Los ayuntamientos, obligados a dar de baja en el censo a los empadronados no residentes

-El Gobierno aplica nuevas medidas contra el fraude electoral en pequeños municipios

FERNANDO LORENTE. Zaragoza | Las oficinas del censo electoral (OCE) de las tres provincias aragonesas aún no han recibido ninguna reclamación sobre el padrón de los ayuntamientos, aunque los vecinos que en los últimos años han denunciado irregularidades en los padrones de sus respectivos pueblos esperan a la publicación de los datos para iniciar los procedimientos.

«Es una segunda transición, ahora los ayuntamientos representarán la realidad diaria de los pueblos ya que se deberá cumplir con la ley y dar de baja de oficio a quienes no vivan en ellos», manifestó Santiago Ripoll, que en 2002 inició un proceso contencioso administrativo contra el ayuntamiento de Yésero (Huesca) por el «empadronamiento irregular de varios vecinos».

En los próximos días, los municipios de menos de 2.000 electores (686 de los 731 de Aragón) comenzarán a recibir las cifras oficiales de electores que deberán publicar en los tablones de anuncios de los ayuntamientos, y que ya están disponibles en la página www.ine.es. Ante estos datos, los ciudadanos pueden presentar una reclamación en las delegaciones provinciales de la OCE, ya que este organismo sólo actuaría de oficio, instando al ayuntamiento a corregir los errores de padrón, si se produce una variación significativa de un mes a otro.

Esta nueva normativa, que se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 8 de marzo, intenta evitar las situaciones registradas en anteriores citas electorales en las que el empadronamiento masivo o irregular condicionó los resultados electorales de varios municipios españoles, entre ellos algunos aragoneses.

Según fuentes del Instituto Nacional de Estadística, los vecinos que consideren que la cifra del censo electoral (habitantes empadronados con derecho a voto) no corresponde con la realidad del municipio podrán notificarlo en las oficinas provinciales. Tras la reclamación, la OCE pedirá explicaciones al Consistorio, que deberá demostrar que los vecinos empadronados viven en la localidad, «sin que sea suficiente con la mera aportación de las hojas de empadronamiento». Si el Ayuntamiento comprueba que algunas personas no residen en la localidad deberán iniciar «un expediente de baja de oficio por inclusión indebida». De no hacerlo, la OCE comunicará la irregularidad a la Junta Electoral Central, que decidirá la forma de actuar a partir de ese momento.

Varios vecinos de diferentes pueblos del Pirineo oscense como Yésero, Aragüés del Puerto o Fago llevan mucho tiempo denunciando posibles irregularidades en sus municipios. Sin embargo, este problema afecta a muchas más localidades de varias provincias españolas con alcaldes de diferentes signos políticos y por motivos muy variados que van desde los supuestos intereses urbanísticos hasta rencillas personales con los vecinos. «Hay personas que no denuncian por miedo a enfrentarse a sus vecinos, pero ahora con la ley en la mano tienen derecho a quejarse y que se subsanen los errores», dijo Cristina Carayo, concejal del PAR en el ayuntamiento de Aragüés del Puerto (Huesca).

El Real Decreto 2612/1996 de 20 de diciembre establece que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse únicamente en el que habite durante más tiempo».

Las «trampas» a esta ley se producen por varias causas. «Muchos empadronados lo hacen por temas como los cotos de caza, que sólo pueden utilizar si son vecinos del pueblo, o por pagar menos impuestos», comentó Ripoll, «sin embargo, aquí hay un problema de fondo que es el tema urbanístico. El ayuntamiento propuso un Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para construir más de 500 casas plurifamiliares en un pueblo en el que habitualmente viven entre 14 y 20 vecinos», añadió.

La Comisión Provincial de Ordenación del Territorio de Huesca paralizó recientemente la aprobación del PGOU de Yésero por su impacto negativo. El alcalde de la localidad, Mariano Fanlo, reconoció que tiene «pequeños errores» y que es «muy difícil que un PGOU de un municipio se apruebe a la primera», además asegura que «se corregirán los errores y lo volveremos a prensentar».

El problema del urbanismo ha saltado como telón de fondo de las posibles irregularidades en los padrones de varios pueblos del Pirineo. La edificación de segundas residencias en localidades cercanas a las estaciones de esquí ha aumentado mucho en los últimos años, pero perjudica a los vecinos que residen en el pueblo durante todo el año. «Yo no quiero un pueblo con muchas casas vacías. Si quieren edificar que haga un hotel o albergues. Queremos turismo y que el pueblo se desarrolle, pero no con casas sin gente la mayor parte del año. Además, luego vendrían los problemas de agua, recogida de residuos y otros servicios», explicó un vecino de Yésero, que no tiene «nada que ver» con los vecinos que denunciaron el caso del padrón, «salvo que somos vecinos», añadió.

