El ‘holding’ aragonés de la nieve, Aramón, ha reactivado la demanda millonaria contra el Ayuntamiento de Benasque, presentada hace tres años al considerar que frustró la venta de unos terrenos urbanizables en Cerler. La reclamación por quebranto patrimonial asciende a 72 millones de euros y se dejó en suspenso para negociar, aunque no se avanzó «nada» y ahora expiraba el plazo para retomar el pleito o desistir definitivamente. Fuentes oficiales de la DGA aseguraron ayer a este diario que su intención es llegar a un acuerdo con el equipo de gobierno municipal y subrayaron que si Aramón ha reanudado la vía judicial es por evitar «posibles responsabilidades como administradores» de sus consejeros por renunciar a un derecho. «Nuestra intención no es judicializar ni negociar desde una posición de fuerza», señalaron.
El consejo de administración de Aramón decidió hace dos semanas seguir adelante con el litigio judicial, que interpuso una de las empresas del grupo, Fomento y Desarrollo del Valle de Benasque S. A., aunque no quiso hacer pública la decisión. Los servicios jurídicos de la DGA consideran que existe base legal, aunque el Consejo Consultivo de Aragón ya advirtió en un informe que no existía causa-efecto entre el acto municipal, declarar litigiosos los terrenos urbanizables y el daño, la venta fallida a la sociedad Alto Cerler XXI.
La reactivación de la demanda solo se comunicó al Ayuntamiento de Benasque la semana pasada y su alcalde, el aragonesista José Ignacio Abadías, reclamó de inmediato una reunión con la presidenta de Aramón y consejera de Economía, Marta Gastón, que lo recibió ayer en su despacho junto al concejal de Turismo, Félix Jordán de Urriés. Tanto Gastón como el número dos del presidente Lambán y consejero de Aramón, Julio Tejedor, transmitieron a los ediles la misma versión dada horas después a este diario: «Nos han dicho que era un cuestión legal y no política, que no podían desistir en la vía judicial porque les podrían acusar de actuar en contra de los propios intereses de Aramón. Nos han dejado muy claro que su voluntad no era abrir una guerra en los tribunales, sino llegar a un acuerdo».
El alcalde de Benasque no ocultó su sorpresa por la iniciativa de Aramón, aunque aseguró que no estaba preocupado «en exceso» porque desde la DGA les habían aclarado que su pretensión no es llegar «hasta el final» en el Juzgado de los Contencioso-Administrativo de Huesca y, por otra parte, al considerar que «no existe causa para el litigio como ya dijo el Consejo Consultivo de Aragón».
El conflicto comenzó en 2007, cuando el Ayuntamiento de Benasque gobernado por Abadías, en vísperas de elecciones y en contra del criterio de sus técnicos, declaró litigiosos unos terrenos en Cerler. La decisión contó con solo dos votos a favor de los nueve posibles. El objetivo de la medida era bloquear cualquier operación sobre unas hectáreas que los antiguos propietarios reclamaban porque consideraban que se había incumplido el contrato de compraventa firmado en 1967, entre cuyas condiciones estaba la devolución de un 10% del suelo ya urbanizado.
Según Aramón, esta decisión afectó a la operación de compraventa de los terrenos contiguos de su propiedad, por los que pretendía obtener 100 millones. De hecho, la sociedad compradora se echó atrás acogiéndose a una cláusula que le permitía hacerlo y, para colmo, tuvo que hacer frente a una indemnización.
El grupo aragonés de la nieve ganó los pleitos abiertos. Por un lado, el Tribunal Supremo rechazó la demanda de los vecinos. Y por otro, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón confirmó la nulidad del acuerdo plenario que declaró litigiosos los terrenos.
Sobre esta base, los socios de Aramón, el Gobierno de Aragón e Ibercaja, reclamaron daños y perjuicios al Ayuntamiento de Benasque, aunque el proceso quedó en suspenso al iniciar negociaciones con la entonces alcaldesa, la popular Luz Gabás. El plazo para retomar la demanda o desistir de ella definitivamente expiraba el pasado día 8 y como no se había avanzado, se reactivó. La ausencia de avances fue confirmada tanto por la DGA como por el actual alcalde, de nuevo José Ignacio Abadías.
El aragonesista consideró que en los últimos cuatro años ha habido una «inactividad total» y que ahora existe un compromiso por ambas partes de desatascar el planeamiento para la ampliación de la urbanización de Cerler, así como las obras pendientes de ejecutar por parte de Aramón. Eso sí, en la reunión celebrada ayer en la DGA no se fijaron plazos por ambas partes. «La voluntad es la de llegar a acuerdos y retomar la normalidad», añadió.
El consejo de administración de Aramón también acordó el pasado 2 de octubre entablar negociaciones con los dueños de la estación de Astún para sellar la paz y poner así fin a la demanda por competencia desleal. Este es el segundo frente judicial que el Gobierno de Lambán ha heredado sin que, a su juicio, se haya avanzado en su resolución durante los últimos cuatro años. En este caso, la estación del valle del Aragón solicita una indemnización millonaria y acusa al grupo aragonés de la nieve, participado a partes iguales por el Ejecutivo autonómico e Ibercaja, de abusar de su posición dominante en el mercado y de percibir cuantiosas ayudas que tacha de «ilegales».
Fuentes oficiales de la DGA se mostraron optimistas y consideraron que se han acercado posturas con los responsables de Astún, la sociedad Eivasa. La solución al conflicto es más que necesaria para la Administración autonómica, ya que no solo se enfrenta a una indemnización millonaria sino a la reclamación de devolver de las «ayudas de Estado» concedidas, lo que pondría en juego su futuro. Eivasa considera como tales tanto las sucesivas ampliaciones de capital que se han realizado –nueve desde 2003 y que ascienden a 140 millones de euros– como los convenios urbanísticos de Sallent de Gállego, Panticosa, Benasque y Castanesa. No obstante, ninguna de estas operaciones impulsadas por los gobiernos de Iglesias se han llegado a desarrollar por la crisis y las distitntas vicisitudes que han sufrido.