Cabe recordar que la declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Castanesa, que plantea construir unas 2.000 viviendas e infraestructuras de nieve y servicios (aparcamiento y establecimientos hoteleros) a más de 2.000 metros, se aprobó las pasadas navidades pero con 40 condicionantes.
Durante estos meses, y según explica el ejecutivo autonómico, se ha aportado la documentación solicitada, a través de informes de los departamentos de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio, Urbanismo y Obras Públicas y algunas de las conclusiones de la Mesa de la Montaña, y se espera poder aportar también el relativo a los usos turísticos que la Consejería de Industria está elaborando, para aprobar el proyecto definitivo en el que será el último consejo de Gobierno de la actual legislatura, ya que el objetivo es autorizar las obras de la ampliación antes de las elecciones del 22 de mayo.
Pero el proyecto de Castanesa siempre ha contado con una férrea oposición entre organizaciones y movimientos ecologistas, además de los partidos políticos de IU y CHA, que ya están siendo convocados a un acto de protesta que la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón está organizando para el viernes 29 de mayo. El acto tendrá una gran carga informativa, ya que la intención de la agrupación es dar a conocer los motivos de su oposición a una ampliación que consideran, “cara, inútil y peligrosa”.
El acto, que llevará como lema “¿400 millones de euros por un capricho? Salvemos Castanesa”, tendrá lugar frente a la sede de Ibercaja, en el Paseo de las Damas de Zaragoza, a las 17.30 horas.
Ley de proyectos de nieve
Casualmente, los proyectos de nieve en Aragón y su futuro tuvieron en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del lunes 24 de abril un importante protagonismo, al publicarse la Ley de medidas para compatibilizar los proyectos de nieve con el desarrollo sostenible de los territorios de montaña de la Comunidad aragonesa. La norma, que había sido aprobada por las Cortes el pasado mes de marzo, establece que los centros de esquí y montaña tendrán el carácter de proyectos de interés general en Aragón, podrán ser de iniciativa privada o pública y se regirán conforme a la normativa de ordenación del territorio.
El Ley también establece que las estaciones adaptarán sus instalaciones a la morfología de las montañas, preservando los suelos y los daños sobre las laderas y estableciendo planes de recuperación o conservación de espacies amenazadas; que realizarán estudios de impacto climático sobre el área ocupada por el proyecto, que favorecerán la compatibilidad con los usos ganaderos y que mejoraran las condiciones de vida del entorno, además de fomentar la creación y el mantenimiento de iniciativas empresariales locales.
La población local y su mantenimiento es uno de los aspectos más importantes de la Ley y por ello, además de lo ya señalado, la norma indica que los proyectos de estaciones deberán incluir medidas para asegurar el asentamiento de la población, la creación de empleo, la fijación de servicios básicos y la mejora de los accesos.
Asimismo, se habla de que los planes de desarrollo de los centros invernales y de las construcciones asociadas a estos, deben estar sometidas a evaluación de impacto ambiental e ir acompañados de estudios de rentabilidad económica y social de la región en la que se ubiquen.