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Las organizaciones ecologistas piden cambio de modelo de desarrollo en la montaña aragonesa

Tras haber sido desestimados los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo por el Ayuntamiento de Montanuy, el Gobierno de Aragón y Castanesa Nieve, contra la sentencia del TSJA que declaró nulo el PGOU de Montanuy aprobado en 2006, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón exige que todos los proyectos sean evaluados con las máximas garantías ambientales y socioeconómicas, pero sobre todo, demandan otros modelos de desarrollo para las zonas de montaña, y en general, para todo el medio rural, diferentes de aquellos que, consideran, nos han llevado a la situación de crisis actual.

Ponen como ejemplos de proyectos sostenibles, el desarrollado en la Comarca del Sobrarbe, donde no existen pistas de esquí, el centro de BTT “Zona Zero”, surgido desde el territorio, de iniciativa privada, con poca inversión pública (120.000 euros en 6 años) y que aprovecha los recursos integrados en el medio natural (los senderos), crea puestos de trabajo, desestacionaliza el turismo (unas 50.000 pernoctaciones anuales) y crea riqueza en los habitantes de la zona (unos 5 millones de euros año). Asimismo, solicitan una auditoría independiente sobre la situación económica actual de Aramon y un análisis serio de la viabilidad económica de las estaciones de esquí alpino a medio y largo plazo.

Señalan, desde la Plataforma que, el dejar sin efecto el PGOU supone que los terrenos recalificados como urbanizables dejan de serlo y por tanto su valor económico se devalúa considerablemente. Castanesa Nieve SL, constituida en 2005 por ARAMON (participada al 50% por el Gobierno de Aragón y al 50% por Ibercaja), compró 180 hectáreas de terreno rústico con un coste de 20,5 millones de euros, llegando a pagar por algunos terrenos que iban a ser recalificados 240.000 euros la hectárea. Estos terrenos han sido tasados recientemente (antes de la sentencia del TS) por un experto independiente en 13,5 millones de euros. A 2014 la deuda de Castanesa Nieve era de 34 millones de euros.

Aramon, explican en nota de prensa, que explota cinco de las siete estaciones aragonesas de esquí alpino, arrastra una deuda total de más de 60 millones. Fuentes de la compañía consideran que si mantiene los resultados de más de ocho millones anuales de ingresos en las últimas campañas podrá seguir afrontando la refinanciación de su deuda, aunque admitieron que la sentencia descuadra su balance.

Recuerdan que, en 2010, el INAGA aprobó el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, cuyo coste estaba valorado en 200 millones de euros. La ampliación contaría con un dominio esquiable de 3448 ha, 56 pistas (59,6 km esquiables). La declaración ambiental ha sido prorrogada en dos ocasiones y la última prórroga con el Gobierno PP-PAR, es de validez hasta 2020.

ARAINFO

Ampliación de la estación de esquí de Cerler: una catástrofe económica y ambiental evitada a tiempo

Organizaciones ecologistas demandan un cambio de modelo de desarrollo en la montaña aragonesa, una auditoría independiente sobre la situación económica actual de Aramon y un análisis serio de la viabilidad económica de las estaciones de esquí alpino a medio y largo plazo

Recientemente se han desestimado los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo (TS) por el Ayuntamiento de Montanuy, el Gobierno de Aragón y Castanesa Nieve, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaró nulo el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy aprobado en 2006.

El órgano de evolución ambiental del Gobierno de Aragón (INAGA) concluyó que no debía realizarse la evaluación de impacto ambiental del proyecto y la sentencia del TS desautoriza esta decisión y anula el PGOU. La sentencia del TS fundamenta en la falta de evaluación ambiental del PGOU que pretendía la construcción de 5.300 viviendas en un municipio de 221 habitantes, 2.500 de ellas en las 50 hectáreas de terrenos recalificados a la carta para Aramón y supeditadas a la ampliación de la estación de esquí de Cerler.

“El dejar sin efecto el PGOU supone que los terrenos recalificados como urbanizables dejan de serlo y por tanto su valor económico se devalúa considerablemente”, afirma la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón para recordar que “Castanesa Nieve SL, constituida en 2005 por Aramon (participada al 50% por el Gobierno de Aragón y al 50% por Ibercaja), compró 180 hectáreas de terreno rústico con un coste de 20,5 millones de euros, llegando a pagar por algunos terrenos que iban a ser recalificados 240.000 euros la hectárea”. Estos terrenos “han sido tasados recientemente (antes de la sentencia del TS) por un experto independiente en 13,5 millones de euros. A 2014 la deuda de Castanesa Nieve era de 34 millones de euros”.

La Plataforma recuerda que Aramon, que explota cinco de las siete estaciones aragonesas de esquí alpino, arrastra una deuda total de más de 60 millones. “Fuentes de la compañía consideran que si mantiene los resultados de más de ocho millones anuales de ingresos en las últimas campañas podrá seguir afrontando la refinanciación de su deuda, aunque admitieron que la sentencia descuadra su balance”, añaden.

Desde la Plataforma también recuerdan que en 2010 el INAGA aprobó el proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa, cuyo coste estaba valorado en 200 millones de euros. La ampliación contaría con un dominio esquiable de 3448 ha, 56 pistas (59,6 km esquiables). La declaración ambiental ha sido prorrogada en dos ocasiones y la última prórroga con el Gobierno PP-PAR, es de validez hasta 2020.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón exige una vez más que todos los proyectos sean evaluados con las máximas garantías ambientales y socioeconómicas, pero sobre todo demandan otros modelos de desarrollo para las zonas de montaña, y en general para todo el medio rural, “claramente diferentes de aquellos que nos han llevado a la situación de crisis en que nos encontramos”.

En este sentido, subrayan que existen ejemplos de proyectos sostenibles, como el desarrollado en la comarca del Sobrarbe, donde no existen pistas de esquí, el centro de BTT “Zona Zero”, “surgido desde el territorio, de iniciativa privada, con poca inversión pública (120.000 euros en 6 años), aprovecha los recursos integrados en el medio natural (los senderos), crea puestos de trabajo, desestacionaliza el turismo (unas 50.000 pernoctaciones anuales) y crea riqueza en los habitantes de la zona (unos 5 millones de euros año)”.

Por último, solicitan una auditoría independiente sobre la situación económica actual de Aramon y un análisis serio de la viabilidad económica de las estaciones de esquí alpino a medio y largo plazo.