Hacienda prohibirá a la dga y a zaragoza endeudarse más para pagar sus políticas

Van a poder cambiar las políticas de sus administraciones, pero deberá ser renunciando a actuaciones que ya estén en marcha en vez de captando más deuda. El Ministerio de Hacienda no va a permitir ni al próximo gobierno aragonés ni al siguiente equipo de gobierno en Zaragoza que intenten captar deuda en los mercados. De hecho, les obligará a que sigan reduciendo el gasto o a que decidan aumentar sus ingresos a través de impuestos. El ‘no’ de Hacienda a la petición que les hagan DGA y Ayuntamiento estará además fácilmente justificado: las dos instituciones están sometidos a planes de ajuste y el Gobierno central no va a hacer ninguna excepción con los nuevos equipos.

El Ejecutivo aragonés debe rendir cuentas ante Hacienda por haber incumplido el déficit de forma casi ininterrumpida desde 2009. En el caso del Ayuntamiento zaragozano, es por haberse saltado ampliamente el límite de endeudamiento en los últimos ejercicios.

El resultado es que, si alguno de ellos intenta de alguna manera endeudarse más allá del límite establecido, Hacienda les podrá retener los ingresos del Estado. Tanto Luisa Fernanda Rudi como Juan Alberto Belloch, tras muchas negociaciones con Madrid, lograron sortear esta posibilidad.

Javier Lambán ha anunciado que, si accede a la Presidencia de Aragón, su primera decisión será aprobar una renta social básica para todos los aragoneses. Si accede al puesto, una vez que apruebe la renta básica –y previsiblemente antes de aplicarla–, deberá aprobar otra medida: un plan de ajuste de al menos 220 millones.

Aunque Lambán recibiría el mandato legal de hacer un ajuste, Hacienda le da libertad para que decida si recorta esos 220 millones rebajando el gasto, vendiendo patrimonio, subiendo los impuestos o creando nuevos tributos. El nuevo presidente tendrá derecho a hablar de «herencia recibida», pero no tendrá fácil insistir. En 2011, el anterior gobierno socialista dejó pendiente un ajuste de 1.000 millones.

En cuanto al plazo que tiene la próxima DGA para redactar su plan de ajuste, en principio debería tenerlo aprobado el 31 de julio, igual que el resto de autonomías que incumplieron el déficit en 2014. Ante la cita electoral, Hacienda está siendo flexible en las fechas y esperará a que todas las autonomías tengan gobierno (y consejero de Hacienda elegido) para debatir sobre sus planes de reequilibrio. Tal como va el calendario, es probable que incluso se solape con las elecciones generales, lo que supondría de facto dejar su aprobación para después de noviembre.

Además del plan de ajuste, e lotro condicionante que se va a encontrar Lambán es que Aragón aceptó incorporarse a un fondo de financiación estatal para poder pagar a sus proveedores en un plazo razonable. Lo hizo aprobando unas condiciones que suponen que la DGA debe dar información constante a Hacienda sobre cómo va su contabilidad. Además, ya no puede acudir a los bancos para buscar financiación propia.

Pese a este escenario, las posibilidades del próximo presidente autonómico son mayores que las que tendrá el próximo alcalde de Zaragoza. El ayuntamiento, al tener un endeudamiento que supera en más del 110% sus ingresos corrientes y haber llegado a un pacto con Hacienda para reconducirlo, está sometida a la llamada «regla del gasto». Esto supone que el Ayuntamiento de Zaragoza solo puede aumentar los gastos en la misma medida que aumenten sus ingresos.

A diferencia de la DGA, el ayuntamiento no puede crear impuestos nuevos, así que tiene que mejorar su presupuesto tiene que jugar con los que ya tiene. En el caso de ayuntamientos como el de Zaragoza, la única forma que tendrán en 2016 para aumentar su presupuesto en más de una decena de millones será subiendo el IBI, impuesto por el que va a recaudar este año 152 millones. En el caso de que el consistorio decidiese no extender las deducciones actuales, subiría en más de 40 millones de forma automática, que pagarían quienes tengan una casa en propiedad en Zaragoza. Este Consistorio (igual que la mayoría de los que hay en Aragón) tampoco tiene posibilidad de aumentar su deuda y ha llegado a firmar que en 2015 y 2016 la reducirá.

220

La DGA tiene que negociar con Hacienda cómo compensa los 220 millones que gastó de más en 2014. Pese a que el nuevo Ejecutivo rechace los ajustes, estará obligado a planificarlos y a que se los apruebe Hacienda. Si no lo hace, perderá fondos.

0%

Si la nueva DGA decide salirse de los mecanismos de ayuda estatales, perderá el derecho a refinanciar

2.9%

El PIB autonómico podría crecer un 2,9. Además, los ingresos estatales subirán otro 1,2%. Supondrá la posibilidad de un gasto extra para Aragón, aunque previsiblemente estará lejos de los 100 millones.

2ª

La DGA tendrá que decidir en su proyecto de presupuestos si baja su tramo de IRPF al nivel que el Estado ha previsto para 2016. Hasta ahora es la 2ª comunidad con menor presión fiscal.

121%

Zaragoza cerró 2014 con una deuda del 121% sobre sus ingresos. Hasta que la baje al 110%, la ciudad seguirá sometida a limitaciones de gasto y deuda. Los ingresos crecen, el margen permitido para el déficit disminuye. La DGA recibirá más dinero del Estado en 2016, pero deberá reducir su déficit en una cantidad superior.

Madrid no pondrá pegas a que la DGA cree nuevos impuestos

Los socialistas llevan en su programa la recuperación de tributos ambientales. Podemos plantea subir Sucesiones y el IRPF a partir de 50.000 euros

El próximo Gobierno autonómico no tendrá problemas legales para subir algunos de los impuestos que ya pagan los aragoneses o crear nuevos tributos, tal y como contemplan los programas electorales de PSOE y Podemos. Eso sí, el Gobierno central vigilará que Aragón no se salte las competencias autonómicas. De esta manera, la próxima DGA no podrá poner un impuesto a los depósitos bancarios, pero sí subir el IRPF en el tramo autonómico, derogar las bonificaciones que hay en el impuesto de Sucesiones y crear nuevos tributos ambientales.

De todas las medidas que han incluido PSOE o Podemos en sus programas electorales, la que más rápidamente puede cuadrar las cuentas de la DGA es la revisión del tramo autonómico del IRPF. La ahora presidenta en funciones, Luisa Fernanda Rudi, anunció que la DGA iría bajando su tramo de IRPF a la vez que lo haga el Gobierno central. El Estado ya ha anunciado que lo reducirá en 2016, así que el sucesor de Rudi deberá decidir si asume ese compromiso o si se desmarca de la bajada estatal. Su programa habla de «no elevar» los tipos, pero no se compromete a bajarlos en el caso de que también lo haga el Estado.

Los programas de PSOE y Podemos coinciden además en abordar el impuesto de Sucesiones, aunque lo hacen desde planteamientos que no son similares. El PSOE plantea una «armonización» con el resto de autonomías, que podría suponer una reducción de alguna bonificación. Sin embargo, Lambán podría no hacerlo, entre otros motivos porque apenas tendría efectos reales en los ingresos autonómicos.