Aramón exige al Ayuntamiento de Benasque 72 millones de euros por los perjuicios económicos derivados del acuerdo plenario que en mayo de 2007 bloqueó la venta de los suelos que el grupo de la nieve posee en Cerler. El ‘holding’ presentó a mitad de julio una reclamación por responsabilidad patrimonial del Consistorio, y ahora los responsables municipales deben decidir si aceptan o no la indemnización solicitada. En el más que previsible supuesto de que sea desestimada, Aramón podrá acudir a los tribunales por la vía contencioso-administrativa.

La petición de Montañas de Aragón se ha producido apenas un mes después de que el aragonesista José Ignacio Abadías perdiera la alcaldía en favor de la popular Luz Gabás tras ocho años de mandato marcados por los constantes enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la sociedad participada al 50% por la DGA e Ibercaja. Ese conflicto tuvo su punto álgido en la controvertida votación que ha originado la reclamación de responsabilidad patrimonial, ya que aquel acuerdo del pleno bloqueó una operación inmobiliaria con la que el grupo de la nieve esperaba obtener decenas de millones de euros -72, según el escrito presentado en el registro del Consistorio-.

El conflicto tiene su origen en el proceso judicial que los antiguos dueños de los terrenos de la urbanización de Cerler iniciaron contra Aramón a principios de 2007 para exigir la reversión de esos suelos por incumplimiento de los contratos de compraventa firmados hace casi 45 años.

La demanda, valorada en unos 84 millones de euros, está pendiente del fallo definitivo del Supremo tras haber sido rechazada primero por el Juzgado de Boltaña y luego por la Audiencia Provincial de Huesca. No obstante, esa reclamación ante los tribunales ha tenido importantes repercusiones en los planes urbanísticos de Aramón.

Tras demandar al grupo de la nieve, los vecinos de Cerler solicitaron al Ayuntamiento de Benasque que declarase litigiosa la reparcelación de la actual urbanización alegando que su propiedad se iba a dirimir en un pleito. En un primer momento, el Consistorio rechazó esa petición porque los técnicos municipales consideraron que no estaba justificada. Sin embargo, aprovechando una subsanación de errores, los demandantes volvieron a reclamar la litigiosidad.

Una vez más, los jurídicos del Ayuntamiento volvieron a considerar que la solicitud era improcedente. Sin embargo, el equipo de gobierno, encabezado por Abadías, decidió entonces pedir otro informe a un bufete de abogados de Madrid. Ese despacho externo sí concluyó que la corporación debía declarar la litigiosidad, y su dictamen fue remitido a todos los concejales para que decidieran.

El asunto se votó a tres días de las elecciones locales de mayo de 2007, entre grandes presiones y con división interna en los grupos. Al pleno no asistieron los dos ediles del PSOE, uno de los tres del PP y uno de los cuatro del PAR. Además, un representante popular y otro aragonesista se ausentaron al estar implicados en la demanda contra Aramón.

Finalmente, el equipo de gobierno ganó la votación y los suelos fueron declarados litigiosos, pero el acuerdo se adoptó con solo dos votos a favor de nueve posibles, con una abstención y contra el criterio de los técnicos municipales.

Aramón anunció ese mismo día que consideraba que la decisión era nula y los tribunales le acabaron dando la razón, pero las sentencias llegaron cuando ya se había frustrado la venta de los suelos que posee en la zona de ampliación de la urbanización de Cerler.

El grupo de la nieve había llegado a un acuerdo para obtener más de 100 millones de euros por esos terrenos, cantidad que se reduciría a unos 70 una vez pagados los correspondientes impuestos. Sin embargo, a finales de 2007 los compradores se echaron atrás en la operación agarrándose a una cláusula del contrato que les permitía resolverlo si el 31 de diciembre de ese año las parcelas no estaban inscritas a su nombre libres de cargas.

Esa condición no pudo cumplirse porque la litigiosidad conllevaba que la inscripción registral de los terrenos estuviera condicionada por la advertencia de que su propiedad iba a dirimirse en una demanda judicial -los suelos de Aramón no estaban afectados por esa carga, pero muchos habían sido permutados por otros que sí-.

