsculos, y menos una sociedad que contaba con el empuje y el aval de dos actores económicos, políticos y sociales tan sobresalientes como el Ejecutivo autonómico y la principal entidad de crédito aragonesa. Se invirtieron millones de euros en la compra de suelos, en la realización de un plan general urbanístico y se encargaron bocetos y anteproyectos a los mejores despachos profesionales, con el arquitecto-acuarelista Norman Foster a la cabeza.

Siete años después de que el entonces presidente Marcelino Iglesias, oriundo de la Ribagorza y comprometido personalmente con la idea, diera el pistoletazo de salida la ampliación de Cerler ha recibido un varapalo judicial en toda regla. La Justicia ha declarado nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy que preveía 4.000 pisos en terrenos adquiridos por Aramón para financiar el proyecto. Desde la agudización de la crisis económica se daba por seguro que las obras se demorarían por las restricciones presupuestarias de la DGA y por la necesidad de recapitalización de la entidad bancaria, pero los efectos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón son demoledores. De entrada, porque el fallo judicial invalida la herramienta prevista para costear la ampliación. Y sobre todo porque sepulta los loables intentos de refinanciación de la compañía acometidos desde que el consejero de Presidencia, Roberto Bermúdez de Castro, tomara las riendas de la compañía. Sea cual sea el resultado de explotación de este año, Aramón tendrá que anotarse unas pérdidas inesperadas equivalentes al valor en libros de los suelos, unos 30 millones de euros, que se añadirán al endeudamiento de 75 millones que ya arrastra la compañía.

Cuando el anterior Ejecutivo presidido por Marcelino Iglesias era criticado por los excesos cometidos en la tramitación del proyecto, la coalición PSOE-PAR se defendía tildando de antipatriotas a quienes osaran dudar de la operación. Hoy se constata con el ejemplo de Castanesa que algunos de los importantes proyectos públicos modernizadores de Aragón estaban realizados sin las debidas garantías administrativas o jurídicas. E incluso sin la mínima observancia de la legalidad. Si ya era dudoso que una empresa (Aramón) realizara el PGOU de un municipio, qué cabe decir ahora, cuando la sentencia pone en evidencia que encima lo hizo mal, saltándose los trámites ambientales preceptivos que la DGA impondría a cualquier particular por la simple ampliación de una granja.

Visto en perspectiva, se puede afirmar que durante la segunda parte del mandato de Iglesias se encadenaron errores por exceso de confianza y de arrogancia. En una etapa de superávit en las arcas públicas, de necesidad de grandes proyectos para no perder el ritmo de comunidades vecinas, cuando la expansión sin límite de la «España de las autonomías» dejaba boquiabierta a media Europa, la DGA cometió errores perjudiciales que hoy pagamos con la sobreprima de un país endeudado, incapaz de atender la dependencia o los casos de urgente necesidad…

Sí, es cierto que el Aragón de principios de siglo presidido por Iglesias defendió un modelo de intervención pública en la economía que reportó grandes éxitos. Pero los obtuvo con aquellos proyectos ponderados, mancomunados con otras instituciones nacionales o locales, que fueron realizados a la medida de sus posibilidades. Ahí están los ejemplos de la Expo 2008 en una ciudad necesitada de modernización como Zaragoza, de Walqa para enjugar la crisis industrial de Huesca o de Dinópolis para apuntalar las potencialidades turísticas de la ciudad de Teruel.

¿Pero qué ocurre con situaciones como la de Aramón tras el varapalo judicial a Cerler?, una empresa que sería modélica de haberse conducido con mayor prudencia cuando los tiempos de la megalomanía a través del ladrillo declinaban. Un destacado miembro del Gobierno de Rudi que presidió la compañía debería dar alguna explicación.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.