La reserva de ordesa amenazada
El pasado 19 de noviembre, el Ayuntamiento de Sallent de Gállego (Huesca) y Aramón anunciaron la constitución de una sociedad mercantil conjunta para ampliar la urbanización de Formigal en 30 hectáreas de monte público, situado dentro de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala, protegida por la UNESCO. De esta manera, Aramón pretende financiar la ampliación de la estación de Formigal.
Desde hace tiempo es conocido que los costos de la ampliación de Formigal hacia Espelunciecha iban a estar financiados por una operación urbanística en Articalengua y Las Bozosas. Sin embargo, el Estudio de Impacto Ambiental de la ampliación de la estación de esquí no incluyó la construcción de estas 30 hectáreas de monte público.
Esta solución a los problemas económicos no es algo aislado, la semana pasada ya publicamos que la estación de Cerler incluía en su proyecto de ampliación un plan urbanístico en Montanuy para construir viviendas y aparcamientos.
Plataforma para la Defensa de las Montañas
Para la Plataforma para la Defensa de las Montañas de Aragón, que está luchando por evitar estas nuevas construcciones, esta es la confirmación de la verdadera razón de la ampliación de Formigal: servir de excusa para la construcción de nuevas urbanizaciones. Para ellos, la ampliación y creación de nuevas estaciones de esquí es un negocio deficitario y que sólo se sostiene con una gran inversión de dinero público en el sector de la construcción inmobiliaria. La Plataforma entiende que tras esta actuación sólo hay una especulación salvaje, pues el progreso en los valles pirenaicos radica en el respeto a los paisajes y la naturaleza, y no en seguir alimentando más y más a las inmobiliarias.
Además, esta línea de actuación se contradice con la opinión de expertos de turismo de nieve del resto de Europa, como el Sr. Laimer, consejero de urbanismo y medio ambiente de la región de Bolzano (Italia), quien recientemente en Zaragoza manifestó que “hay que evitar las urbanizaciones fantasmas, y evitar que el terreno que cuesta mucho acabe en manos de personas que sólo pasan en estos valles dos o tres semanas”. Efectivamente, de las cerca de 1.200 viviendas que construirá la sociedad mercantil del Ayuntamiento de Sallent de Gállego y Aramón, muy pocas llegarán a asentar población. Serán segundas viviendas, casas cerradas donde no vive nadie, porque la gente las compra esperando que se revaloricen en un futuro no muy lejano.
Por eso, la Plataforma para la Defensa de las Montañas solicita al Gobierno de Aragón que en Ordenación del Territorio se rechace este proyecto urbanístico. Si no, denunciaran ante organizaciones superiores la falta de gestión de la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñamala
Nuevo impuesto ambiental
A estos problemas económicos se une además el nuevo impuesto medioambiental, que en años malos, podría acabar con los escasos beneficios de algunos centros invernales. El Gobierno aragonés va aplicar a partir del próximo año este impuesto, llamado ecológico, sobre los tendidos y remontes de las estaciones de esquí. Este coste de explotación será difícil de soportar por algunas estaciones.
Aramón será quien más tenga que pagar. Se verá obligado a desembolsar entre un millón y un millón y medio de euros por sus cinco estaciones: Formigal, Panticosa, Cerler, Valdelinares y Javalambre. La campaña pasada, que fue mala, Aramón cosechó pérdidas. El grupo perdió un 27% de esquiadores en Formigal y un 42% en Cerler, sus dos pistas más importantes. La otra pirenaica, Panticosa, acumula números rojos desde hace un lustro y su continuidad está pendiente de un plan de inversión ligado a desarrollos urbanísticos. Ante esta situación, las estaciones probablemente tendrán que aumentar el precio de los pases y abonos a sus clientes.
El consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, afirma «entender conceptualmente el impuesto como una medida de sensibilización», aunque espera que «se pueda hacer una implantación gradual» y que «la tasa se ciña a los grandes remontes».
Mientras, el director de Candanchú, Eduardo Roldán, es mucho más crítico con el tributo, que califica de «barbaridad» y que supone «una nueva vuelta de tuerca» a un sector «ya de por sí débil» y dependiente del clima. «El funcionamiento y mantenimiento de los remontes es complejo y depende de una tecnología cara y no es lógico que unas empresas tan frágiles como las nuestras, tengan que soportarlo», añade. Asimismo el director de Candanchú critica que la medida se haya anunciado «por sorpresa», cuando la temporada ya está planificada y los precios anunciados.
Roldán está a la espera de que el Gobierno aragonés convoque una reunión para explicar cómo se plantea el tributo y cómo se recaudará, pero reconoce que si el proyecto sigue adelante «no tendremos más remedio que defendernos, presentando los recursos que tengan cabida y llegando a los tribunales si hace falta».