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Frente ecologista para reclamar al Estado un nuevo impuesto que “desincentive” el esquí PDF Imprimir Correo electrónico
Viernes 01 de Febrero de 2019 09:32

Las principales entidades piden también gravar la caza, la ganadería intensiva y otras actividades relevantes en Lleida || Frente a políticas que la Generalitat ha puesto en marcha para impulsarlas

Fuente: 31-01-2019, segre, eldiario, abc, lavanguardia

SEGRE

Frente ecologista para reclamar al Estado un nuevo impuesto que “desincentive” el esquí

Las principales entidades piden también gravar la caza, la ganadería intensiva y otras actividades relevantes en Lleida || Frente a políticas que la Generalitat ha puesto en marcha para impulsarlas

Un impuesto para “desincentivar” la práctica del esquí alpino con un cargo por la compra de cada forfait; otro sobre las pernoctaciones en establecimientos turísticos como el que aplica ya la Generalitat; un tercero sobre el aprovechamiento de cotos de caza y un cuarto que grave la ganadería intensiva por producir purines y liberar metano en la atmósfera. Estas son algunas de las propuestas que las principales asociaciones ecologistas de España han presentado esta semana al Gobierno socialista para exigir una “fiscalidad ambiental”. Muchas de estas propuestas afectan a actividades clave para la economía leridana. Algunas de ellas chocan frontalmente con las políticas que desarrolla la Generalitat para impulsar estos sectores, mientras que otras se superponen o duplican impuestos autonómicos y locales ya existentes.

Esquí. Las estaciones de esquí alpino son el eje de la actividad turística invernal de Aran, el Pallars Sobirà y la Alta Ribagorça. El sector considera que la escasez de jóvenes esquiadores es uno de las principales amenazas a largo plazo. El programa Esport Blanc Escolar tiene entre sus objetivos impulsar la afición por este deporte.

Pernoctaciones. Los ecologistas proponen una tasa estatal sobre las pernoctaciones en establecimientos turísticos, algo que la Generalitat ya aplica en Catalunya.

Caza. La proliferación de jabalíes y ciervos propicia que cuatro de cada diez siniestros en carreteras de Lleida sean ya por colisiones con animales, mientras que plagas de conejos dañan cultivos. Medidas como el decreto sobre la carne de caza y otras medidas pendientes de la Generalitat buscan incentivar la caza como control de especies.

Purines. Frente a la propuesta ecologista que plantea gravar la producción de purines, la política de la Generalitat es favorecer su uso como fertililizante orgánico de calidad y sustituir en la medida de lo posible los químicos

Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO Birdlife, WWF y Amigos de la Tierra son las asociaciones que suscriben este informe, titulado Propuestas de fiscalidad ambiental: avanzando hacia un mundo más justo y sostenible. En el caso del esquí, considera necesario gravar el “daño” que ocasiona esta actividad en cuanto a “consumo de agua” y “pérdida de biodiversidad”. La recaudación, alega, serviría para “compensar parte del impacto socioambiental del esquí alpino que recae sobre el resto de la sociedad en su conjunto”.

Ecologistas en Acción, SEO Birdlife, Greenpeace, WWF y Amigos de la Tierra suscriben la propuesta

En cuanto a la caza, los exologistas valoran que esta actividad genera “impactos ambientales” y “limita la posibilidad de disfrute de los espacios afectados a otros usuarios”. Afirman que los cazadores “se benefician deun medio ambiente en buen estado”, por lo que “es justo que contribuyan “a la financiación de políticas en este ámbito”.

El gravamen a la ganadería que plantean los ecologistas excluye tanto las explotaciones con certificación ecológica como a las extensivas “por los beneficios ambientales y sociales que generan en el mundo rural”. También algunas de las medidas que plantea el informe tienen incidencia sobre la agricultura. Así, propone un gravamen sobre los pesticidas cuya recaudación se destine a “medidas de compensación a los agricultores, ganaderos y productores forestales que reduzcan el uso de plaguicidas”. También plantea otro gravamen para “desincentivar” las construcciones en suelo rústico, tipología a la que pertenecen la gran mayoría de construcciones de explotaciones agrícolas.


