Candanchú requiere fondos y recortar gastos fijos para salvarse de la liquidación
La estación de Candanchú requiere una «forzosa capitalización mínima» y un recorte de los costes de personal y de explotación, además de un equipo de dirección, si pretende salvarse de la liquidación. Esta es la tesis del informe del administrador concursal, Regino Riazuelo, que se muesta convencido de que la sociedad Explotaciones Turísticas de Cancanchú puede salir adelante siempre y cuando se llegue a un acuerdo con los acreedores, a los que se debe 7,7 millones de euros y con los que ya está negociando una quita sobre las deudas y un periodo de espera. No obstante, la empresa aún no ha presentado una propuesta de convenio ni un plan de viabilidad, imprescindibles para evitar su desaparición.
El informe, firmado el pasado 25 de marzo, cuestiona abiertamente la gestión de Etuksa durante los últimos años, hasta el punto de acusar a sus administradores de intentar «disimular» su crítica situación financiera en las cuentas desde 2010. En este sentido, incide en que las auditorías ponen en evidencia que aplicaron criterios no aceptados en el Plan General de Contabilidad, lo que evitó que se incurriera en causa de disolución en los últimos tres ejercicios por disponer de un patrimonio neto inferior a la mitad de su capital social. Y apunta que ni con las ampliaciones desembolsadas se hubiera librado.
Esta no es la única crítica que hace Regino Riazulo a la gestión de Etuksa, a cuyos administradores recrimina por no haber afrontado en 2007, cuando las cuentas de explotación ya eran «muy negativas», una reestructuración de la empresa o por no haber presentado ya un concurso de acreedores. A su juicio, esta actitud agravó la situación de insolvencia.
De hecho, el administrador concursal considera que las dificultades de crédito y capitalización son debidas precisamente a la falta de reestructuración de la empresa y de un proyecto de futuro. «Sin un plan de negocio y viabilidad, cualquier aportación de recursos no tiene más utilidad que financiar las pérdidas ya incurridas», señala antes de concluir que esto provocó que ningún acreedor financiero haya creído «razonable» aportar recursos.
El informe también incide en que mientras Etuksa negociaba su venta no tomó medidas legales y gestión «en espera de los resultados de dichas negociaciones», que no fructificaron, lo que «empeoró» la situación.
El análisis que hace de las cuentas no deja lugar a la duda de la negativa evolución de Etuksa, agravada por los malos resultados de explotación por la crisis y por las malas condiciones meteorológicas para la práctica del esquí en las dos últimas temporadas.
Necesidad de quitas
El informe incide de nuevo en que con los activos de la sociedad, valorados en 7,1 millones de euros, ni siquiera se podría cubrir la deuda con sus más de 150 acreedores, que asciende a más de 7,7 millones. No obstante, señala que con las quitas y esperas se podría «neutralizar» ese déficit.
El patrimonio neto es «prácticamente inexistente», 53.771 euros, como consecuencia de las pérdidas millonarias de los últimos años. Estas han consumido los recursos propios pese a las ampliaciones de capital. La estación tampoco dispone de la «mínima autonomía f inanciera» y desde 2010 carecía de activos líquidos suficientes para atender los pagos que vencían a corto plazo. De hecho, optó por dejar de pagar, especialmente, a las administraciones.
El administrador concursal cita expresamente la «gestión personalista» del socio, consejero, apoderado y trabajador de Etuksa, Eduardo Roldán, y la falta de un equipo directivo «cualificado y con poderes para gestionar la empresa en tiempos de crisis».
TRASVASE DE DEUDA DE LARGO A CORTO PLAZO
El administrador concursal señala en su informe que los gestores de Etuksa optaron por hacer un trasvase de deuda, ya que desde 2009 redujeron sus préstamos bancarios a largo plazo y dispararon la que tenían contraída a corto plazo, que se disparó en cuatro años de 1,4 a 4,9 millones de euros. Esta práctica recayó sobre sus proveedores (de deberles 190.000 euros se pasó a 1 millón) y las administraciones públicas (de 415.000 euros a casi 2,6 millones). «El total de las deudas a corto plazo sobre el total del pasivo pase de un 25,19% en 2009 a un 82,80% en 2012», apunta antes de incidir en que el cómputo global se disparó.
También se pone en tela de juicio el «uso abusivo» de las cuentas pendientes de aplicación. En dichas partidas, añade el informe, aparecen «un elevado número de apuntes, tanto de cargo como de abono, con conceptos poco descriptivos». Y destaca el administrador concursal, Regino Riazuelo, que en algunos ejercicios el movimiento de estas partidas llegó a superar el 50% de la cifra de negocio.