EL PERIODICO DE ARAGON

CHA alega contra el cambio del PGOU para desarrollar Astún

CHA en la Jacetania ha presentado alegaciones al expediente de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca, que afecta al ámbito de la estación de Astún, en la que solicita al ayuntamiento, a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio y al Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que impidan la modificación en los términos propuestos.

En su alegación, CHA pide a la Comisión de Ordenación del Territorio que informe desfavorablemente sobre esta modificación, lo que tendría carácter vinculante para el consistorio, por no respetar los principios de desarrollo sostenible, equilibrio territorial, movilidad y justificación de la correcta organización del desarrollo urbano. Además, reclama al Inaga que someta la modificación al procedimiento de análisis «caso a caso» para su evaluación ambiental, al afectar a suelo no urbanizable y realizarse la canalización de un tramo importante del río Aragón.

Así lo explicaron ayer el presidente del Ligallo de CHA en la Jacetania, Daniel Goñi, y el abogado urbanista redactor de la alegación, José Gascón, quienes insistieron en que la alegación es «plenamente urbanística». Una vez concluido el plazo de alegaciones a la modificación, aprobada inicialmente por el ayuntamiento, se remitirá el expediente tanto a la Comisión de Ordenación del Territorio como al Inaga.

CHA alega contra la modificación del PGOU de Jaca que afecta a Astún

JACA.- CHA Jacetania ha presentado alegaciones contra la modificación número 14 del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Jaca, que afecta a la estación de Astún, tal y como la ha propuesto el Ayuntamiento, y pide a la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio un informe desfavorable. También solicita del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) que someta la modificación al procedimiento de evaluación ambiental por afectar a suelo no urbanizable y prever la canalización de un tramo del río Aragón.

El presidente de CHA Jacetania, Daniel Goñi, y el abogado especializado en urbanismo, José Gascón, dieron a conocer ayer los términos de la alegación, presentada el viernes, último día de exposición pública tras la aprobación inicial en pleno de la modificación.

«El Ayuntamiento de Jaca no tiene ninguna obligación legal de tramitar esta modificación del PGOU, ya que la ordenación territorial y urbanística es una función pública no susceptible de transacción», explicaron al recordar que fue el Gobierno de Aragón el que anuló el Plan Especial para Astún. Los tribunales Supremo y Superior de Justicia de Aragón ratificaron esta anulación y sólo reconocieron el derecho de EIVASA, empresa que gestiona la estación invernal, a ser indemnizada por daños y perjuicios, algo todavía «sin cuantificar» y que, en todo caso, corresponde a la administración autonómica.

Otro motivo por el que se oponen a la modificación es la elevada densidad de viviendas, 90 por hectárea –se prevé construir 847 viviendas, que se sumarían a las actuales 447-, el doble de las hay en el Llano de la Victoria de Jaca o en Valdespartera, Zaragoza, así como de edificabilidad sobre parcela neta. Ésta es de 3,55 metros cuadrados por metro cuadrado, similar a zonas urbanas muy pobladas, como los barrios zaragozanos de Delicias o Torrero. Para tener esa edificabilidad «se acude a un subterfugio», separar las zonas no edificada y edificada, y clasificar esta última como suelo urbano consolidado, pese a que el conjunto de la urbanización no está finalizado ni se cuenta con una depuradora adecuada, cuestiones exigidas por la Ley Urbanística.

Respecto a la densidad, «es más propia de una gran ciudad que de una actuación a 1.600 metros de altitud, y no se trata de una cuestión opinable, sino sometida a la ley, que no la permite», dijo Gascón. Por eso, teniendo en cuenta que la actuación prevista «es incompatible con los principios de desarrollo sostenible, equilibrio territorial y correcta organización del desarrollo urbano», la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio ha de emitir un informe negativo que, en estos casos, «es vinculante». El plazo para este informe será de 3 meses tras recibir el expediente con las alegaciones.

También se incide en que debe cumplirse la Ley de Protección Ambiental y, por tanto, es necesaria una evaluación de impacto ambiental (EIA), a exigir por el Inaga, aunque el expediente cuente con un informe del presidente de este Instituto en el que señala que no se requiere esta EIA.