EL DIARIO

Las organizaciones ecologistas proponen un impuesto para la caza y el esquí por su impacto ambiental

Cinco asociaciones presentan una propuesta global para actualizar la fiscalidad verde en la que España ocupa los puestos de cola en la Unión Europea
El paquete incluye 13 nuevos tipos entre los que están la actividad cinegética, las estaciones alpinas o la minería por los daños que implican al medio ambiente
"Se trata más de cambiar actitudes que de recaudar", resumen los impulsores de la reforma fiscal verde

Los grupos ecologistas han propuesto este martes  una profunda revisión de los impuestos verdes que protegen el medio ambiente –en los que España está a la cola de la Unión Europea–. Entre ellos, aparecen un impuesto a la caza y otro al esquí alpino por sus impacto a los ecosistemas de los que se benefician.

España ocupa los últimos puestos en fiscalidad ambiental: impuestos que castigan el deterioro ecológico. En 2016 se recaudaron 20.600 millones de euros por estos conceptos. Supone un 1,8% del PIB y menos del 6% de todos los ingresos fiscales del país. En ambas categorías, coloca a España por debajo de la media de la UE –2,4% y 6,3% respectivamente–.

La idea (compartida por Ecologistas en Acción, Seo-Birdlife, WWF, Amigos de la Tierra y Greenpeace) implica retocar 12 figuras "con criterios ambientales" que van desde la imposición de los hidrocarburos, de determinados medios de transporte contaminantes o la electricidad. También reformar cinco tasas de las haciendas locales: los residuos, el IBI, el impuesto de Construcciones, el de Actividades Económicas y el de circulación para que tengan perspectiva de protección ecológica.  Y crear 13 nuevos impuestos. Entre estos últimos aparecen la caza, el esquí alpino, la explotación de manantiales para el agua embotellada o las minería.

La caza "genera impactos ambientales en términos de equilibrio ecosistémico y biodiversidad y restan posibilidad de disfrute de los espacios afectados a otros usuarios. Por otro lado, este tipo de actividades se benefician de un medio ambiente con buena calidad de conservación", justifica su documento. La idea es gravar por hectárea de coto y según se gestione para caza mayor, menor, intensiva o extensiva. Los grupos han calculado, por lo bajo, que redundaría en 80 millones de euros al año.

Una filosofía parecida se aplica a las estaciones de esquí alpino por su incidencia en cuanto al consumo de agua, energía y ocupación del territorio. Proponen aplicar un 2% a los ingresos por remontes lo que les da unos 2,4 millones anales.

La misma línea preside el impuesto al uso de agua para la industria del embotellado. La extracción en manantiales y acuíferos " provoca la sobreexplotación de algunas reservas de agua subterráneas en zonas ecológicamente sensibles, como son las cabeceras de ríos", analizan. Los ecologistas cuentan que existen unas 100 empresas dedicadas a este negocio que "facturan unos 1.000 millones al año. Si el gravamen fuera de 0,01 euros por litro supondría 55 millones anuales".

Apoyo para grupos desfavorecidos

"Es imposible calcular cuánto se recaudaría con todas las propuestas", han explicado los responsables de las organizaciones, debido a que hay impuestos nuevos que no tienen un punto de referencia. Con los que sí han encontrado base para una estimación (ocho de una treintena), las cifras llegan a 1.426 millones cada año.

Destaca el impuesto sobre la gestión de residuos urbanos con 533 millones o el de la minería que aportaría 402 millones. También recuperan la idea de extender una tasa por pernoctación turística (muy matizada en función del tipo de alojamiento o su ubicación) a la que atribuye 274 millones. "El turismo disfruta de un medio ambiente en buen estado y es justo que contribuya". La ecotasa turística no es ninguna invención, ya se aplica en comunidades como Catalunya o las Islas Baleares que la implantó en 2016 y  duplicó en mayo de 2018.

"El objetivo es más cambiar actitudes dañinas que recaudar", resumen. Y luego añaden: "La reforma fiscal no puede ir aislada. Tiene que ir combinada con ortas medidas de apoyo a los grupos más desfavorecidos para obtener una auténtica transición ecológica justa".

