El justicia reprende a la dga por el impacto de la barrera antialudes
El Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, ha pedido al Departamento de Medio Ambiente del Gobierno de Aragón que revise la autorización concedida en su día para instalar un sistema de protección contra aludes en los montes que bordean el balneario y las urbanizaciones proyectadas en Panticosa. Se trata de una estructura de 13.500 metros lineales –que afecta a 50.900 metros cuadrados de alta montaña–, que en su día ya denunció Montañeros en Acción por carecer, entre otras medidas, de una evaluación de impacto ambiental.
En una sugerencia enviada el pasado 24 de septiembre, García Vicente solicita que se establezcan «las medidas correctoras y demás autorizaciones y permisos que procedan». Más aún cuando, según la ley de protección ambiental de Aragón, tienen la obligación de someterse a evaluación ambiental los proyectos de obras o instalaciones que tengan incidencia en zonas sensibles.
El proyecto cumple, no obstante, con los requisitos aprobados en un Plan Especial de Protección y Rehabilitación Integral para el conjunto del Balneario de Panticosa (Pepri), promovido por Aguas de Panticosa, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Panticosa. Y se autorizó después de que la empresa Nozar-Grupo Inmobiliario presentase informes técnicos que garantizasen la seguridad y el uso y disfrute de unos montes que constituyen dominio público forestal.
Las obras debían estar terminadas a finales de año, aunque la situación económica que atraviesa el grupo inmobiliario, que tenía previsto invertir unos cinco millones de euros en estos paraguas, obligó a paralizarlas. Así, en abril únicamente se habían fijado 300 unidades.
Mientras tanto, el Gobierno de Aragón ya advirtió también que intervendría «si se viera que los trabajos no se ajustan a la autorización concedida». Aunque, añadían, el proyecto había seguido todos los trámites para su aprobación.
Sin embargo, los montañeros se quejaron porque las estructuras «se ubican en espacios de alto valor ambiental y paisajístico», en los que concurren varias figuras de protección. En sus alegaciones al Justicia, los montañeros critican que una autorización semejante no haya sido tramitada por el Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), sino por Gestión Forestal.