La justicia anula el plan urbanístico de castanesa para ampliar cerler
EL PERIODICO DE ARAGON
La Justicia anula el plan urbanístico de Castanesa para ampliar Cerler
El TSJA declara ilegal el proyecto por haber omitido la evaluación ambiental estratégica de la Unión Europea. El fallo tiene en cuenta la riqueza ecológica del entorno y determina que podía generar graves afecciones
El plan urbanístico de Castanesa, ligado a la ampliación de las pistas de esquí de Cerler y a un macroproyecto residencial en el municipio pirenaico de Montanuy, es «nulo de pleno derecho» y no verá la luz, al menos de momento. Así lo ha decidido el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), cuya Sala de lo Contencioso Administrativo ha dado carpetazo a un propuesta nacida en plena burbuja inmobiliaria y que afectaba a 17 pequeños núcleos de la Ribagorza.
La resolución de la Justicia aragonesa supone un revés tanto al Gobierno de Aragón, como a Aramón y al Ayuntamiento de Montanuy, cabecera del municipio, a quienes había demandado la asociación ecologista Naturaleza Rural. A pesar de que desde el primer momento el proyecto nació con polémica y mucha controversia, fue una de las grandes apuestas estratégicas del anterior Ejecutivo PSOE-PAR, y en especial del equipo de Marcelino Iglesias, que se volcó en este plan con la intención de dinamizar la economía de la zona y convertir uno de los valles de más riqueza ecológica del Pirineo en el mayor dominio esquiable de Europa.
IRREGULARIDADES El tribunal juzgador considera que el proyecto presenta «irregularidades procedimentales», en concreto la omisión de la evaluación ambiental estratégica (EAE), que emana de una directiva del Parlamento y del Consejo Europeo y prevalece sobre la ley aragonesa. En opinión de la sala, la ausencia de este «trámite de carácter esencial determina la nulidad de pleno derecho del PGOU». En este sentido, la sentencia se refiere a jurisprudencia del Supremo según la cual «la evaluación ambiental de los planes ya era exigible» a partir del 21 de julio del 2004.
En el caso de Castanesa, el Ayuntamiento de Montanuy había encargado los trabajos de redacción del plan general en una sesión celebrada el 17 de mayo de ese año, pero su aprobación definitiva no se produjo hasta después del 21 de julio del 2006. Por este motivo, el Inaga consideró que era inviable someter este planeamiento al procedimiento de evaluación ambiental, «dado el avanzado estado de tramitación del mismo».
Sin embargo, el TSJA sostiene que tal decisión «no puede considerarse motivada», dado que «no se alcanza a comprender qué inviabilidad puede resultar en el caso concreto por el estado de la tramitación, cuanto ni tan siquiera se había procedido a la aprobación provisional del mismo».
Además, la sala hace suyo el argumento de la parte recurrente al valorar «la alta calidad ambiental del municipio en cuestión, dada la gran cantidad de superficie incluida como espacio protegido o dentro de la Red Natura 2000 y el gran impacto sobre el territorio en atención a las actuaciones proyectadas». De hecho, basándose en el informe de un biólogo, no duda en calificar de «ciertamente significativas» las afecciones al medio ambiente del plan impugnado y la ausencia de criterios ambientales y paisajísticos, máxime en una zona próxima al parque natural Posets-Maladeta.
INFORMACIÓN PÚBLICA Por otro lado, el tribunal desestima la solicitud de la parte demandante en cuanto a la necesidad de un nuevo trámite de información pública, argumentando que las modificaciones introducidas durante la tramitación del plan no tenían «carácter sustancial».
Esta sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo en casación, dentro del ámbito contencioso administrativo. No sucede así, en cambio, en la vía penal, ya que la Justicia falló en su día que no existían responsabilidades en este terreno.
El plan urbanístico recalificaba más de 50 hectáreas de alto valor ecológico para hacer el mayor dominio esquiable de Europa y construir más de 3.500 viviendas de segunda residencia y una amplia zona de servicios que preveía incluso un helipuerto.
HERALDO DE ARAGON
Una sentencia del TSJA compromete el proyecto de ampliación de la estación de Cerler
Anula el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, ligado a la construcción del mayor dominio esquiable de España.
Imagen de la estación de Cerler.. .AramónImagen de la estación de Cerler.. .Aramón
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, un plan ligado a la ampliación de la estación de esquí de Cerler. La decisión judicial, que estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la asociación Naturaleza Rural (formada por vecinos del valle), deja en el aire el proyecto para construir el mayor dominio esquiable de España, promovido por el grupo de la nieve Aramón.
El recurso impugnó los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Teritorrio de 27 de febrero y 23 de diciembre de 2008 por los que se aprobó el PGOU.
Como parte demandada figura la Diputación General de Aragón y como codemandadas la compañía mercantil Castanesa Nieve, integrada por Aramón y el Ayuntamiento, el propio Ayuntamiento de Montanuy y 17 propietarios.
