Aramón acudirá al supremo para evitar el concurso
La ilegal tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, declarado nulo por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la semana pasada por carecer de la evaluación ambiental estratégica que la UE exige para este tipo de actuaciones, supone, además del carpetazo a su proyecto emblemático, una seria amenaza para la propia existencia del hólding semipúblico del esquí aragonés, participado al 50% por la DGA e Ibercaja.
Aramón acumula una deuda de 78 millones de euros cuyo grueso –71– logró refinanciar –aplazar los pagos– a finales del año pasado al tiempo que el socio financiero aportaba una línea de crédito de 12 millones para garantizar liquidez, y mientras los otros 8 quedan garantizados mediante avales.
ACTIVOS TÓXICOS Sin embargo, la ilegalidad del PGOU de Montanuy ha convertido en activos tóxicos los casi 30 millones de euros que Aramón se gastó en adquirir suelos –más de 20, la mitad en pastos y eriales y el resto en suelo urbanizable de un pueblo de 300 habitantes– y en pagar proyectos –8– que ahora resultan inservibles.
Esas cifras sitúan a Aramón al borde del concurso de acreedores, ya que el resultado de explotación de nueve millones de euros –antes de impuestos y del pago de intereses de la deuda– con los que prevé cerrar el ejercicio del 2013 resultan insuficientes para enjugar aquellas inversiones, que, tras la nulidad del PGOU, han pasado de inusualmente elevadas –señales de 36.000 euros para comprar una hectárea de erial a 240.000– a fallidas.
El consejo de administración del consorcio se reunirá hoy para debatir la situación en la que se encuentra tras haber avalado el TSJA las denuncias de ilegalidad de la asociación conservacionista Naturaleza Rural y tratar de buscar una solución.
Así, fuentes del hólding apuntaron que el consejo adoptará, con casi total seguridad, la decisión de que sus servicios jurídicos anuncien ente el TSJA la presentación, en nombre de su filial Castanesa Nieve, de un recurso de casación ante el Supremo contra la sentencia. Fuentes políticas señalaron que la DGA actuará en el mismo sentido, lo mismo que prevé hacer el Ayuntamiento de Montanuy.
Las posibilidades de que el Supremo revoque la sentencia del TSJA son escasas. Sin embargo, la presentación de los recursos –el Supremo tarda más de un año en emitir los autos de inadmisión y hasta tres en resolver las demandas– le daría a Aramón un margen de tiempo para renegociar con las entidades financieras y evitar la insolvencia.