El supremo confirma la anulación del pgou de montanuy y bloquea la ampliación de cerler
HERALDO DE ARAGON
El Supremo confirma la anulación del PGOU de Montanuy y bloquea la ampliación de Cerler
Tilda de «gratuita» la decisión de la DGA de obviar la evaluación ambiental pese al impacto de levantar 2.545 pisos. El desarrollo urbanístico debía costear la expansión de la estación de Cerler y la sentencia afecta a las cuentas de Aramón.
El Tribunal Supremo acaba de confirmar la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, que recogía el desarrollo y recalificación de 180 hectáreas para financiar la ampliación de la estación de Cerler por Castanesa. La sentencia, que es firme, ratifica la dictada hace dos años por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón y califica de «gratuita» la decisión del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga)de obviar la preceptiva evaluación ambiental con el argumento de que era «inviable» dado el «avanzado estado de tramitación» del PGOU en su momento. «El tribunal sentenciador se carga de razón […] para evidenciar la completa falta de justificación de esa decisión gratuita de la Administración ambiental», añade.
El fallo desestima por completos los recursos de casación del Ayuntamiento de Montanuy, Castanesa Nieve (Aramón) y el Gobierno de Aragón, lo que supone un varapalo a los planes de ampliación de la estación de Cerler. De hecho, el grupo aragonés de la nieve se gastó 20,9 millones de euros en la adquisición de los suelos necesarios para financiar la operación con las plusvalías generadas por el desarrollo urbanístico de 2.545 viviendas y de los usos hoteleros previstos. En concreto, adquirió 180,2 hectáreas en el municipio, de las cuales 44,3 era suelos recalificados.
Ahora, los suelos ya no valen lo mismo y se debería comenzar de nuevo la tramitación del Plan General de Montanuy, sometiéndolo a una evaluación ambiental que podría afectar a los términos previstos de la expansión urbanística. Además, está por ver si la corporación municipal está dispuesta a hacerlo, por lo que el futuro de la millonaria ampliación de la estación de Cerler por Castanesa queda aún más en entredicho.
Además, el Tribunal Supremo recoge uno de los fundamentos jurídicos de la sentencia del TSJA, en el que ya se señalaba la «alta calidad ambiental del municipio», la elevada superficie del mismo incluido como espacio protegido y «el gran impacto sobre el territorio en atención a las actuaciones proyectadas». Y censura que pese a las «graves afecciones», el plan no contaba «con un mínimo estudio de impacto ambiental», lo que da la razón a la asociación Naturaleza Rural-Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa que emprendió la batalla legal.
La causa «determinante» de la «nulidad radical» del Plan General de Montanuy es que el Inaga no motivó ni justificó la inviabilidad de someterlo a evaluación ambiental. Así, el Alto Tribunal redunda en lo ya sostenido por el TSJA: la aprobación definitiva se efectuó con posterioridad al 21 de julio de 2006, cuando ya estaba en vigor la transposición de la directiva europea que obliga a una evaluación ambiental estratégica de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La tesis sostenida en su día por el Inaga y por los recursos ahora rechazados es que el documento se encargó con antelación a esta normativa, pero la sentencia sostiene de nuevo que ni tan siquiera se había procedido a la aprobación provisional del PGOU cuando se descartó someterlo a evaluación ambiental. En este punto, la sala de lo contencioso-administrativo del Supremo es tajante: «El retraso que la evaluación ambiental pueda conllevar ni los intereses públicos vinculados a la aprobación de cualquier plan son justificación para eludir el trámite de evaluación ambiental impuesto en la ley».
Por si fuera poco, argumenta la numerosa jurisprudencia al respecto y enumera seis sentencias dictadas con idénticos argumentos por la misma sala y sección del Alto Tribunal en los dos últimos años.
Desde el Gobierno de Aragón no se quiso entrar a valorar la sentencia a la espera de analizarla en profundidad, ya que se notificó ayer a las partes. Tampoco se pudo contactar con la alcaldesa de Montanuy, la socialista Ester Cereza, pese a los reiterados intentos de este diario.
Fuentes cercanas a Aramón evidenciaron el impacto económico millonario que tiene la sentencia sobre las cuentas del grupo, participado a partes iguales por la DGA e Ibercaja. El holding de la nieve contaba con las plusvalías para ajustar su cuenta de resultados, por lo que ahora tendrá que provisionar el dinero ante la caída de valoración del suelo.
EL PERIODICO DE ARAGON
El Supremo avala la anulación del plan para ampliar Cerler
Confirma la sentencia que tumbó el proyecto de Castanesa en el 2014
El Tribunal Supremo ha hundido casi definitivamente –aún es posible recurrir al Constitucional– el viejo sueño del Gobierno aragonés PSOE-PAR (mantenido por el PP-PAR) de ampliar la estación de esquí de Cerler por Castanesa. Un proyecto que, en su concepción original (de hace una década), iba a convertir la zona en el dominio esquiable más grande de Europa, con 3.500 viviendas de segunda residencia y una amplia zona de servicios. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) anuló el plan en el 2014 y el Supremo ha respaldado ahora la decisión.
