Formigal declara que los tres fallecidos en el alud esquiaban en una pista cerrada

El director de la estación de Formigal, Antonio Gericó, y el director de montaña, Pascual Pérez, declararon por primera vez ayer en el Juzgado nº 1 de Jaca como imputados por un presunto delito de imprudencia en la muerte de tres esquiadores sepultados por un alud el 4 de enero de 2008 en el centro invernal. Los dos responsables aseguraron que la pista donde se produjo la avalancha estaba “cerrada” y que los carteles de “abierto” en la zona habían sido colocados la tarde anterior por uno de los fallecidos que trabajaba en el área de márquetin sin comunicarlo a sus superiores.

Por otro lado, afirmaron que desconocían cómo había llegado la cámara de fotos que llevaba el empleado sepultado hasta la oficina de director de montaña, en Sextas, ni quién las pudo borrar. La Guardia Civil encontró la cámara horas después del accidentes y recuperó siete imágenes que había sido borradas y que aportan información de los carteles informativos de la zona en la que se adentraron los esquiadores.

A este respecto, el director de la estación indicó, según su declaración, que si los usuarios hubieran cumplido las normas de señalización y balizamiento, no hubieran llegado hasta allí. Pero también, que en una pista “cerrada no tienen control y que quien se mete lo hace bajo su propia responsabilidad y que se considera a efectos de control una zona fuera de pistas”. Añadió que desconocía por qué estaba allí el trabajadores fallecido porque ningún empleado puede adentrarse en pistas cerradas.

La señalización, la desaparición de las fotografías del fallecido y las condiciones en las que se realizó el rescate o si se tardó demasiado tiempo, fueron los tres asuntos a los que se ciñeron las preguntas de los abogados de la acusación particular en representación de los tres fallecidos: el trabajador del área de márquetin, Miguel Ángel Rodríguez, de 35 años y natural de Zaragoza; Daniel Osambela Echeverría, de 36 años y natural de San Sebastián; e Íñigo Enrique Zurita, de 37 años y vecino de Vitoria. Los imputados, condición que les garantiza testificar con defensa, prestaron declaración durante más de tres horas cada uno ante la juez María Espiau. Estaba el abogado de Aramón y de su compañía aseguradora, aunque el fiscal no asistió.