La  Comisión Europea ha reprochado repetidamente a España que no utilizara los impuestos ambientales. Ha insistido en el margen que había para avanzar en esta materia y ha especificado que las subvenciones a los combustibles fósiles eran injustificables. Y ha añadido que los impuestos verdes son figuras que no afectan al crecimiento económico para alejar el fantasma que relaciona la fiscalidad con la huida empresarial. No ha tenido demasiado efecto ya que, de hecho, en 2016 la recaudación descendió. "Muchas actividades económicas dejan unos pasivos en el medio ambiente que luego pagamos entre todos", han resumido los ecologistas.


ABC

Los ecologistas piden crear un impuesto sobre la caza y el esquí por su «coste ambiental»

Cinco ONG conservacionistas presentan una batería propuestas para una reforma fiscal

Impuestos sobre caza, plaguicidas, vertidos e incineración de residuos, ganadería intensiva o esquí alpino son algunos de los 13 nuevos gravámenes ambientales que piden las diferentes organizaciones ecologistas al Gobierno como parte de una «profunda reforma fiscal».

Esa reforma debería integrar, a su juicio, criterios que trasladen los costes ambientales a los responsables de actividades económicas impactantes, ayuden a reducir desequilibrios sociales, bonifiquen las buenas prácticas ambientales, según los representantes de las cinco principales ONG conservacionistas: Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF.

Estas organizaciones han presentado este martes su documento que considera necesario definir tres bloques fiscales, el primero de los cuales incluye la introducción de criterios ambientales en impuestos ya existentes como el IVA, el IRPF, el Impuesto de Sociedades, los impuestos sobre hidrocarburos o el canon del agua.

Un segundo bloque propone la creación de nuevos impuestos que incluye, además de los citados, otros sobre el cambio de usos del suelo, sustancias de «elevado nivel de preocupación» como las carcinógenas o tóxicas, extracción de aguas subterráneas, envases no reutilizables, actuaciones en suelo rural, actividades extractivas mineras, el carbono o la pernoctación turística.

El último bloque de impuestos planteados en este documento afecta a la regulación sobre haciendas locales, incluyendo la tasa de residuos, el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y el de actividades económicas, entre otros.

«Estamos en un momento donde todas estas medidas son bastante oportunas», ha destacado la directora ejecutiva de SEO/BirdLife, Asunción Ruiz, ya que «se habla mucho -ha dicho- de presupuestos sociales pero, si no tienen en cuenta los riesgos ambientales del siglo XXI, no serán sociales».

Se trata de propuestas «eficaces y que cambian comportamientos, que es lo que estamos pretendiendo», ha añadido Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción, mientras que el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo, ha insistido en la necesidad de bonificar la existencia de fincas y terrenos que mantienen la biodiversidad en España.

El informe recuerda que la fiscalizad española, en términos de PIB, ocupa el puesto 25 en la clasificación de fiscalidad ambiental de los 28 miembros actuales de la Unión Europea.


LA VANGUARDIA

Ofensiva verde

Los grupos ecologistas presionan al Gobierno para gravar con impuestos la caza, el esquí y los envases de usar y tirar

La implantación de nuevos impuestos para la caza, el esquí alpino, los envases de un solo uso (no reutilizables) o los plaguicidas, entre otros sectores, forma parte de la propuesta de reforma fiscal ambiental que lanzaron ayer las grandes organizaciones conservacionistas españolas. Todas ellas se han aliado para exigir, por primera vez, a las administraciones que abordan reformas estructurales que pivoten sobre este instrumento de fiscalidad para hacer frente a los múltiples focos de deterioro ambiental relacionados con el uso de combustibles fósiles o las actividades o los hábitos dañinos para el medio ­ambiente.

Los promotores de la propuesta juzgan que los costes ecológicos deberían ser trasladados a los responsables de actividades económicas perjudiciales.

Su solución es promover el reaprovechamiento de materiales, reducir los desequilibrios sociales e incentivar las buenas prácticas ambientales, según las cinco principales oenegés.

El documento reclama la introducción de un tributo a la caza, con el fin de gravar sus aprovechamientos, adicional a los tributos que ya aplican algunas comunidades autónomas.

La propuesta coincide con las críticas a determinadas prácticas cinegéticas y la censura social al comportamiento de algunos cazadores.

Caza y esquí

El informe de las oenegés sostiene que la actividad cinegética, sobre todo la de carácter intensivo, “genera impactos ambientales”, muy visibles en los ecosistemas y la biodiversidad, y, a la vez, “limita la posibilidad de disfrute de los espacios afectados a todos los usuarios”.