El conflicto se gestó en el 2004, cuando comenzó a prepararse la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, que afectaba a 17 pequeños municipios de la Ribagorza. Pero no fue hasta el 2006 cuando se aprobó. Y en su tramitación, el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) no realizó la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) que requería la legislación.
Lo hizo, como ya determinó el TSJA, alegando que «era inviable», dado lo avanzado de la tramitación. Pero para el Supremo, como antes para el tribunal aragonés, esta decisión fue «arbitraria y carente de motivación», porque el cambio del PGOU no estaba ni aprobado inicialmente. Y se acordó definitivamente dos años después, en el 2008, por parte de la Comisión de Ordenación del Territorio de Huesca.
El TSJA «se cargó de razón» al anular el plan urbanístico de raíz por esta falta de trámites, asegura la Sección Tercera del Supremo. Y tuvo en cuenta además que la zona a la que iba a afectar este macrocomplejo de esquí es de alta calidad ambiental, perteneciente a la Red Natura 2000. Y que la infraestructura planeada –incluso con un helipuerto– iba a causar un «gran impacto» en la zona.
Así pues el Tribunal Supremo, resumiendo, da la razón por completo al TSJA. Y con él a la asociación Naturaleza Rural, que sostuvo este proceso judicial desde el principio con su recurso ante la aprobación del PGOU de Montanuy.
La decisión del tribunal aragonés fue recurrida por las tres entidades que se consideran perjudicadas, dos administraciones –el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Montanuy– y una empresa, Castanesa Nieve SLU. Fuentes de la DGA indicaron ayer que esperarán a estudiar la sentencia antes de valorarla. Y decididirán si recurren ante el Tribunal Constitucional para mantener el pleito (y el macroproyecto) vivo.
EL PERIODICO DE ARAGON
Los recurrentes deberán abonar 8.000 euros en costas
Este recurso de casación fue interpuesto por el Ayuntamiento de Montanuy, el Gobierno de Aragón y la sociedad Castanesa-Nieve SLU. El Supremo no solo no les ha dado la razón, sino que, además, han sido condenados en costas. Tendrán que abonar 8.000 euros, siendo el pago mayor el del consistorio oscense, correspondiente a 3.000 euros. Los otros dos pagarán 2.500.
RADIO HUESCA
Desestimado los recursos de casacion contra la sentencia que anulaba el PGOU de Montanuy
La sala de lo contencioso-administrativo desestimaba los recursos de casación interpuestos por el Ayuntamiento de Montanuy, la Comunidad Autónoma de Aragón y Castanesa Nieve contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón que declaró nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy.
La sentencia recurrida concluyó que la falta de evaluación ambiental estratégica de dicho Plan, al ser un trámite de carácter esencial, llevaba a su nulidad. La Sala Tercera ratifica dicha sentencia al entender que está suficientemente motivada sin incurrir en incongruencia omisiva alguna porque no se ha justificado debidamente por la administración la inviabilidad de someterlo, antes de su aprobación definitiva, a la Evaluación Ambiental Estratégica requerida por la Ley 9/2006.
La sentencia impone a los referidos recurrentes las costas procesales causadas hasta el límite, por los conceptos de representación y defensa de la Asociación Naturaleza Rural-Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa comparecida como recurrida, de tres mil euros a cargo del Ayuntamiento de Montanuy, dos mil quinientos euros con cargo a la entidad mercantil Castanesa Nieve S.L.U. y otros dos mil quinientos euros a cargo de la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón. Contra esta sentencia no cabe recurso ordinario alguno.
Cabe recordar que en 2009, la Asociación Naturaleza Rural-Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa, interponía un recurso contencioso-administrativo. En enero de 2014, la sección primera de la sala contencioso administrativo del TSJA declaraba nulo de pleno derecho el PGOU de Montanuy por la omisión de la «evaluación ambiental estratégica».
Una vez notificada la sentencia el Ayuntamiento de Montanuy, la entidad mercantil Castanesa Nieve S.L.U y la Administración de la Comunidad Autónoma de Aragón, presentaron recursos de casación basados en diferentes motivos. Los recursos fueron admitidos a trámite en octubre de 2014.
ARAINFO
El Tribunal Supremo ratifica la paralización de la ampliación de Cerler por Castanesa
Con esta sentencia confirma al Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que declaraba nulo el Plan General de Ordenación Urbana de Montanuy al no haber sido presentada evaluación integral estratégica
El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que declaraba nulo de pleno derecho el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Montanuy, ligado a la ampliación de la estación de esquí de Cerler en el Valle de Castanesa.
La sentencia entiende que no ha lugar a los recursos de casación interpuestos en su día e impone a los recurrentes, el Ayuntamiento de Montanuy, la Comunidad Autónoma de Aragón y Castanesa Nieve S.L.U., el pago de las costas procesales que ascienden a 8.000 euros.
