Govern y nozar negocian tras vencer el plazo para pagar el alquiler de boí taüll

Fuentes próximas a las negociaciones apuntaron que Promocions Turístiques de la Vall habría pedido más tiempo para abonar el arrendamiento y que habría planteado incluso la posibilidad de solicitar un nuevo préstamo a la empresa pública Avançsa para obtener liquidez, si bien no hay constancia de una petición formal por parte de la filial de Nozar. Al impago del arrendamiento de la estación se ha sumado este mes el retraso en la liquidación de las nóminas de junio a la plantilla, con una decena de trabajadores de pistas dedicados a preparar la temporada de invierno y aproximadamente una veintena en los establecimientos hoteleros.

Esta situación es motivo de inquietud entre los trabajadores de la estación y entre el sector turístico de la Alta Ribagorça, sensibilizados tras los sucesivos problemas que ha atravesado Boí Taüll en los últimos años y por la difícil situación que atraviesa el grupo Nozar (ver desglose). La adquisición de las pistas por parte de la Generalitat fue aplaudida en su día por el territorio, al considerarla una garantía de que la estación, el principal motor económico de la comarca, funcionaría sin nuevas incidencias. Sin embargo, una situación de impago podría abrir las puertas a la rescisión del contrato de arrendamiento del dominio esquiable a Promocions Turístiques de laVall. De hecho, el conseller de Empresa, Felip Puig, advirtió en marzo que el Govern lo haría “automáticamente” si la arrendataria no pudiera afrontar sus obligaciones y buscaría “una alternativa para seguir gestionando” BoíTaüll.

Esta advertencia se dirigía únicamente al dominio esquiable, puesto que Promocions Turístiques de laVall tiene arrendados los hoteles a las entidades bancarias propietarias de los inmuebles. El resort acoge esta semana a varios grupos de turistas que suman unas 400 personas y la empresa prevé inaugurar esta semana la temporada de verano con la apertura de reservas individuales. El pasado invierno, culminó su mejor temporada de esquí en cuatro años.

El grupo inmobiliario entró en concurso de acreedores en septiembre de 2009, un proceso judicial que todavía no ha concluido aunque parece encarar su recta final, después de que el juzgado de lo mercantil rechazase meses atrás la última propuesta de convenio de la empresa con sus acreedores. Actualmente está a la espera de resolución judicial.

Con la empresa matriz sumida en su propio concurso de acreedores, la filial responsable de Boí Taüll, Promocions Turístiques de la Vall, buscó durante los años siguientes asegurar su propia rentabilidad sin contar con aportaciones del grupo inmobiliario. A las dificultades de Nozar se sumó una mala temporada de invierno, lo que llevó a la filial a hacer un expediente de regulación de empleo (ERE) y declararse en concurso de acreedores en 2012. El resort quedó cerrado ese verano.

Promocions Turístiques de la Vall superó la situación concursal en diciembre de 2012, a través de un convenio con sus acreedores que implicó la dación en pago de los establecimientos hoteleros hasta entonces de su propiedad en el Pla de l’Ermita. La empresa siguió explotándolos como arrendataria de sus nuevos propietarios, entidades bancarias.

Pese a superar la situación concursal y esquivar el riesgo de liquidación, la estación de la Alta Ribagorça afrontó en los años siguientes problemas de tesorería que llegaron a poner en riesgo la apertura del complejo tanto en la temporada de verano como en la de invierno. Entre 2013 y 2014, la Generalitat concedió a la empresa tres préstamos a través de Avançsa. El primero, de 400.000 euros, le fue devuelto; los otros dos en 2014 sumaron 1.350.000 euros que no se liquidaron.

En invierno de 2014, los trabajadores de la estación amenazaron con una huelga indefinida tras varios impagos de nóminas. Uno de los préstamos de la Generalitat para aportar liquidez a la empresa, de 600.000 euros, permitió desconvocar el paro al inicio de la temporada de esquí.

La Generalitat aceptó el dominio esquiable de Boí Taüll como dación en pago de deudas de la empresa con la Generalitat que, a finales de 2014, ascendían a 7,29 millones de euros. De este modo, pretendía asegurar la continuidad de la estación de la Alta Ribagorça.

Promocions Turístiques de la Vall pasó en diciembre de 2014 a ser la arrendataria de la estación, actualmente propiedad de la Generalitat. El acuerdo prevé el pago anual de un alquiler de 75.000 euros y el plazo expiró el pasado martes.