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Montanuy celebra Pleno Extraordinario en el que analizará la sentencia del TSJ sobre su Plan de Ordenación Urbana

El Ayuntamiento de Montanuy acoge, este martes, Pleno Extraordinario en el que como único punto del día se encuentra el estudio y la valoración de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón por la que se anula el Plan General de Ordenación Urbana. El objetivo es aprobar, si procede, la presentación por parte del Ayuntamiento de un recurso de casación a dicha sentencia.

Además, el alcalde del municipio, José María Agullana, ha invitado a todos los vecinos a que acudan a este pleno a través de una carta en la que reconoce que el equipo de gobierno se siente “decepcionado y ajeno a una controversia jurídica entre las normas urbanísticas y medioambientales. Añade además que “un tropiezo no debe suponer el final de un proyecto vital para la zona”.

En la carta da a conocer el camino que ha seguido este PGOU que se creó en 2005 – 2006 con el objetivo de seguir manteniendo la vida en la zona y que, en todo momento, se cumplió con la normativa. Se aclara que si no se llevó a cabo la Evaluación Ambiental Estratégica que reclamaba el TSJ fue porque desde el INAGA (Instituto Aragonés de Gestión Forestal) no se consideró necesario.

El pleno tendrá lugar a las 14.00.

HERALDO DE ARAGON

El pleno de Montanuy aprobará hoy recurrir ante el Supremo para salvar su plan urbanístico

El Gobierno de Aragón también formalizará, el próximo jueves, la acción judicial contra el fallo del TSJA

El PSOE hará valer su mayoría en el Ayuntamiento de Montanuy (4 ediles socialistas, 2 del PAR y uno de CHA) para aprobar hoy la presentación de un recurso de casación ante el Supremo, contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anuló el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), vinculado a la ampliación de la estación de esquí de Cerler. El alcalde, José María Agullana, ha convocado un pleno a las dos de la tarde que dará cuenta del fallo y planteará el recurso.

JAVIER BLASCO

Agullana, que estos días ha recibido la solidaridad de otros alcaldes de la comarca y tiene previsto reunirse esta semana con el consejero de Presidencia y presidente de Aramón, Roberto Bermúdez de Castro, reiteró las esperanzas puestas por el municipio en el sector de la nieve, a través del plan urbanístico. «Los vecinos piensan que nos están dejando morir, sienten que ya teníamos la puerta medio cerrada y ahora nos la cierran del todo», declaró el alcalde de este ayuntamiento de 250 vecinos y 17 pueblos que contempla con envidia el desarrollo de los valles vecinos (Benasque, Boí Tahüll y Baqueira).

Respecto a los impulsores del proceso judicial, la asociación Naturaleza Rural, dijo que la gran mayoría «viven en el municipio, pero no viven del municipio» y que «siempre hacen más ruido los que están en contra que los que están a favor». «La gente debe en-

La concejal Laura Vigo con los planos del PGOU anulado por el Tribunal Superior de Justicia. tender que allí donde se iba antes con un burro ahora hay que llegar en tractor. Si la finca no se puede limpiar, se llenará de vegetación y al final se quemará como nos ocurrió hace dos años», añadió.

No obstante, es consciente de que «el plan estaba pensado para la ampliación de Cerler y hay que ver qué camino va a tomar ahora», en alusión al parón del proyecto por la crisis. El PGOU recalificó 50,9 hectáreas en distintos núcleos de Montanuy, con un máximo de 2.545 viviendas. Las plusvalías obtenidas con la operación (Aramón invirtió 20,9 millones de euros en la compra de los terrenos) iban a servir para extender las pistas hacia Castanesa.

La incógnita es qué harán los dos concejales del PAR. Este grupo votó en contra cuando se aprobó el PGOU en 2007. Entonces justificó que no estaba en contra de tener un plan urbanístico, ni de que Aramón ampliara el dominio esquiable de Cerler, al contrario, «podía ser un revulsivo para el municipio», pero criticó que estuviera hecho «a la medida» del ‘holding’ y echó de menos más participación ciudadana en su tramitación.

Sí es seguro el voto en contra de Chunta Aragonesista. Su concejal, Luis de la Infanta, es miembro de Naturaleza Rural, promotora del contencioso. «Estamos de acuerdo con la sentencia que anula el plan, que por otra parte ya había sido anulado por la realidad». Según sus datos, en los últimos cinco años se han construido otras tantas viviendas, compatibles con el anterior ordenamiento, las normas subsidiarias provinciales. «No había falta el plan urbanístico para nada», dijo, recordando que cuando se votó salió adelante únicamente con el voto a favor de los concejales del PSOE. El recurso de la DGA, el jueves El Gobierno de Aragón, por su parte, formalizará el jueves el anuncio del recurso en el TSJA. Fuentes del Ejecutivo indicaron que no se plantea una acción conjunta con el Ayuntamiento sino que cada institución presentará el suyo, lo mismo que Aramón. La DGA es el principal demandado, ya que el contencioso-administrativo se formuló contra los acuerdos de la Comisión Provincial de Ordenación del Territorio.

Por otra parte, la Plataforma en Defensa de las Montañas, a la que pertenece Naturaleza Rural, cree que, aunque la sentencia sea recurrida, el plan ya está muerto, «es «un zombi jurídico», pues cualquier actuación iniciada a su amparo «podría dar lugar a graves responsabilidades patrimoniales para el Ayuntamiento».

Según la Plataforma, el PGOU está condenado y por varias razones. La primera, porque el recurso no tiene visos de prosperar. «Hasta los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón desaconsejaron recurrir», pero «fueron forzados políticamente». Aún así, añadió, «han manifestado la dificultad de que prospere en el Supremo». Y desmienten que la anulación tuviera que ver con un defecto de forma sino por ignorar «el alto valor ecológico de la zona», ya que no incluyó la evaluación ambiental estratégica.

En segundo lugar, plantear la redacción de un nuevo plan, con las mismas superficies recalificadas, es, a juicio de la organización ecologista, «un verdadero disparate». Cita el caso de la sociedad urbanística Articalengua-Las Bozosas, que iba a proporcionar fondos para sufragar la ampliación de la estación de Formigal y «está en situación de quiebra». Por último recuerda la amenaza de la caducidad de las autorizaciones. Según la Plataforma, el Plan de Interés General (PIGA) caduca en septiembre y la declaración de impacto ambiental, en diciembre. Posible denuncia ante la UE La Plataforma quiere ir más allá y está estudiando presentar una denuncia ante la Comisión Europea «por el continuo aporte de fondos que el Gobierno de Aragón realiza en Aramón, incurriendo en la figura de Ayudas de Estado, práctica prohibida por la normativa comunitaria y perseguida por la Unión Europea». Menciona el antecedente de la Ciudad de la Luz en la Comunidad Valenciana, obligada a devolver fondos aportados por el Gobierno valenciano.