Cuando el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) confirmó la anulación del acuerdo y levantó la litigiosidad, la crisis y el hundimiento de la burbuja inmobiliaria habían desplomado los precios del suelo, lo que impidió que Aramón pudiese llegar a otro acuerdo igual de ventajoso.

El varapalo económico que sufrió el ‘holding’ hizo que su consejo de administración decidiera pedir al Ayuntamiento benasqués la reparación del daño causado. El grupo podía haber reclamado la responsabilidad patrimonial del Consistorio desde hace meses -tenía un año desde que el fallo del TSJA fue firme-, pero lo ha hecho una vez que el PP ha arrebatado la alcaldía al PAR. Según ha podido saber este periódico, la decisión de pedir ahora los 72 millones de indemnización está relacionada con el interés de Aramón en que las acciones legales contra la corporación no favorecieran electoralmente a Abadías.

En su momento, el grupo de la nieve anunció que también reclamaría la responsabilidad patrimonial personal del alcalde y de los dos ediles que votaron a favor o se abstuvieron en el pleno de mayo de 2007. Sin embargo, finalmente no ha sido así, aunque Aramón considera que el Consistorio sí que podría hacerlo como responsables del perjuicio que se le achaca.

Aramón reclama 72 millones al consistorio por el pleito de Cerler

Pide una reparación por los perjuicios que la nota de litigiosidad de las fincas le causó.

Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque, la empresa del hólding Aramón que gestiona la estación de esquí de Cerler, ha presentado una reclamación patrimonial al Ayuntamiento de Benasque en la que solicita 72.321.683,67 euros –más los intereses legales– por los daños que, a su entender, le causó la inscripción de la situación de litigiosidad en las notas registrales de las fincas que hace unos años iba a vender por 120 millones de euros a la promotora Alto Cerler XXI. El acuerdo se rompió al no poder disponer de los suelos en la fecha que habían acordado esta última empresa, a la que Aramón terminó indemnizando por no haber cumplido su parte del contrato.

La inscripción registral se realizó a instancias del consistorio, aunque posteriormente el Juzgado Contencioso Administrativo de Huesca anuló el acuerdo del pleno que lo determinó, tomado un par de días antes de las elecciones municipales del 2007.

FECHA El escrito, firmado por el entonces presidente de Aramón y hoy consejero de Economía y Empleo del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, está fechado el 9 de julio y fue registrado en el ayuntamiento el 13.

La operación urbanística de Cerler era hace cuatro años la pieza clave de la estrategia financiera de Aramón: esos 120 millones tenían como destino sanear las cuentas de varias empresas del hólding e impulsar las dos joyas de la corona, la pujante Formigal y la proyectada Castanesa. Sin embargo, un grupo de vecinos reclamó la propiedad de los terrenos alegando que la estación de Cerler no había cumplido los compromisos que le darían derecho a poseer esos suelos.

El consistorio decidió inscribir en el Registro de la Propiedad la situación de litigiosidad de la llamada Unidad de Ejecución UE-2, anotación que impide transmitir las parcelas y que el Contencioso ordenó retirar. Sin embargo, el pleito continúa vivo. Tanto el juzgado de Boltaña como la Audiencia Provincial de Huesca desestimaron la demanda de los vecinos, aunque estos últimos recurrieron al Supremo, cuya Sala de lo Civil tiene cerrada la instrucción. Únicamente le resta señalar fecha para que los magistrados deliberen y emitan su fallo.

PERJUICIO El hólding semipúblico del esquí lleva años sosteniendo que la operación se frustró por la inscripción de la litigiosidad. Sin embargo, tanto el anterior equipo de gobierno municipal de Benasque que lideraba José Ignacio Abadías (PAR) como los demandantes mantienen una tesis distinta.

Estos mantienen que la operación inmobiliaria no llegó a materializarse porque Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque no logró tramitar la reparcelación de la Unidad de Ejecución UE-2, principalmente por la imposibilidad de abastecer de agua la zona.

En 2007, Fomento pidió que la reparcelación fuera autorizada por silencio administrativo. Los tribunales lo rechazaron.