La nieve y el futuro del pirineo aragonés

Zaragoza.- El deporte del esquí ha sido uno de los grandes alicientes de la recuperación económica de los valles pirenaicos oscenses que desde los años 60 han vivido una despoblación dramática. Hasta el punto de que Huesca es la provincia española con más núcleos abandonados. Sin embargo, la entrada del Gobierno en este negocio a través de Aramón, participada a partes iguales con Ibercaja, ha provocado muchas veces el enfrentamiento entre los ecologistas, que defienden la conservación de los valles en su estado actual, y los propios pobladores, que ven en la nieve el “desarrollo” que les negó la huida a las ciudades.

El pasado mes de junio, la Plataforma por la Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) presentó a la sociedad un documento denominado “Informe sobre el esquí alpino y el urbanismo en las zonas de montaña de Aragón”. Pocos días antes, los medios de comunicación revelaban la puesta en marcha de la segunda fase de urbanización en la localidad oscense de Cerler. Según las previsiones oficiales, la venta de suelo reportará a la sociedad Aramón en torno a los 120 millones de euros, con una plusvalía del mil por cien.

La situación del desarrollo turístico relacionado con el esquí ha dado un vuelco importante desde la aprobación del Plan de Ordenación Urbana de este municipio, poco después de que se inaugurara la estación de Cerler, en 1970, cuando era un núcleo despoblado dependiente de Benasque. Aún así, ya entonces se planteó la urbanización de viviendas y hoteles que se desbloqueó el pasado 24 de febrero con la aprobación de un nuevo Plan Parcial.

Unos cuantos años después, en 2002, se constituye Aramón, para salvar la situación de las estaciones de esquí en el Pirineo aragonés, que era poco halagüeña. Formigal, Panticosa y Cerler, controladas por el Gobierno, eran deficitarias y veían comprometido su futuro a una serie de modernizaciones muy costosas. Según la PDMA, con la entrada en liza de la empresa “la nueva gestión pasará por asociar la estación de esquí a recalificaciones y urbanizaciones, una salida posible gracias a la unión del poder económico de Ibercaja y sus aliados, y del poder político del Gobierno de Aragón”.

Oposición ecologista

No obstante, el modelo de la sociedad parapública encontró la oposición frontal de esta plataforma formada por miembros de grupos ecologistas, como SEO Birdlife y Ecologistas en Acción, que se unieron con motivo de uno de los proyectos-estrella de la compañía: la ampliación de la estación de Formigal. Esta actuación, que fuentes oficiales han cifrado en más de 13,7 millones de euros y que llega hasta los 50 en las piezas de la prensa regional, suponía un incremento importante en la superficie esquiable en el valle de Espeluciencha, acompañado de actuaciones en carreteras, la construcción de un gran aparcamiento y la instalación de un telecabina y varios telesillas.

Precisamente, la afectación de estas obras en un lago de aguas procedentes del deshielo –el Ibón de Espeluciencha- se convirtió en la bandera de los ecologistas de la PDMA contra el desarrollo de lo que califican como el “monocultivo del esquí” en los valles pirenaicos. Así, el 20 de marzo de 2004 se producía una concentración protagonizada por estos grupos que terminó con la lectura del Manifiesto para la Defensa de las Montañas, a cargo de Eduardo Martínez de Pisón, catedrático de Geografía Física de la Universidad Autónoma de Madrid y Premio Nacional de Medio Ambiente.

Además de su presencia en los valles, la PDMA llevó su oposición a la vía legal, con la recogida de 30.000 firmas a favor de una Iniciativa Legislativa Popular en la que se instaba al Gobierno de Aragón a promulgar una Ley de Protección de la Alta Montaña. Paradójicamente, ésta era una de las promesas del presidente aragonés, Marcelino Iglesias, desde su discurso de investidura. Sin embargo, su partido, el PSOE, y su socio en el Gobierno, el PAR, rechazaron la toma en consideración de la misma.

Debate en las Cortes

A pesar de su fugaz paso por las Cortes, el debate sobre la Ley de la Montaña ha permanecido vivo en el afán del Legislativo por regular, de un modo u otro, el creciente desarrollo urbanístico vivido en los núcleos de montaña al albur del turismo relacionado con el esquí. Así, el vicepresidente del Ejecutivo y líder del PAR, José Ángel Biel, presentó en febrero las Directrices Parciales del Pirineo bajo la premisa de conjugar “conservación” y “desarrollo” y anunció una renuncia definitiva a la regulación global de las montañas.

En marzo de este año, el consejero de Industria, Arturo Aliaga, reconocía ante la Comisión de Industria de las Cortes, que la “precipitación” y las “prisas” con que se había llevado a cabo la ampliación de Formigal habían hecho reflexionar al Gobierno sobre el rumbo de Aramón. El propio consejero delegado de la empresa, Javier Blecua, reconocía por esas fechas en una entrevista que las obras “se plantearon sólo en seis meses cuando se tendrían que programar en dos años” y que “se pecó de ambición”.

Al mismo tiempo, una actuación de Aramón en Cerler motivó ese mes una multa del Gobierno de Aragón a Aramón de 200 euros por instalar el telesilla “Rincón del cielo” antes de recibir las autorizaciones pertinentes. Desde la oposición se criticó entonces que había sido el propio presidente, Marcelino Iglesias, quien inaugurara en enero las instalaciones el día después de que la empresa constructora recibiera la licencia de obras.

Proyectos de futuro

Otro de los lugares de expansión del deporte blanco en Aragón es el valle de Castanesa. Situado en la frontera con Cataluña y con un acceso carretero por la N-330, este valle era, hasta el pasado verano, el lugar elegido por Aramón para ampliar Cerler. En concreto, se cerró un acuerdo para arrendar 500 hectáreas de terreno a sus propietarios en los pueblos de Castanesa, Ardanuy, Fontachina y Ribera a razón de 120 euros anuales la hectárea.

A falta de que se materialice el proyecto, el Ayuntamiento de Montanuy, una localidad con 277 vecinos situada al pie de Catanesa, prepara un nuevo Plan General de Ordenación Urbana en el que se contempla la construcción de entre 1.500 y 2.000 viviendas y hasta 1.200 plazas hoteleras destinadas a absorber la nueva demanda generada por la estación. Su alcalde, José María Agullana, se muestra a favor del proyecto de Aramón, y apunta que fue el propio Consistorio el que impulsó la ampliación con el encargo de estudios.

Ésta, como otras actuaciones de Aramón en las estaciones turolenses de Gúdar-Javalambre y Valdelinares, permanece en el aire y deberán pasar por el preceptivo estudio de impacto medioambiental. De momento, tampoco se ha cerrado un acuerdo claro con el Ayuntamiento de Panticosa para renovar esta estación, que requeriría de una inversión de hasta 60 millones de euros, ligada a una expansión urbanística y al aumento de plazas hoteleras para garantizar su viabilidad.