El ayuntamiento de montanuy recibe otro varapalo en un auto del tribunal superior de justicia de aragón

El citado «incidente» viene motivado por el escrito de Solicitud de Subsanación y Aclaración interpuesto por el ayuntamiento de Montanuy después de conocerse la sentencia de la citada Sala del TSJA por la que se anulaba al Plan General de Ordenación Urbana del Municipio.

En una inexplicable actuación ante los tribunales el Ayuntamiento solicitó una aclaración y la subsanación de unos «pretendidos errores» del documento de la sentencia, que han sido despachados de forma definitiva, con rotundos argumentos jurídicos. El auto además de condenar en costas al Ayuntamiento, advierte a las partes de que contra la resolución no cabe recurso alguno.

La Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón (PDMA) lamenta que los contribuyentes del municipio se tengan que hacer cargo de los gastos originados por actuaciones improcedentes ante instancias judiciales, carentes de argumentos que puedan ser considerados por los tribunales. Así mismo deploramos que se actúe de forma tan inconsistente ignorando la responsabilidad patrimonial que la corporación municipal tiene con sus vecinos, sobre los que recaerán las costas del procedimiento.

Nos vemos en la obligación de informar a todos los aragoneses que el abogado que representa y asesora en este caso al Ayuntamiento de Montanuy es el mismo que actúa como letrado del Obispado de Lérida en el litigio de reclamación de los bienes de la diócesis Barbastro-Monzón que se encuentran en el Museo de Lérida. Se trata de don Javier Gonzalo Miguelañez, el mismo que en un artículo de opinión publicado en la prensa catalana, acusaba al arzobispo de Zaragoza, Manuel Ureña, al obispo de Barbastro-Monzón, Alfonso Milián, y al propio Marcelino Iglesias de querer «acaparar bienes», de «intransigencia en el compartir» y de tener «poca conciencia moral» y «ninguna caridad con su compañero, un obispo al que le vapulean por la izquierda y por la derecha».

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