“Es justo que la caza contribuya al buen estado del medio ambiente”, dice Theo Oberhuber, portavoz de Ecologistas en Acción.

Reclaman un impuesto para los envases no reutilizables

Un argumento similar es utilizado para proponer un impuesto al esquí alpino, que tiene en su ­debe el consumo de agua y de energía, la pérdida de biodiversidad y otros impactos relacionados con las pistas y las infraestructuras asociadas.

Envases de un solo uso y purines

No menos novedoso es el gravamen para los envases de un solo uso (no reutilizables), responsables en gran parte de la proliferación de desechos. “El objetivo es fomentar el uso de envases reutilizables y duraderos”, se argumenta. Cada día, en España se consumen 51 millones de envases de un solo uso. “Se trata de que los envasadores diseñen formatos reutilizables”, aducen.

La filosofía global no es tanto un incremento de los ingresos económicos por la imposición, sino lograr un nuevo reparto y la aplicación de nuevos criterios sobre actividades, usos energéticos, productos o comportamientos perjudiciales para el medio ambiente.

Se busca modificar los enfoques de sectores económicos ajenos a estas demandas.

Así, se pide un impuesto para gravar el daño causado por la ganadería intensiva y, especialmente, por la contaminación producida en la generación de purines (cuyos vertidos han hecho inservibles muchas reservas de agua del subsuelo). “De este impuesto quedarían excluidas las granjas con certificación ecológica”, se matiza.

De la misma manera, se ve necesario un gravamen para los plaguicidas y fertilizantes químicos (“para desincentivar especialmente el uso de aquellos que tienen un mayor impacto ambiental o sobre la salud”), para la extracción de aguas de acuíferos y manantiales (“con el fin de frenar la sobreexplotación de reservas”) o para las explotaciones mineras a cielo abierto.

“Soluciones eficaces”

“La introducción de estas medidas nos parece bastante oportuna. Si no se tienen en cuenta los riesgos ambientales, los presupuestos del Estado no pueden llamarse sociales”, destaca Asunción Ruiz, directora ejecutiva de SEO/BirdLife.

“Son soluciones eficaces destinadas a cambiar comportamientos, ese es nuestro objetivo”, añade Francisco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, insistió en la necesidad de incentivar las medidas de protección de las fincas y terrenos para conservar la biodiversidad.

Piden desgravaciones por la buena gestión forestal y la custodia de espacios naturales valiosos

Junto a la instauración de estos nuevo impuestos, el documento reclama la modificación de algunos ya existentes. En este sentido se propone equiparar el impuesto al diésel con el de la gasolina, puesto que, a pesar de ser un combustible mucho más contaminante, su gravamen actual es entre un 23% y un 29% inferior al de la gasolina. La recaudación extra se debería utilizar para invertir en medidas que fomenten un transporte más racional.

Proteger la naturaleza, desgravaciones

También se juzga necesario actualizar el impuesto de matriculación, de manera que sólo se permita la exención de este impuesto a los vehículos de 0 emisiones.

Otro grupo de soluciones se refiere a las reformas del IRPF. Se proponen desgravaciones para actividades como la gestión forestal perdurable, la certificación forestal y la custodia del territorio (acuerdos mediante los cuales el propietario cede su gestión a entidades sin ánimo de lucro para salvaguardar sus valores naturales).

Estos mismos incentivos deberían también ser considerados en los impuestos transmisiones patrimoniales o de sucesiones o donaciones, para aplicar exenciones a las fincas en mejor estado ecológico o reducir un 95% su base imponible, respectivamente.

Tarifa eléctrica

Igualmente, se persigue introducir criterios ambientales en la reformulación de la tarifa eléctrica para que el coste del recibo de la luz se calcule en función de la energía consumida, sin que pesen tanto los costes fijos, lo cual beneficia a los grandes consumidores pero perjudica al ciudadano corriente.

Incluso, se pone sobre la mesa la instauración de un único impuesto sobre la energía nuclear, con el argumento de que esta tecnología “implica graves consecuencias a corto y largo plazo” y debe ayudar a cubrir los costes de gestión de residuos y almacenamiento.

“La recaudación debería destinarse a paliar los posibles daños y perjuicios que producen los residuos a la población y el medio ambiente”, añade Mario Rodríguez, director de Greenpeace.

 
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