La clave de la debacle

Debacle significa desastre y hecatombe, aunque también es sinónimo de la menos aparatosa palabra calamidad, entre cuyos significados se incluye el de desgracia o infortunio que alcanza a muchas personas. La frustrada operación de venta de las parcelas de La Solaneta tuvo consecuencias calamitosas para varias personas –jurídicas, más que físicas–, que vieron cómo se frustraban algunos de sus principales proyectos empresariales en el tramo final de la primera década de este siglo.

El primer damnificado fue el propio Aramón, que vió cómo un negocio con el que esperaba haber ingresado 120 millones de euros terminaba costándole casi dos al haber tenido que indemnizar al comprador, la inmobiliaria Alto Cerler XXI.

El hólding del esquí, participado al 50% por la DGA e Ibercaja, pretendía destinar el grueso de esos 120 millones a sus estaciones emblemáticas: financiar la construcción del complejo de Castanesa, al este de Cerler, y sanear Formigal, la más rentable de las marcas de Aramón.

Ambas iniciativas se vieron frustradas, aunque, tras su paso por los tribunales, la compañía semipública ha obtenido dos resultados positivos. Uno es que, aunque con la notable devaluación que ha conllevado el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, vuelve a disponer de un valioso activo que puede vender. El otro consiste en que las parcelas con cuya compra había bloqueado la venta la inmobiliaria DUAR terminó en sus manos, lo que le da libertad para cualquier operación.

Alto Cerler XXI, que proyectaba desarrollar una urbanización en el complejo invernal, estaba capitaneada por la promotora vizcaína Cosimet, que tenía como socios locales en la operación a Ordisa, a López Soriano y a las compañías de autobuses La Oscense y Ágreda.

Aviones

El fiasco de Cerler fue prácticamente simultáneo a otro de los pinchazos más sonados de los últimos años de la coalición PSOE-PAR: el adiós a la planta de valorización de aviones que López Soriano, la empresa que explota el Parque Tecnológico del reciclado, promovía en el aeródromo turolense de Caudé, uno de los proyectos estrella –si no el principal– para aquella provincia de los dos antiguos socios de gobierno.

Aparte de estos, la historia reciente del pleito por las parcelas de La Solaneta tiene entre sus personajes principales al exalcalde de Benasque por el PSOE –primero– y por el PAR –del 2003 al 2011–, José Ignacio Abadías, que en mayo del año pasado fue desalojado de la alcaldía por una coalición del PP con los socialistas pese a que había encabezó la lista más votada en las municipales en la localidad ribagorzana.

Su equipo de gobierno sacó adelante a finales de mayo del 2007, exactamente dos días antes de las elecciones de ese año, el acuerdo del que se derivó la anotación de la litigiosidad de las fincas en el Registro de la Propiedad de Boltaña. Una inscripción de ese tipo impide, mientras se encuentre vigente, que cualquier comprador pueda inscribir su adquisición.

Los aragonesistas tomaron esa decisión al entender que Aramón no había cumplido los compromisos de construcción de equipamientos municipales que había adquirido a través de una serie de convenios con el ayuntamiento. Esos acuerdos incluían, entre otras actuaciones, la construcción de un telesilla que conectara el casco urbano de Benasque con las pistas de esquí.

Coalición

Abadías había ganado en el 2003 las elecciones municipales al frente de la lista del PAR tras haberle relegado el PSOE del primer puesto en la suya –fue un fichaje-relámpago de José Ángel Biel en el tramo final de la precampaña– en una curiosa apuesta de la dirección del partido en Huesca que llevó a sus candidatos a la oposición. Volvió a hacerlo en el 2007, dos días después de que el pleno aprobara la anotación, que fue meses después anulada por el Juzgado Contencioso Administrativo de Huesca. La victoria del 2011 no le resultó suficiente para mantener la vara.