La dpt pide al inaga que resuelva el expediente del acceso sur a javalambre

 
En declaraciones a Efe, el vicepresidente de la Diputación Provincial de Teruel, Francisco Abril, ha pedido al organismo que «lo que se tenga que decidir que se decida aquí, y que no se laven las manos».
Por ello, ha solicitado una reunión con la directora del Inaga para trasladarle esta petición, que también pretenden mostrar a través de mociones y propuestas en la comarca y la diputación, según explica el diputado del PAR.
El Inaga ha comunicado a la Diputación Provincial, promotora del proyecto de la carretera que uniría de manera directa a localidades de la sierra de Javalambre con la estación de esquí, que deben completar información, un proceso que Abril estima en alrededor de cinco meses.
Comunican además, tal y como explica el diputado provincial, que remitirán el expediente a la Unión Europea para que decida sobre su impacto.
Abril ha criticado que el proyecto comenzó en 2005, buscando la mejor alternativa en colaboración con el Inaga y los alcaldes de los municipios, después de que las anteriores propuestas para llevar adelante este acceso no tuvieran el visto bueno ambiental, y que ahora «se rompe esa línea de colaboración».
El vicepresidente de la institución se reunió el pasado lunes con los alcaldes de los municipios que se verían beneficiados por esta infraestructura para comunicarles la decisión del Inaga.
«El primer proyecto comenzó en 1997 y hoy todavía estamos en el mismo punto», se ha quejado Abril, que frente a las críticas sobre las afecciones ambientales que tendría el proyecto ha afirmado que «con voluntad todo se puede hacer».
Así, ha destacado las medidas correctoras que incluye el proyecto para pasos de fauna y la preservación de los valores LIC y los endemismos de la zona.
Ha añadido además que la carretera tendría 5 metros de ancho, muchos menos de los 100 que tiene una de las pistas de esquí de la estación construidas en la última ampliación.
«Estamos abiertos a poner en marcha el plan de ordenación de los recursos forestales que plantearon en sus alegaciones los ecologistas, así como todas las medidas correctoras necesarias para proteger la fauna y la flora», ha asegurado Abril, pero ha insistido en que las administraciones «también tienen que proteger a las personas que viven en estos municipios y su futuro».

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