En la iniciativa parlamentaria, el PAR insta al Gobierno de Aragón a presentar un Proyecto de Ley de modificación de la Ley 10/2015 de medidas para el mantenimiento de los servicios públicos en la Comunidad Autónoma de Aragón, que “elimine en su totalidad el capítulo completo dedicado al Impuesto Medioambiental sobre las instalaciones de transporte por cable”.
Elena Allué subraya que el PAR se ha «pronunciado, pronuncia y pronunciará siempre contra este gravamen hasta que se elimine totalmente” y todo, ha dicho, en apoyo a un sector «estratégico», considerando que el impacto económico en los valles donde se sitúan las estaciones de esquí «supone aproximadamente 140 millones de euros al año».
La sesión de la Comisión de Hacienda, Presupuestos y Administración Pública comenzará en las Cortes a las 10:30 del lunes.
Como se recordará, todas las instituciones locales y provinciales altoaragonesas han adoptado resoluciones contra la aplicación de este impuesto, frente al que también se han manifestado las estaciones de esquí, asociaciones de empresarios y entidades del sector turístico y de la nieve aragonesa.
Este impuesto creado en 2006 y derogado en 2012, fue recuperado por el actual Gobierno mediante una Ley de 2015 para su entrada en vigor a 1 de enero de 2016 pero ha sido sucesivamente suspendido de manera temporal en 2016 y 2017 por nuevas disposiciones legales, aunque no ha sido derogado ni eliminado, de manera de podría ser gravado en 2018 o en adelante.