Críticas a la especulación urbanística que vive el pirineo
«Es lamentable que sea el propio Gobierno de Aragón el que esté actuando y destrozando los paisajes de montaña, cual promotor inmobiliario, en lugar de ser el regulador de los impactos», explicó Paco Iturbe, miembro de dicha plataforma.
El documento, que en septiembre se enviará al Gobierno central y la UE, se detallan los proyectos previstos por la empresa Montañas de Aragón (Aramón) –participada al 50% por Ibercaja y la DGA–, y se pone en duda los objetivos reales de la entidad ligados a la promoción de las estaciones de esquí. «El Gobierno de Aragón se ha sometido a estrategias especulativas, canalizando grandes inversiones públicas que benefician a los poderosos grupos inmobiliarios y en menor medida a los pequeños propietarios locales del suelo», se lee en el texto.
Una afirmación basada en los «dudosos» convenios urbanísticos y de explotación de suelo firmados entre Aramón y varios ayuntamientos, así como en los proyectos urbanísticos diseñados. «Es la propia Aramón la que está desarrollando los Planes Generales de Ordenación Urbana de las localidades con la complicidad de los consistorios. Por ejemplo, en Montanuy decide qué fincas son las urbanizables, cuándo lo van a ser y qué precios han de tener los suelos antes y después del proceso», señala.
«Aramón compra fincas rústicas a muy bajo precio que luego se recalificarán. También vende terrenos ya recalificados a precios astronómicos a constructoras privadas. De esta forma, son los antiguos propietarios montañeses los que pagan las estaciones de esquí a costa de la venta casi forzada de sus fincas a precios que luego se multiplican por 30», continúa el informe.
El dosier, de un centenar de páginas con fotografías y diversa documentación incluida, se pregunta cuáles son los presupuestos de Aramón, «que gasta más de 50 millones de euros anuales», y critica la «apuesta ciega» del Ejecutivo aragonés por este proyecto, al que suministra «desmesuradas subvenciones de dinero público a fondo perdido».
En el capítulo dedicado a la especulación, la plataforma destaca los convenios firmados con Sallent de Gállego, Montanuy y Benasque. Explican que este último acuerdo supone la venta de 18,3 hectáreas de terreno urbanizable por 120 millones de euros, diez veces el valor que tenía en el 2004, antes de aprobarse el plan parcial de Cerler.