Otro caso singular que también ha sido polémico es el de Fago, ubicado también en el Pirineo oscense. En este caso, el alcalde de la localidad, Miguel Grima, se ha negado a empadronar a varios vecinos porque «si me guío por lo que dice la ley no puedo darles de alta, ya que no residen en el pueblo habitualmete», argumentó el alcalde. Sin embargo, Mónica Barcos (decendiente de Fago y con su primera casa en la localidad) asegura residir habitualmente en el municipio, aunque «tengo la plaza en otra ciudad y me desplazo todos los días a trabajar». «Además, quiero el mismo trato que otros vecinos que no viven aquí», añadió.
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«Lo limpiamos en todos los pueblos o no hacemos nada»
En Yésero, las irregularidades en el padrón han llegado al Tribunal Supremo.

F. L. P. Yésero | El caso de esta localidad oscense, situada a pocos kilómetros de Biescas, es uno de los más polémicos, ya que la denuncia de los vecinos ha llegado hasta el Tribunal Supremo y puede crear un precedente.

En el año 2002, dos vecinos presentaron un contencioso administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) porque muchos de los vecinos empadronados en el municipio no residen en él. El TSJA falló que ante esta denuncia el consistorio debe incoar un expediente para cada caso, sentencia que el concejo ha recurrido ante el Supremo.

Santiago Ripoll, uno de los denunciantes, manifestó su alegría por la publicación en el BOE de la nueva normativa sobre el padrón, aunque matizó que el conocimiento que el Instituto Nacional de Estadística (INE) «tenía sobre las irregularidades y su lamento por no haber actuado de oficio no es suficiente, alguien debería pedirle responsabilidades», y añadió «que se abre un nuevo periodo en el que debemos limpiar todos los pueblos porque no es un único caso, ni un único partido. Además, hay muchas personas implicadas, no son sólo los alcaldes».

Según denunció Ripoll hace cuatro años, y en lo que se ratifica, el anterior alcalde empadronó a varias personas que «no residen en el pueblo para ganar las elecciones a las que se presentaba su sobrino».

Por su lado, el actual alcalde de Yésero, Mariano Fanlo, reconoce que en un mes se empadronaron «quince o veinte personas» pero dice que él no era el alcalde y por tanto desconoce «ese asunto».

Respecto los expedientes que se tendrían que abrir, el alcalde de Yésero considera que sería entrometerse en sus vidas personales. «Hay gente que tiene piso en la playa, o en Zaragoza, o en Huesca… Yo no puedo saber dónde viven realmente. Si me dedicase a perseguirles sería un delito contra su intimidad. Eso lo tiene que decidir el juez», explica el alcalde.

Ripoll denunció el empadronamiento «del propio alcalde», antes de las elecciones, y que «no vive en el pueblo, sino en Jaca». Fanlo justifica este hecho relacionándolo con su jubilación y la vuelta a su pueblo natal y el «tiempo que paso en Jaca es porque mi madre está enferma y aquí está mejor atendida».
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«Ahora, al alcalde lo elegirán los vecinos que viven aquí»
En Aragüés del Puerto los enfrentamientos han llegado a lo personal.

Aragüés del Puerto | La noticia del mayor control por parte del Instituto Nacional de Estadística sobre los padrones municipales ante las elecciones de 2007 ha llenado de «esperanza a muchos vecinos de la localidad», explicó Cristina Carayón, concejala del ayuntamiento de Aragüés del Puerto por el Partido Aragonés. «El problema es que aquí se hacen las cosas para la gente de fuera, no para los del pueblo. No se limpian las calles, las fiestas se piensan para los veraneantes. Muchos están empadronados en Aragüés pero no residen aquí y no conocen la realidad del municipio», comentó Cristina. .

En este caso, el ayuntamiento está gobernado por el Partido Socialista y aunque no se denuncia un empadronamiento irregular como en Yésero, si que, según la concejal, se aprovecha que muchos no hicieron el cambio para ganar las elecciones. «Yo no quiero ser alcaldesa, creo que debe ser una persona que sea del pueblo desde siempre y que el poder se reparta entre más partidos para que todas las decisiones puedan ser consensuadas», añadió Carayón.

Sin embargo, este problema de los «vecinos que no residen» afecta a más pueblos de la zona y de otras provincias españolas, pero «la gente tiene miedo a denunciar porque son vecinos y quieren evitar enfrentamientos», matizó la edil.

Los problemas en el ayuntamiento comenzaron según Cristina «cuando empece a pedir cosas que ellos no manejaban bien». De hecho, la edil solicitó la contratación de dos personas para limpiar las calles a través del Inaem y «me lo denegaron, ahora que llega la Semana Santa y vendrán los de fuera seguro que las manda limpiar».

La concejal también denuncia el «adueñamiento» de un apartamento municipal por parte de la teniente de alcalde. «Hay unos chicos jóvenes que han tenido un hijo hace poco y han solicitado alquilar un apartamento del ayuntamiento para dejar de vivir con sus padres. Se lo han denegado y en el que alquiló ella sólo tiene macetas y, además, paga 400 euros al año», se quejó Carayón.

Las disputas vecinales han llegado incluso a los tribunales, que «han condenado al alcalde a pagarme 144 euros porque en el último pleno me amenazó de muerte», relató la concejal.