La ausencia de evaluación integral estratégica del PGOU del Ayuntamiento de Montanuy fue el motivo que llevó a la nulidad del mismo por parte del TSJA. Dicho plan pretendía construir cerca de 4.000 viviendas en el valle de Castanesa y la Canal Roya, con la consiguiente afección medioambiental en una zona prácticamente virgen.
Anulado el plan urbanístico, los terrenos recalificados como urbanizables dejan de serlo. Aramón, la empresa participada por el Gobierno de Aragón e Ibercaja, que gestiona la mayoría de las estaciones de esquí en Aragón, compró 180 hectáreas, con un coste de 20,9 millones de euros, para poder pagar con las plusvalías del desarrollo urbanístico la ampliación de Cerler.
Aramón es una empresa deficitaria que ha estado al borde de la suspensión de pagos en más de una ocasión, salvándola de la misma los avales conseguidos por parte del Gobierno de Aragón. Trece años después de su nacimiento, Aramón mantiene un nivel de deuda elevado, algo más de 60 millones de euros, aunque ha superado en ocasiones los 100 millones en números rojos.
Obcecados en una apuesta desesperada
Lejos de admitir que la ampliación de la estación de Cerler por el valle de Castanesa supone una agresión medio ambiental considerable, y una actuación especulativa de primer orden, tanto Aramón como el Ayuntamiento de Montanuy continúan obcecados en dicha obra.
Ecologistas en Acción afirmó en su día que “Aramón pretende disimular su estado económico con una apuesta suicida tanto por las expectativas climáticas como por las urbanísticas y económicas, ambas imprescindibles para el desarrollo de su proyecto”.
Sin embargo, tanto Gobierno de Aragón como Aramón han anunciado su respaldo al proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler y de desarrollo urbanístico del valle de Castanesa si el Ayuntamiento de Montanuy acuerda revisar PGOU anulado por los tribunales.
Así lo ha advertido hoy a los medios de comunicación la consejera de Economía y presidenta de Aramón, Marta Gastón, que ha asegurado que el holding sigue “trabajando”, a través de la sociedad Castanesa, en el proyecto de inicial de ampliación de la estación de esquí, que, “no depende de lo que diga la sentencia”.
Por su parte, la alcaldesa de Montanuy, Esther Cereza, ha confirmado que el municipio mantiene su interés en un proyecto “en el que se ha trabajado durante 10 años y en el que queremos seguir trabajando si Aramón realmente demuestra una voluntad verdadera de invertir en la conexión de la estación”.
La edil ha mostrado la disposición de su consistorio de elaborar un nuevo plan urbanístico ya que, según ha afirmado, del proyecto depende la “salvación” de un valle con un municipio del que dependen 17 pueblos que acogen entre todos durante el invierno unos 150 habitantes, el 65 por ciento de los cuales jubilados.
CHA muestra su satisfacción por la sentencia del Supremo que paraliza el “pelotazo de Castanesa”
Ante esta noticia Chunta Aragonesista (CHA) ha querido mostrar su satisfacción por la sentencia y desea, igualmente, felicitar a quienes han planteado, desde el territorio, su apoyo a un modelo sostenible para el Pirineo aragonés, a quienes han creído que “otra cultura de la ordenación del territorio de montaña es posible”, afirma Carmen Martínez, Secretaría General de CHA.
“Ahora hay que recordar y agradecer el trabajo de quienes planteaban su rechazo a este enésimo intento de especulación en el Pirineo aragonés. Queremos que esta sentencia sirva como “punto de inflexión” para desterrar cualquier nuevo intento de agresión territorial y ambiental a nuestras montañas”, explica Carmen Martínez.
CHA se ha opuesto a este proyecto desde el comienzo y esta decisión ratifica ese planteamiento. Además, recuerdan que la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) había estimado anteriormente el Recurso interpuesto por la Asociación de Propietarios y Vecinos del Valle de Castanesa, Naturaleza Rural, contra el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio de Montanuy, dado que el fin último de ese Plan General era la ampliación de la estación de esquí de Cerler a través de Castanesa, mediante, a juicio de CHA, una serie de “recalificaciones urbanísticas a la carta, que debían servir para financiar un mastodóntico proyecto” que contemplaba la edificación de más de 2.500 viviendas y casi 3.000 plazas hoteleras y que suponía la destrucción definitiva de una de las zonas naturales mejor conservadas de Aragón.
Ya se señalaba en esa sentencia que dada “la alta calidad ambiental del municipio”, se declara la nulidad de pleno derecho del Plan General de Ordenación Urbana al no haberse realizado preceptiva la evaluación ambiental del proyecto, e indirectamente supone “la muerte del proyecto de ampliación de la estación de esquí de Cerler”, ya que carecería de cualquier remota posibilidad de financiación. De esta forma se hace “inviable económicamente lo que ya lo es medioambientalmente”, concluye la Secretaria General de CHA.