CHA aspira a que Astún sea «la mejor estación del siglo XXI», moderna, segura y modelo de sostenibilidad, en lugar de «una estación de mediados del siglo XX», que es lo que se propone en el convenio. Por este motivo, en el pleno que el miércoles celebra el Ayuntamiento de Jaca votará en contra del documento.
El presidente de CHA Jacetania, Daniel Goñi, y los concejales jaqueses, Pedro Pérez y Natalia Márquez, explicaron ayer los motivos para oponerse al plan previsto para Astún por el Gobierno de Aragón (GA), el equipo de gobierno del Ayuntamiento y la empresa Eivasa, que gestiona el centro invernal. Natalia Márquez dijo que con este convenio el GA pretende saldar la deuda que, como indemnización fijada por la justicia, tiene con Astún. Sin embargo, añadió, «deja fuera consideraciones medioambientales sobre las que advierte el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), como la repercusión del proyecto, la indefinición de los aparcamientos, el tratamiento de las aguas o que se trata de un espacio de la Red Natura 2000».
Astún requiere protección ambiental a través de un Plan Especial, según recoge el propio Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca, municipio al que pertenece, por lo que la concejal afirmó que el documento «debía haber partido del Ayuntamiento, y estar dirigido a la protección del medio ambiente teniendo en cuenta lo recogido por la Agenda 21 local. El convenio plantea un uso turístico a costa del medio ambiente, en lugar de promover su conservación».
Daniel Goñi señaló que este puerto cuenta con vegetación que la Unión Europea considera Hábitats de Interés Comunitario y es refugio de especies animales en peligro de extinción, como el quebrantahuesos o la rana pyrenaica. El valle, hasta ahora poco desarrollado en comparación con otros, permite «aprovechar en el futuro su conservación», y en esta línea se expresó la ciudadanía a través de la Agenda 21, que estableció varios criterios de actuación, entre ellos prohibir la construcción de más edificios; declarar zona de especial protección paisajística a las áreas vegetales aún conservadas; obligar a la depuración de aguas; y prohibir los movimientos de tierras (habría que utilizar medios aéreos para renovación de pilonas y otras mejoras). Ignorar todo esto «es una incoherencia escandalosa y una tomadura de pelo», afirmó.
Por su parte, Pedro Pérez recordó que la concesión administrativa a Eivasa data de 1974, y que en 1986 se presentó un plan para intervenir en 190.000 metros cuadrados, que luego quedaron en 150.000, que en 1987 contó con la aprobación unánime del Ayuntamiento, en el que todavía no estaba CHA. También aludió a que cuando su grupo firmó el pacto de gobierno municipal con el PSOE reclamó el 10 por ciento de aprovechamiento medio que Astún debía al Ayuntamiento y acordó que no hubiera más desarrollo urbanístico en el centro invernal. Lo que ahora se propone es, a juicio del edil, «una barbaridad», pues conlleva «urbanizar el doble de lo que es el Llano de Samper de Jaca con 19 bloques de 4 y 5 alturas, y entubar el río Aragón 100 metros aguas abajo y 600 metros aguas arriba de la actual urbanización. También implica modificar el PGOU para permitir viviendas de 55 metros cuadrados, cuando la superficie mínima debe ser de 65.
CHA, que espera que el necesario estudio de impacto ambiental «ponga las cosas en su sitio», alegará en el plazo de exposición pública de un mes, que considera insuficiente, e incluso lo hará en instancias europeas «porque el impacto es demasiado».