El PGOU recalificaba 52 hectáreas en el municipio de la Ribagorza, de 300 habitantes, en el marco de una operación urbanística que debía servir para reinvertir los beneficios en la financiación de las nuevas instalaciones de esquí.
La anulación de pleno derecho del PGOU se basa en la omisión de una «evaluación ambiental integrada», teniendo en cuenta los altos valores naturales del municipio y el gran impacto que tendría el plan sobre el territorio.
RADIO HUESCA
La estación de esquí de Cerler no podrá ampliarse por Castanesa
La ampliación de la estación de esquí de Cerler por el valle de Castanesa no podrá llevarse a cabo. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha anulado el PGOU del municipio de Montanuy, un plan vinculado a esta ampliación, ante la demanda interpuesta por la asociación Naturaleza Viva. Los motivos que han llevado al Tribunal a tomar esta decisión es la falta de la evaluación estratégica ambiental.
Desde la Plataforma en Defensa de las Montañas, Paco Iturbe se mostraba muy satisfecho ante el resultado de la sentencia. Manifestaba que, de esta forma, se da un portazo a las quimeras urbanísticas y que era lógico que el plan no se pudiese llevar a cabo dado que de haber contado con la evaluación estratégica ambiental nunca se hubiese realizado.
Recordar que los demandados eran Aramón-Castanesa Nieve, Ayuntamiento de Montanuy y Diputación General de Aragón.
Fuentes consultadas por esta redacción, provenientes del Gobierno de Aragón, indicaban que era una sorpresa conocer esta sentencia ya que consideraban que el plan estaba tramitado de forma correcta, además de explicar que se trata de una herencia recibida del anterior equipo de gobierno. Añadían que se está estudiando si los servicios jurídicos recurrirán o no la sentencia, siendo el objetivo final defender el interés de todos los aragoneses.
Desde Aramon se informaba de que se valorará la incidencia que la sentencia puede tener en el desarrollo de la ampliación de la estación de Aramón Cerler, así como de que los servicios jurídicos de la Compañía analizarán y valorarán, la posible presentación de un recurso de casación.
Para el alcalde de Montanuy, José María Agullana, recibir la noticia era toda una decepción. Explicaba a esta redacción que la redacción del PGOU comenzó entre el 2004 y 2005 y que cumplía con todas las normativas marcadas por la Administración y que no entienden como después de llevar aprobado 5 años por la Comisión Provincial ha podido salir esta sentencia.
Pero por lo que más decepcionado se mostraba era porque sin proyectos como el de la ampliación los pequeños municipios seguirán “agonizando”.
LA VANGUARDIA
Justicia cierra el camino a la ampliación de la estación de esquí de Cerler
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha cerrado el paso a una operación urbanística combinada que preveía la ampliación de la estación invernal de Cerler (Huesca) hacia el valle vecino de Castanesa para conseguir el mayor dominio esquiable del país.
La sentencia del TSJA estima el recurso interpuesto por un grupo de vecinos de la zona aglutinados en torno a la asociación Naturaleza Rural y anula el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy, municipio al que pertenecen las 52 hectáreas de monte que se proyectaban recalificar en la zona.
El tribunal invalida el referido documento urbanístico tras valorar que se evitó realizar la obligatoria Evaluación Ambiental Estratégica a pesar de que el terreno afectado es una zona de alta montaña susceptible de verse afectada de forma negativa por las obras proyectadas.
La decisión del TSJA, que desestima el proyecto promovido por el anterior Gobierno aragonés y la sociedad Castanesa Nieve, de la que forman parte el Ayuntamiento de Montanuy y diecisiete vecinos, supone la invalidación de los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de 2008 que supieron las aprobaciones inicial y definitiva del referido Plan General.
Los magistrados entienden que a pesar de que el Ayuntamiento de Montanuy decidió encargar la redacción del Plan en 2004 y la ley que exige la evaluación ambiental es de 2006, la aprobación definitiva del documento en pleno se produjo con posterioridad a esta fecha por lo que debía haberse cumplimentado el requisito exigido.
Señalan que este trámite debía de realizarse dada la gran superficie de terreno afectada por el proyecto y el gran impacto sobre el territorio que supondría su ejecución.
A tenor del informe encargado a un biólogo, destacan que el modelo urbanístico propuesto en el documento carece de criterios «ambientales, sociales y económicos».
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón insiste, además, en que el proceso de evaluación exigido «no ha de ser una mera justificación de los planes sino un instrumento de integración del medio ambiente en las políticas sectoriales para garantizar un desarrollo sostenible más duradero».
La operación urbanística, que el actual Gobierno aragonés ya descartó desde su posición en el consejo de administración de Aramón, preveía la recalificación de 52 hectáreas en el valle de Castanesa y el desarrollo de una operación urbanística que debía reinvertir los recursos obtenidos en las obras de ampliación de la estación de Cerler.
Contra el proyecto se opusieron desde un primer momento un grupo de residentes de la zona aglutinados en torno a la asociación Naturaleza Rural.