El pp pide que la fiscalía investigue el pelotazo con la finca de barbastro
El Partido Popular de Barbastro solicitó ayer la «intervención inmediata de la Fiscalía Anticorrupción» en el pelotazo urbanístico producido con la compra de unos terrenos en el polígono industrial Valle del Cinca por parte del Ayuntamiento al consejero delegado de Aramón, Javier Blecua, quien obtuvo un precio veinte veces superior al que había pagado un año antes por el mismo suelo.
Así lo manifestó ayer Ángel Solana, presidente de la agrupación local del PP en Barbastro y cabeza de lista en las próximas elecciones municipales, quien señaló directamente al alcalde y presidente de la Diputación Provincial de Huesca, el socialista Antonio Cosculluela, como responsable de propiciar «un pelotazo urbanístico con dinero de los vecinos y, por supuesto, a sus espaldas». Solana acusó a Cosculluela de situar a la ciudad del Vero «en el mapa de la corrupción urbanística en España».
Solana, que ofreció una rueda de prensa en la capital oscense acompañado por el vicepresidente provincial del partido, Joaquín Paricio, comentó que «pueden diferir las cantidades» respecto a otros casos de pelotazos urbanísticos, «pero cualitativamente tiene el mismo alcance». «Se trata de un caso que contiene el mismo fraude a la confianza de los contribuyentes y que merece, por lo tanto, la misma atención de la Justicia», añadió.
Ángel Solana, que calificó estos días como «tristes para Barbastro» por ser protagonista de esta noticia, destacó que los documentos aportados por HERALDO sobre el caso «han demostrado que Cosculluela fue conocedor en todo momento del alcance y los propósitos de la operación».
El candidato popular insistió en que son «hechos objetivos» que Cosculluela conoció en 2004 que Blecua estaba interesado en la parcela, parte de la cual vendió al Ayuntamiento de Barbastro recibiendo por ello una plusvalía del 1.900 por cien. Señaló también que el alcalde «financió esta operación con el dinero de los vecinos de Barbastro y fraccionó el pago evitando que el pleno conociera toda la información disponible».
«Por acción u omisión»
Para Solana, Antonio Cosculluela es «corresponsable, por acción u omisión, en la medida que deberán delimitar los votantes y la Justicia, de un caso flagrante de especulación urbanística con dinero público». Asimismo, manifestó que su partido no descarta adoptar algún tipo de «iniciativa» en relación con los hechos.
Desde el punto de vista político, el alcaldable del PP exigió a Cosculluela que reflexione sobre el alcance de su responsabilidad política en los hechos, y que «acto seguido tome las medidas más oportunas sobre su futuro político».
Recordó que el edil lleva treinta años en política y de ellos ocho como alcalde de Barbastro y los mismos como presidente de la Diputación Provincial de Huesca, lo que consideró «suficiente experiencia política como para que tome decisiones oportunas para su carrera».
Apoyos y críticas
El presidente de la Comunidad, Marcelino Iglesias, hizo ayer por primera vez declaraciones sobre el tema durante una inauguración en Zuera. Iglesias apuntó que no conoce «en profundidad el dosier, por lo que es un tema del que no puedo opinar». Sin embargo, sí que dijo estar convencido de que «el Ayuntamiento de Barbastro ha hecho las cosas bien».
Por su parte, Arturo Aliaga, consejero de Industria y vicepresidente de Aramón, destacó en su visita a la feria FITUR, en Madrid, que «es importante» que esta entidad (que agrupa a las estaciones de Formigal, Cerler, Panticosa, Valdelinares y Javalambre) «no sufra repercusiones» por este asunto. «La imagen de la nieve en Aragón no tiene que resultar dañada», reiteró.
En coincidencia con esas palabras, pero con un sentido diametralmente opuesto, la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón señaló en un comunicado que «la noticia del pelotazo urbanístico de Javier Blecua era la prueba física y fehaciente que hacía falta para desenmascarar definitivamente al modelo Aramón».
Para la Plataforma «este pelotazo del señor Blecua se ajusta perfectamente al modelo que sigue Aramón: acuerdo con el Ayuntamiento en la frontera de la legalidad, revalorización salvaje de unos terrenos para beneficio propio y operación sufragada utilizando dinero público». Por ese motivo, reclama «la depuración de responsabilidades y la revisión de esos convenios».